El Comisionado de Transparencia y los grupos apuestan por multas coercitivas para hacer cumplir las resoluciones

El comisionado de Transparencia, Tomás Quintana, también procurador del Común, planteó este martes incorporar en futuras reformas legales la “ejecución forzosa” de las resoluciones de los órganos de garantía en esta materia a través de un sistema de multas coercitivas. Además, todos los grupos parlamentarios respaldaron su demanda para lograr que se cumplan los dictámenes y consideraron necesario que se le dote de más medios humanos y materiales.

Quintana presentó este martes ante la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común de las Cortes la Memoria Anual de 2024 del Comisionado de Transparencia relativa a su noveno año de funcionamiento. Tras escuchar a los grupos, les instó a establecer el “incentivo” o “empujoncito” de las multas coercitivas en la próxima legislatura.

En su intervención, aseguró que sería “deseable” contar con “algún mecanismo” en la ley estatal o autonómicas para garantizar que se cumplan las resoluciones de este órganos, puesto que de lo contrario sólo pueden publicarlo en su página web electrónica y hacerlo constar en la Memoria.

Igualmente, Tomás Quintana señaló que en la actualidad se han cumplido el 69% de los dictámenes estimatorios adoptados en 2024, frente al 75% registrado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado. Además, se han interpuesto dos recursos judiciales contra ellos, lo que refleja un “bajo nivel de litigiosidad”. No obstante, aventuró que si se establece un régimen de ejecución forzosa, como en Navarra, habrá más procedimientos en los tribunales, informa Ical.

Asimismo, el comisionado de Transparencia volvió a denunciar la “falta de medios” de este órgano, que señaló dispone de unos recursos “muy limitados”, a pesar de que la actividad ha ido creciendo hasta rondar las 500 resoluciones anuales. De hecho, precisó que han recibido ya más de 750 reclamaciones en lo que va de año.

El ‘popular’ Pablo Trillo consideró un “paso imprescindible” que este órgano disponga de la “potestad” de ejecución forzosa. No obstante, defendió que el sistema de garantía “del derecho a saber” funciona en Castilla y León, y señaló que la importancia radica en la calidad de la información, no en el volumen. Además añadió que la “Junta cumple” porque considera la transparencia “un tema prioritario”, si bien reconoció la “excepción” de Somacyl.

El socialista Luis Briones aseguró que “sin medios” este órgano no tiene “suficiente autonomía”, por lo que pidió más recursos para que pueda actuar “con contundencia” su labor de transparencia. A su juicio, la memoria no puede limitarse a ser una “mera estadística” y lamentó que no haya elementos de ejecución forzosa o “sanción” para el incumplidor, que aseguró es la “propia Junta”. “Estamos en una situación lamentable”, señaló.

También, el portavoz de Vox, Carlos Menéndez, echó en falta mecanismos legales para forzar el cumplimiento de las resoluciones, ya que de lo contrario este órgano pasa a ser un “tigre de papel”. “Mucho ruido, muchas resoluciones, pero ningún mordisco”, añadió para cuestionar un “modelo agotado” y “burocrático”. “Castilla y León necesita menos discursos sobre transparencia y más transparencia de verdad”, dijo para proponer una proposición de ley para contar con régimen sancionador.

El ‘sorianista’ Juan Antonio Palomar aludió a la ausencia de medios propios del Comisionado, que recordó utiliza los del Procurador del Común, lo que a su juicio supone un “obstáculo” para cumplir con su misión. Además, pidió mecanismos legales de ejecución forzosa para garantizar la accesibilidad universal.

Igualmente, el procurador Francisco Igea dio la bienvenida al comisionado en su tercer año de prórroga en el cargo y señaló que uno de los habituales en el incumplimiento de las resoluciones es la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y la empresa pública Somacyl. “Esto empieza ya a pasar de castaño oscuro”, dijo y pidió a Quintana iniciar otras vías, como la penal, contra esta actitud.

Actividad

Durante 2024, el número de resoluciones formuladas por la Comisión fue de 498, el mayor número de las adoptadas en un año desde el comienzo del funcionamiento de esta institución, es decir, sobre un total de 2.430 resoluciones dictadas. De ellas, 234 han sido estimatorias, 154 han tenido como contenido la declaración de la desaparición del objeto de la reclamación y en 13 aceptamos el desistimiento del reclamante. Además, 43 fueron de inadmisión, 30 tuvieron un sentido desestimatorio, y en 24 declararon el archivo de la reclamación por otras causas.

También, en 2024 se alcanzó el mayor porcentaje de cuestionarios recibidos desde que el Comisionado de Transparencia lleva elaborando esta Memoria, puesto que más de un 81% de los sujetos a los que se dirigieron les remitieron estos formularios cumplimentados.

En cuanto al número de resoluciones formuladas, ascendieron a 498, lo que supone el mayor número de resoluciones dictadas desde sus inicios. De éstas, 234 fueron estimatorias, 154 tuvieron como contenido la declaración de desaparición del objeto de la reclamación al haber sido proporcionada la información solicitada, en la mayoría de los casos tras la petición de información por parte de la Comisión de Transparencia de Castilla y León, y en 13 resoluciones se declaró el desistimiento del reclamante. El resto fueron de inadmisión, de archivo del expediente o desestimatorias, en total 97.