La Fiscalía alerta del riesgo para las víctimas de violencia machista por las carencias en las unidades forenses de Castilla y León

La Fiscalía General del Estado advierte de que la falta de unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) o los escasos medios de las que disponen las que se han puesto en marcha, compromete “seriamente” la protección de las víctimas de violencia machista en Castilla y León, por lo que reclama una urgente actuación para crear y dotar a estas unidades del personal suficiente, garantizar su presencia en los turnos de guardia y asegurar que los informes se emitan con la celeridad y calidad técnica que exige la gravedad de los delitos que se abordan.¡

Según se recoge en la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2024 presentada hoy con motivo de la apertura del Año Judicial, Valladolid carece de UVFI y los informes se hacen sin protocolos urgentes. En una situación similar se encuentra León, donde las funciones son asumidas por la Oficina de Atención a Víctimas (OAV) mientras que en Salamanca, que sí cuenta con un equipo completo, se ha tenido que desistir de algunos informes por demoras, informa Ical.

La peor situación corresponde a Segovia, donde se acumulan retrasos de ocho meses en la elaboración de informes, dado que muchos deben ser elaborados por el forense, mientras que en Burgos se ha triplicado el tiempo de respuesta. En la provincia de Zamora, el tiempo medio es de tres meses y en Palencia, con equipo desde 2008, el plazo medio también es de tres meses.

La importancia de estas unidades radica en que son las encargadas de asistir a los órganos judiciales mediante la evaluación clínica y psicosocial de víctimas y agresores. Están compuestas por un médico forense, que las coordina, y por psicólogos y trabajadores sociales. No obstante, esta composición puede diferir de unas comunidades autónomas a otras.

Además, en la memoria también se critica las “deficiencias persistentes” en las oficina de atención a víctimas. Así, en el caso de Valladolid se denuncia que la oficina no presenta condiciones adecuadas, mientras que la provincia de León solo cuenta con oficinas en la capital y Ponferrada, lo que limita el acceso en partidos judiciales rurales, además de contar con escaso personal técnico. A su vez, en Segovia se echa en falta una mayor intervención en el servicio de guardia.

Por otra parte, en la memoria también se hace referencia a ley autonómica del modelo de atención en los centros de carácter residencial y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración, cuyo artículo 13 regula la atención libre de sujeciones. Así, se destaca el importante efecto que ha tenido para las fiscalías castellanas y leonesas, por cuanto dispone que se comunicará al Ministerio Fiscal la contención en un plazo de cuarenta y ocho horas desde el momento en el que se inicia el procedimiento.

En este sentido, se destaca que “las fiscalías transmiten positivamente el compromiso que detectan por parte de los directores y profesionales de los centros residenciales visitados, así como la adecuada coordinación con las Gerencias de Servicios Sociales de cada provincia.

Por otra parte, la memoria también aborda el incremento del número de causas relativas al tráfico de drogas, que ya había sido del diez por ciento en el año 2023 y fue del 23,21 por ciento en 2024, y se reclama la necesidad de contar con fiscales delegados, figura de la que carece Castilla y León en todas sus provincias.

Así, se recalca que la intención de la Fiscalía Especial Antidroga ante la creciente evolución del fenómeno y su mayor presencia en modo criminalidad organizada es ir ampliando su ámbito de acción y avanzando en la línea de una nueva dimensión y adaptación de la organización que debería corresponder a la Fiscalía Especial Antidroga, que no dispone en este momento de las suficientes condiciones y medios para la realización de una labor de coordinación más completa.