Fiscalía de Castilla y León apuesta por activar órdenes de alejamiento en las agresiones a sanitarios

La «lacra» de las agresiones a sanitarios por parte de pacientes sigue pendiente de erradicarse para la Consejería de Sanidad. Y es que más allá de protocolos, medidas y otras actuaciones, los casos están al orden del día en los centros de salud y hospitales de Castilla y León, como se demuestra que en 2023 hubiese 698 incidentes registrados, lo que viene a ser casi dos al día. Ante el «crecimiento exponencial» de los comportamientos agresivos, Sanidad y la Fiscalía Superior de Castilla y León refuerza su ‘alianza’ apostando por activar más órdenes de alejamiento de los profesionales y del centro afectado como medida cautelar.

Así lo avanzaron públicamente los dos máximos responsables de ambos organismos, Alejandro Vázquez y Santiago Mena. «Se va facilitar la posibilidad de que los profesionales agredidos o maltratados tengan la tranquilidad, por lo menos inicial, de que su denuncia sí puede servir, porque ahora hay un número grande de denuncias y de agresiones. Pero sabemos que hay muchas más fracciones que no se denuncian», dijo el fiscal superior de la Comunidad en una jornada que pretende mejorar la «coordinación» entre ambas para lograr que se denuncien todo tipo de amenazas, agresiones y otros delitos leves, no sólo los más graves.

Para su prevención y respuesta se preparó hoy una jornada en la Consejería de Sanidad, en Valladolid, donde además ambas autoridades se dirigieron a la Dirección General de Profesionales de la Gerencia Regional de Salud, al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta, a los responsables de las gerencias periféricas en cada provincia del Sacyl y al personal encargado de tramitar las denuncias correspondientes.

«Se trata de un problema que preocupa mucho, el de las agresiones al personal sanitario», declaró Vázquez, quien por ello, además de la jornada, anunció, en declaraciones recogidas por Europa Press, la próxima celebración de cursos de formación para los profesionales del Sacyl en cada una de las provincias, con la participación de las fiscalías de cada una de ellas, y la mejora de los canales de comunicación con la acusación pública mediante un nuevo protocolo para agilizar las denuncias contra las agresiones de pacientes a sanitarios.

«Vamos a establecer una protocolización nueva y vamos también a abrir un canal de comunicación rápida para mejorar toda la tramitación de lo que son, por desgracia, esta lacra que nos asola a la Gerencia Regional de Salud», avanzó el consejero de Sanidad, quien apuntó a su vez que para la segunda semana de julio está convocado el Observatorio sobre Agresiones para repasar los datos correspondientes al año 2024. Así, conviene recordar que el año anterior se registraron 698 incidentes en los centros de Sacyl y un total de 709 agresiones verbales y 118 físicas a 775 trabajadores. Y del total de 775, hubo que registrar 363 con resultado de lesiones, que en su gran mayoría fueron psicológicas (301), a las que se sumaron las catalogadas como físicas (47), o bien ambas a la vez (15).

Al respecto, el consejero de Sanidad destacó la «gran sensibilidad» y «preocupación» del fiscal de Castilla y León para reducir las cifras, convencido para ello de que su denuncia «sí sirve». «Lo que parece más llamativo son los casos graves de agresión, que son pocos, pero lo que perturba más a los profesionales son otros de menor entidad que se producen en el día a día y que no se denuncian, al igual de lo que ocurre en el ámbito de la violencia de género. Insisto, hay que hacerles ver que es preciso denunciar esos casos menos graves también», afirmó Santiago Mena, quien aclaró que los ataques al personal sanitario supone un «atentado a la autoridad» por su condición de funcionario público y la «salvaguarda» que ostentan en el Código Penal. Así, confirmó que la Fiscalía de Castilla y León tramita en este momento hasta una docena de escritos de calificaciones por delitos graves derivados de agresiones al personal sanitario, lo que conlleva penas de prisión en los casos más extremos que pueden ir de los seis meses, a los cuatro años.

No obstante, ya sea un insulto, una amenaza, maltrato o una agresión, Mena mencionó que todos ellos son «delitos» que «generan una desazón y desasosiego en la prestación del servicio que repercute a todos».

Agresiones a mujeres

El Fiscal Superior de Castilla y León también aportó como dato a tener en cuenta el hecho de que la mayoría de las víctimas de este tipo de agresiones son mujeres, con cerca del 80% del personal sanitario afectado, y que la mayor parte de los casos se producen en Atención Primaria, seguida de Urgencias y también en Administración. De hecho, según el último Observatorio de Agresiones correspondiente al año 2023, de los 775 trabajadores agredidos, 438 lo fueron en el ámbito hospitalario, mientras que en Atención Primaria se registraron 333 casos y cuatro más en otros ámbitos. Por categorías, 276 agresiones fueron a médicos, 290 a enfermería, 118 a TCAE, 24 a celadores, 51 a personal administrativo y 16 a otro personal.

Mena consideró necesario facilitar el acceso a la Fiscalía para que las agresiones de pacientes se conviertan en denuncias, ya que reconoció que algunas infracciones no llegan a los juzgados. En esta línea, abogó por comenzar a activar la adopción de medidas de alejamiento e incomunicación para que un agresor sobre un profesional no pueda acercarse a él ni a su centro de salud como medida de prevención.

«A los jueces y fiscales nos coarta un poco adoptar esta serie de medidas porque incluso en esos casos el agresor tiene derecho a recibir asistencia sanitaria, que es un derecho recogido en la Constitución, aunque también es cierto que se puede garantizar ese derecho estableciendo que acuda a otro médico y en otro centro de salud. Se puede y se debe hacer en determinados casos, dentro de los parámetros legales, para que los agresores vean que sus actos no les van a salir gratis», consideró Mena.

De esta forma, el fiscal superior de Castilla y León indicó que se retoman las comunicaciones para que fluya la información y la formación con el fin de que las sanitarios «no se sientan indefensos». «Esperemos que hagamos un camino juntos», sentenció.