Récord de resoluciones en el Comisionado de la Transparencia de Castilla y León

El Comisionado de Transparencia de Castilla y León, adscrito al Procurador del Común aunque con funciones diferenciadas, registró récord de resoluciones en 2024 con un total de 498. De las reclamaciones tramitadas, un total de 546, más de la mitad se presentaron frente a ayuntamientos y, de éstas, la mayoría por los propios concejales de cada corporación municipal. Así se deduce de los datos contenidos en la Memoria del pasado ejercicio, registrado ayer miércoles en las Cortes de Castilla y León. La memoria se presentará ante la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común en fecha por determinar en el mes de septiembre, según detalló la institución autonómica en un comunicado.

En 2024, noveno año de funcionamiento de la Comisión de Transparencia, se recibieron, con esas 546 reclamaciones, 29 más que el ejercicio anterior. 350 de ellas tuvieron su origen en la falta de acceso a la información solicitada a entidades locales (un 64,10%); de las cuales 289 correspondieron a ayuntamientos, 35 a entidades locales menores, 25 a diputaciones provinciales y una a una mancomunidad.

Por otra parte, 154 reclamaciones se presentaron frente a la Administración General autonómica, 28 frente a entes del sector público autonómico (universidades, Fundaciones, empresas públicas, etc.), cinco frente a colegios profesionales y nueve frente a otras administraciones. Es destacable que 128 de las reclamaciones dirigidas frente a entidades locales han sido presentadas por cargos representativos de las mismas; de ellas, 110 fueron formuladas por concejales de ayuntamientos y 18 por vocales de juntas vecinales. Otros grupos de colectivos que han destacado por el número de reclamaciones presentadas han sido los representantes de trabajadores, asociaciones ecologistas, profesionales de los medios de comunicación o asociaciones ciudadanas.

El 72% de reclamaciones fueron presentadas frente a la ausencia de respuesta expresa a la petición de información realizada por alguna persona; por lo tanto, todavía 7 de cada 10 de las reclamaciones tuvieron su origen en una falta de respuesta previa de las Administraciones correspondientes. En el caso de las reclamaciones presentadas frente a denegaciones expresas de la información solicitada a las Administraciones, los motivos argüidos por estas para no proporcionarla, de forma reiterada han sido la falta de disposición de la información por el órgano destinatario de la solicitud, el carácter repetitivo o abusivo de la petición, la necesidad de reelaborar la información solicitada y la protección de datos personales. Seis materias han sido las que han dado lugar a un mayor número de impugnaciones ante la Comisión de Transparencia: empleo público, la protección del medio ambiente, la información sobre contratación, gestión, disposición de recursos públicos y sanidad.

En cuanto al número de resoluciones formuladas por la Comisión de Transparencia en 2024 estas ascienden a 498, lo que supone el mayor número de resoluciones dictadas desde sus inicios. De estas, 234 han sido estimatorias, 154 han tenido como contenido la declaración de desaparición del objeto de la reclamación al haber sido proporcionada la información solicitada, en la mayoría de los casos tras la petición de información por parte de la Comisión de Transparencia de Castilla y León, y en 13 resoluciones se declaró el desistimiento del reclamante. El resto fueron de inadmisión, de archivo del expediente o desestimatorias, en total 97.

En 2024, siguiendo la tendencia de años anteriores, se ha vuelto a incrementar la utilización de las nuevas tecnologías por parte de los ciudadanos, como pone de manifiesto que se hayan recibido en la página web 11.000 visitas más que el año anterior. 

Es reseñable que más del 70 % de las reclamaciones fueron presentadas a través de la sede electrónica de la Comisión y casi un 4,4% han sido remitidas por correo electrónico; esto ha sucedido en un año en el que se ha continuado con los cambios en la página web con la finalidad de hacerla más accesible para todas las personas, especialmente a aquellas con alguna discapacidad.

Incumplimientos

Otro asunto es que las resoluciones dictadas por el Comisionado de la Transparencia se respeten o no. Pese a que la normativa obliga a su cumplimiento, la falta de medios de penalización hace en muchos casos poco efectiva ese carácter vinculante: «La naturaleza ejecutiva de las resoluciones adoptadas por los organismos de garantía de la transparencia contrasta, en la mayor parte de los casos y, en concreto, en lo que se refiere a la Comisión de Transparencia de Castilla y León, con la ausencia de medios formales para proceder a su ejecución forzosa en los términos previstos en los arts. 99 a 104 LPAC; y, de forma más específica, con la falta de una previsión legal que ampare la imposición de multas coercitivas de acuerdo con lo dispuesto en el art. 103 LPAC, como medio idóneo para proceder, previo apercibimiento y cuando sea necesario a pesar de este último, a la ejecución forzosa de las resoluciones estimatorias», señala el organismo en su memoria.

Así, en el último día del pasado ejercicio aún se hallaban pendientes de cumplimiento un total de 70 resoluciones. En la lista figura una consejería, la de Educación, con seis resoluciones pendientes de cumplimiento, pero la mayoría, 51 incumplimientos, corresponden a ayuntamientos.

Los más incumplidores entre los consistorios son el palentino de Antigüedad y el abulense de La Adrada, con seis resoluciones pendientes de cumplimiento cada uno. Les siguen los ayuntamientos de Navas de Oro (Segovia), con cinco incumplimientos, y los de Atapuerca y Carcedo de Burgos (Burgos), Folgoso de la Ribera (León), Gallegos del Pan (Zamora) y Muñopedro (Segovia) con dos incumplimientos cada uno.

Anotan una resolución pendiente los ayuntamientos salmantinos de Béjar, Cabrerizos y Villoria; los abulenses de Cebreros y Sanchidrián; el soriano de Cubo de la Solana; los segovianos de Polendos y Pelayos de Arroyo; el zamorano de Ferreras de Abajo; los leoneses de León, La Bañeza, La Robla, Puebla de Lillo, Rioseco de Tapia, San Millán de los Caballeros, Soto de la Vega y Valencia de Don Juan; los burgaleses de Monasterio de Rodilla, Pradoluengo, Quintanilla del Coco y Santibáñez del Val; los palentinos de Palencia y Piña de Campos y el vallisoletano de Santovenia de Pisuerga.

Los siguientes en incumplimiento son juntas vecinales, entre las que es más notable el caso de la de Rucayo (León), con cuatro resoluciones en esta situación, seguido de la de San Andrés de la Regla (Palencia), con dos. Un incumplimiento se anotan las juntas vecinales de Brazuelo y Pobladura de Yuso (León), Valberzoso (Palencia) y Villabálter (León).

Por último, el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León registra dos incumplimientos y la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, con sede en Burgos, se anota uno.