Diario de Castilla y León

VIVIENDA

Castilla y León amplía hasta los 49 millones las ayudas al alquiler para 21.006 familias

La Junta movilizará más del doble de los 20 millones previstos inicialmente y superará en 8,5 la partida de la convocatoria de 2023

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, presenta medidas en materia de vivienda en la Comunidad.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, presenta medidas en materia de vivienda en la Comunidad.ICAL

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Valladolid

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Las ayudas al alquiler de la Junta de Castilla y León ya están en el horno y listas para abonarse a los beneficiarios después de que se haya llevado a cabo una ampliación del presupuesto inicial que ahora eleva el total movilizado hasta los 49 millones de euros. Según explicó este lunes el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, al los 20 millones dispuestos inicialmente se han añadido otros 29 con el objetivo de poder abonar estar ayudas a todos los beneficiarios que cumplen los requisitos y llegando así a 21.006 familias.

La resolución de las ayudas al alquiler correspondientes a la convocatoria de octubre de 2024 se publicará este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL). Con un total de 21.006 familias beneficiarias y un presupuesto cercano a los 49 millones de euros, estas ayudas alcanzan cifras históricas, con un incremento del 13,82 % respecto al año anterior.

El Ejecutivo autonómico ha incorporado 29,4 millones de euros adicionales el presupuesto inicialmente previsto, que era de 19,5 millones, hasta alcanzar los 48,9 millones de euros. Gracias a este esfuerzo, se ha podido atender a todos los solicitantes que han cumplido los requisitos, sin lista de espera. Así, por noveno año consecutivo, la Junta garantiza que todas las personas que reúnen las condiciones accedan a la ayuda, señala el Ejecutivo castellano y leonés en un comunicado.

Durante la presentación, Fernández Mañueco subrayó que estas ayudas reflejan un modelo de política de vivienda integral, orientado a las personas, que impulsa, también, el medio rural y garantiza oportunidades reales para desarrollar un proyecto de vida en Castilla y León.

Asimismo, señaló que se trata de una política "útil, eficaz seria y responsable" y que está desarrollada a partir de acuerdos con los agentes del Diálogo Social. El objetivo, según destacó el presidente de la Junta,  es "promover la emancipación de los jóvenes, facilitar la vida a las familias, proteger a las personas mayores, dar seguridad al mercado inmobiliario y fijar población".

Un año más, se mantiene el incremento del porcentaje de subvención en 10 puntos porcentuales pasando de 40% al 50% de la renta, porcentaje que aumenta hasta el 60% para los jóvenes menores de 36 años y hasta el 75% si la vivienda o habitación de ese joven se sitúa en el medio rural. Este mismo porcentaje del 75% se mantiene para familias vulnerables sobrevenidas.

Por su parte, se incrementaron para algunos colectivos los ingresos de las unidades de convivencia que pueden solicitar las subvenciones pasando de 3 hasta 5 veces el IPREM.

Además, se han elevado las cuantías de las rentas de alquiler máximas mensuales, antes 375 euros y 500 euros, y ahora entre 450 y 550 euros para la vivienda (la cifra más baja corresponde al medio rural y la alta a Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid). 

Igualmente se consolida el alquiler de habitaciones como objeto de la subvención, manteniéndose el importe máximo de no superar los 150 euros si acontece en un municipio del medio rural y los 200 euros en el resto de los municipios. Además, se amplió el plazo para presentar solicitudes hasta el 31 de enero de 2025, lo que permitió adjuntar justificantes de pago junto con la solicitud, facilitando así la tramitación.

2.331 euros de media

La convocatoria, cuyo importe medio asciende a 2.331 euros, un 5,81% más que la anterior, se ha resuelto en cinco meses y medio, medio mes antes de que expirara el plazo establecido en la Orden de convocatoria, y todos los pagos se abonarán a lo largo del mes de julio. Todo ello, gracias al trabajo de cerca de 50 empleados públicos que han resuelto los expedientes en un tiempo récord.

La convocatoria ha recibido 31.362 solicitudes, un 14,93% más que el año anterior, con un incremento en todas las provincias. Finalmente, han resultado beneficiarias 21.006 familias. Más del 60% de las personas beneficiarias son mujeres (12.694). Además, cerca del 30% son jóvenes menores de 36 años (6.280), y de estos jóvenes, el 64,4% son mujeres menores de 36 años. El importe destinado a jóvenes asciende a 17.256.877, 95 euros (el 35,24% del total). Por otro lado, 2.111 beneficiarios tienen más de 65 años, de los cuales 1.328 son mujeres dentro de esta franja de edad. Así, el importe destinado a mayores asciende a 4.370.159,94 (el 8,92% del total).

Por su parte, el 98,1% de los beneficiarios tiene ingresos inferiores a 3 veces el IPREM (25.200 euros), el 76,66 % tiene ingresos inferiores a 2 veces el IPREM (16.800 euros) y el 44,03 % no alcanza una vez el IPREM (8.400 euros).

En el apartado de familias numerosas, categoría general y especial, 2.260 son familias numerosas, y de ellas 1.555 son categoría general y un total de 705 de categoría especial.

Respecto a las unidades de convivencia con discapacidad, se han beneficiado es esta resolución 4.003 unidades de convivencia con alguna persona con discapacidad. Cabe señalar, por otro lado, que 185 beneficiarios corresponden al colectivo de personas que han perdido el derecho a usar la vivienda por sentencia de separación, divorcio o nulidad. Y hay cuatro beneficiarios que están incluidos en el apartado de víctimas de terrorismo.

De los 21.006 beneficiarios, 146 corresponden a alquileres de habitaciones y 20.860 a viviendas. Además, el 22,4% del total de beneficiarios procede de municipios rurales de ámbito 3 (los de renta como máximo de 450 euros), y de estos, un 30,29% son jóvenes.

Política de vivienda eficaz y con carácter social

El presidente de la Junta de Castilla y León recordó que la Junta gestiona más de 3.100 viviendas en alquiler y construye más vivienda pública que nunca, con más de 1.350 inmuebles en distintas fases. También se están rehabilitando viviendas en desuso para destinarlas al alquiler joven en el medio rural, y se fomenta la compra de vivienda pública con un 20% de descuento para jóvenes, junto a avales para la compra de vivienda libre y beneficios fiscales para alquiler, compra y rehabilitación.

El balance total de ayudas concedidas en el periodo 2015.2024 es de 131.096 familias beneficiadas, que han recibido 237.404.563 euros.

Finalmente, Fernández Mañueco agradeció expresamente el trabajo de los empleados públicos que han permitido resolver este volumen de expedientes en un plazo récord, haciendo posible que las ayudas lleguen este mismo mes a sus destinatarios.

"No un mérito de la Junta"

Por su parte, la secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández, recordó este lunes al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que la política de vivienda de Castilla y León es fruto del Diálogo Social, y lamentó que el sindicato y el resto de agentes sociales fueran “excluidos” del acto de presentación en Valladolid, a pesar de que sí estuvieron presentes representantes de UGT Castilla y León.

La política de las ayudas al alquiler y la vivienda, en general, “no es un mérito ni una medalla que deba colgarse la Junta en exclusiva, sino que es fruto del esfuerzo de todos los agentes sociales unidos por el Diálogo Social”, le dijo, para pedirle que la políticas que impacten en la bajada de los precios y, por tanto, repercuten “en el freno a la especulación”. Asimismo advirtió de que “la vivienda está perdiendo atractivo para los grandes inversores, lo que va a propiciar que derive a otros sectores”, concluyó.

CCOO Castilla y León reivindica que se siga fomentando el acceso a una vivienda digna y asequible, “principalmente por la vía de alquiler y la consolidación e incremento de un parque público de vivienda social”, reclama Ana Fernández. Además de promover acciones que mejoren la accesibilidad y la eficiencia energética de las viviendas lo que conlleva a una mejora en la “calidad de vida de la ciudadanía y del medio ambiente”.

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