Castilla y León y otras diez comunidades urgen la Sectorial de Medio Ambiente para abordar la polémica del lobo

Castilla y León y otras diez autonomías (Andalucía, Cantabria, Galicia, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares y Madrid), además de la ciudad autónoma de Ceuta, reclamaron hoy por carta a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, la convocatoria urgente, “en el plazo de dos días hábiles”, de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Ical, reclaman que el orden del día del encuentro incluya aspectos como la definición de los criterios de reparto y la distribución territorial de créditos entre las comunidades autónomas para la ejecución de actuaciones en el plan PIMA Cambio Climático, la distribución territorial de los créditos correspondientes a las actuaciones de conservación y restauración de la biodiversidad de especies críticas, y los informes sexenales previstos sobre la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

En el escrito, advierten además que “sería un nuevo episodio de ilegalidad remitir el informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo (y del resto de especies) sin la aprobación en Conferencia Sectorial”.

Asimismo, respecto a la justificación ofrecida por el Ministerio el pasado día 22 para la anulación de la Sectorial, después de que el Tribunal Constitucional admitiera el recurso del Defensor del Pueblo contra la modificación del régimen de protección del lobo, aceptando analizar la supuesta inconstitucionalidad de tres disposiciones de la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, apuntan que “en ningún momento se cuestiona la constitucionalidad del párrafo segundo de dicha disposición, que es donde prevé que el informe sexenal en cuestión sea aprobado en Conferencia Sectorial”. De ese modo, a juicio de los remitentes, en ningún caso, como esgrimen desde el Ejecutivo central, “subsisten las causas de la suspensión”.

“En cualquier caso, la aprobación del informe sexenal donde se contemple el estado de conservación del lobo, es un tema independiente de la consideración del lobo como una especie del Lespre, o como lo está en la actualidad, fuera de este”, aclaran.

Por todo ello, acusan a la Secretaría de Estado y al propio Ministerio de adoptar “decisiones caprichosas” en el procedimiento administrativo en marcha, dejando sin efecto actos administrativos sin justificación, o al no convocar un órgano como la Conferencia Sectorial cuando se solicita. Se trata, añaden, de “unas actuaciones totalmente arbitrarias y con una clara desviación de poder, adelantando y dando por hecha una eventual decisión del Tribunal Constitucional que no le es dable considerar. Un actuar que constituye el dictado de decisiones administrativas arbitrarias, a sabiendas de su injusticia”.