La oposición en bloque tumba en las Cortes los decretos contra incendios y para mejorar el operativo

El recorrido de los decretos ley de medidas contra incendios de la Junta de Castilla y León llegó este miércoles a su fin. Apenas un mes después de la publicación de los textos, las Cortes de Castilla y León rechazaron con el voto unánime de la oposición su convalidación, provocando su descarrilamiento. Una oposición que se unió, una vez más, en contra de una iniciativa del PP para tumbarla en el Parlamento.

El primer decreto que se sometió a debate fue el de medidas urgentes sobre el personal del operativo contra incendios forestales, el cual solo recibió el respaldo del Grupo Popular y de los dos procuradores no adscritos, Ana Rosa Hernando y Javier Teira. De esta forma, quedó derogado a pesar de las llamadas a la “responsabilidad” de los ‘populares’ y la Junta ante la proximidad de las próximas elecciones autonómicas, previstas para marzo de 2026.

Con una protesta en los exteriores de la sede de las Cortes, convocada por los sindicatos, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, presentó a la cámara el texto que señaló supone un “paso adelante importante" para contar con un operativo “más fuerte, más profesional y más justo”, así como para mejorar las condiciones laborales del personal en un momento en el que señaló está “a la vuelta de la esquina” la próxima campaña electoral, lo que impedía tramitar una ley ordinaria, informa Ical.

En un turno a favor, el ‘popular’ Rául Hernández apeló a la “responsabilidad”, porque recordó los incendios no se apagan en verano, sino que se tienen que “prevenir” antes. Por ello, ante la convocatoria de las próximas elecciones, señaló que habrá un periodo en el que la Comunidad tendrá un “desgobierno” y no se podrá legislar, por lo que defendió la actuación de la Junta para tener un operativo “en condiciones”. “Ustedes sabrán”, dijo.

Por el contrario, el socialista Miguel Hernández Alcojor rechazó con “preocupación” y desde la “responsabilidad” el decreto-ley, ya que señaló tampoco lo apoyan los sindicatos, por lo que echó en falta una negociación y diálogo “real”. En su opinión, lo propuesto no va “más allá” de las obligaciones impuestas y señaló que no supone una transformación del operativo, puesto que las mejoras son “cosméticas”. También, criticó que no se aclare que los efectivos sean “netamente públicos” y avisó: “No se puede engañar a la ciudadanía”.

El parlamentario ‘popular’, sin embargo, recurrió al Gobierno central para recordar los decretos-ley aprobados e insistió en el que el nuevo gabinete que salga de las urnas se va a encontrar en la Junta sin una “normativa actualizada”. Sus argumentos no convencieron al procurador socialista quien reiteró que no se mejora el operativo, ni se amplía, ni se acaba con la “precariedad laboral”, por lo que mantuvo su ‘no’ en defensa de la “dignidad” de los que murieron apagando las llamas y de los actuales operarios.

Las criticas también fueron generalizadas en el resto de grupos de la oposición. Así, el procurador de Vox Ignacio Sicilia develó los intentos del PP para tratar de que apoyaran el decreto-ley, pero insistió en que se mantenían en el ‘no’ porque no hay ningún colectivo que les haya pedido que lo respalden. Además, criticó que por orden del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, toda la actividad se traslade a Tragsa, porque señaló esto generará un “encarecimiento” de contratos y el cierre de 375 empresas del sector forestal.

El portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, insistió en la “soledad” de la Junta y el PP ante el rechazo de los grupos y todos los sindicatos al decreto-ley. En su opinión, no se mejoran las condiciones de los integrantes del operativo, por lo que pidió a la Junta que retire el texto y comience a negociar otro nuevo. "El dinero destinado a prevención es inversión, el destinado a apagar incendios es simplemente gasto”, les dijo.

En nombre de Unidas Podemos, Pablo Fernández aseguró que el decreto-ley es un “parche” porque no mejora ni amplía, a su juicio, el operativo, ni las condiciones laborales de los trabajadores. En su opinión, la Junta actúa por “interés electoral” y les acusó de mentir ante la concentración que se celebraba a las puertas de las Cortes. “¿No se dan cuenta ustedes que están solos?”, dijo.

De la misma forma, el procurador Francisco Igea, exvicepresidente, comparó a González Gago con el “caballo de Espartero” y le recriminó que defendiera la urgencia del decreto-ley ante la cercanía de las elecciones. “No tienen ustedes ni vergüenza, ni respeto a los funcionarios y los trabajadores”, sentenció.

Finalmente, el procurador de Por Ávila Pedro Pascual aseguró que no es admisible aprobar una normativa “sin dialogar y escuchar” al sector y señaló que pese a que recoge una “mejora puntual”, no se garantiza un operativo “estable”, ni se soluciona ninguna de las reclamaciones históricas.

Tras la no convalidación de este decreto, misma suerte corrió el de medidas urgentes frente al riesgo de incendios forestales planteado por la Junta, ante la perspectiva compartida por PSOE, Vox, UPL-Soria Ya y Grupo Mixto de que el Gobierno autonómico pretende “trasladar la responsabilidad” a los ayuntamientos.

Además, los grupos también justificaron su voto en contra, con el que quedó derogado el decreto-ley frente al riesgo de incendios, en que todos los sectores afectados por las medidas están en contra de las mismas, mientras que la Junta, a través del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, justificó la urgencia del texto por suponer “la única oportunidad para dar más protección y seguridad a los ciudadanos ante los incendios de la próxima temporada”.

"Piensan solo en las elecciones"

Tras el pleno, Suárez-Quiñones acusó a la oposición de pensar “solo” en las próximas elecciones autonómicas tras derogar en el pleno de las Cortes el decreto-ley de medidas de seguridad y prevención de incendios forestales. Además, aseguró que la Junta buscará “otras formas” de ayudar a los ayuntamientos.

“Nosotros estamos al lado de los municipios. Ellos están pensando en las elecciones solo”, dijo Suárez-Quiñones en los pasillos de las Cortes, tras finalizar el pleno. Además, aseguró que lo sucedido, tras tumbarse los dos decretos-ley de medidas urgentes en materia de incendios, pone de manifiesto que es "mucho más fácil criticar que trabajar y comprometerse con Castilla y León".

“La Junta va a trabajar y seguir trabajando para tener más seguridad, más prevención, pero está claro que no lo podemos hacer con la colaboración de la oposición, que sólo está pensando en las elecciones de marzo de 2026”, insistió el consejero de Medio Ambiente y procurador del PP por León.

De esta forma, Suárez-Quiñones reiteró que el decreto-ley era la “última oportunidad” para aprobar las medidas propuestas esta legislatura, ya que señaló no hay tiempo para tramitar una ley antes de que finalice, ni tampoco de remitir otro decreto-ley, puesto que recordó solo quedan dos plenos ordinarios en este periodo de sesiones que termina en diciembre.

“Haremos todo lo posible”, reiteró Suárez-Quiñones quien explicó que lo planteado eran “responsabilidades que ya existen” por normativa nacional, por lo que consideró los grupos de la oposición están “engañando” a la ciudadanía al oponerse a su aplicación. Además, explicó que con su voto en contra han tumbado la “flexibilidad” y las “facilidades” que proponía la Junta con el decreto-ley en cuestiones de obligado cumplimiento.

“Buscaremos otras formas de ayudarles. Nosotros estamos al lado de los municipios. Ellos están pensando en las elecciones solo”, concluyó Suárez-Quiñones.

Incidió en la necesidad de aprobar este documento el procurador ‘popular’ Alberto Castro, que calificó la iniciativa legislativa como “excepcional” ante los grandes incendios del pasado verano en el noroeste de Castilla y León, y aseguró que el texto está basado en “datos técnicos”.

Además, y dirigiéndose a los grupos, consideró “malintencionadas” las declaraciones que aseguran que los fuegos del pasado verano se hubiesen apagado antes si se hubieran tomado las medidas propuestas por la oposición, y recordó que los incendios “son provocados” en el 80 por ciento de los casos, algo que “nada tiene que ver con la acción legislativa”.

Sin embargo, el socialista Pedro González Reglero mostró la postura en contra de su grupo, en primer lugar porque el Decreto-Ley fue defendido por Suárez-Quiñones, que “debía haber dimitido” hace meses pero que “sirve de parapeto al presidente”. Señaló asimismo que con el texto “se han ignorado los informes de los servicios jurídicos” de la propia Junta, y calificó el documento como “una reforma estructural encubierta” bajo la excusa de la “urgencia”.

“Tiempo han tenido pero no lo han presentado”, criticó el procurador socialista, que señaló asimismo que la presentación ahora responde al objetivo de la Junta de llevarlo a las Cortes como Decreto Ley y evitar que se puedan presentar enmiendas. “Si aceptamos esto, no hay tiempo material”, reseñó, planteando que el Gobierno autonómico “ha jugado sucio”.

Desde el Grupo Mixto, Pedro Pascual lamentó la “ausencia de diálogo” que evidencia la “falta de consenso” en un decreto que “no responde a las necesidades de la Comunidad ni de las provincias”, mientras que Francisco Igea se dirigió a Suárez-Quiñones para preguntarse “qué ha sido de aquel hombre que hizo Derecho para administrar Justicia” y ahora esté “peleando su última batalla por la supervivencia”. “Hace tiempo que tenía que haberse ido. Mírese el espejo y vuélvase a casa”, concluyó.

Por parte de la UPL, Luis Mariano Santos también se dirigió directamente al consejero para lamentar “la forma que tienen de negociar los decretos”, y afeó que la Junta traslade la responsabilidad a los ayuntamientos. “Debería ser necesario que para ser consejero y ministro, se hubiera pasado por la administración local”, planteó, “porque probablemente evitaríamos que intente descansar sus competencias en los ayuntamientos”.

Finalmente, Ignacio Sicilia, de Vox, consideró inexplicable que “algo que se supone que es tan bueno, no lo compre nadie, ni sus socios del Pacto Verde Europeo”. Por ello, aseguró que “el diagnóstico de la Junta es erróneo y lo que plantean no va a resolver el problema”. Por último, criticó la falta de eficacia del Gobierno autonómico y que ahora quiera aprobar un documento que tiene “de uñas” a los alcaldes de la Comunidad. “Es imposible que nadie apoye esto”, concluyó.