Crece la presión en los tribunales de Castilla y León con casi un 13% más de asuntos

Continúa el rimo ascendente de ingreso de asuntos en los tribunales de Castilla y León, aunque la Comunidad se mantiene cuatro puntos por debajo de la media del país en litigiosidad, con una tasa de 42,88 asuntos por cada 1.000 habitantes. Los órganos judiciales de Castilla y León ingresaron durante el primer trimestre del año un total de 102.557 asuntos, un 12,84% más que en el mismo periodo de 2024, con lo que se consolidan la subida continua que se viene registrando en los últimos años. Este incremento fue inferior que el registrado a nivel nacional, donde se alcanzaron los 2.288.305 asuntos, un 15,6% más.

Según datos del informe estadístico publicado este viernes por el Consejo General del Poder Judicial, al que tuvo acceso Ical, en todas las jurisdicciones experimentaron un incremento interanual, excepto en la Social, donde los asuntos bajaron un 9,31% (7.356 asuntos). La mayor subida, con un 23,38%, correspondió a Civil (54.423), por delante de Penal, con 5,9% (38.907). En la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo Contencioso la subida fue de 2,63%, con 1.871 casos ingresados.

Entre enero y marzo pasados, los tribunales de Castilla y León resolvieron 94.080 asuntos, un 8,38% más que hace un año, mientras que ascendieron a 186.256 aquellos que quedaron en trámite al final del trimestre, lo que supone un incremento interanual del 14,26%.

Con estos datos, la tasa de congestión en los tribunales de Castilla y León mejora y se sitúa en 2,97, frente a 2,89 de hace un año. También mejora la tasa de pendencia, que pasa de 1,88 a 1,98, y la tasa de resolución que se incrementa dos centésimas, hasta 0,31.

Por su parte, la tasa de litigiosidad en el conjunto de España fue de 40,07 asuntos por cada 1.000 habitantes, una ratio muy próxima a la de hace un año, que fue de 40,67. La Comunidad Autónoma con la tasa de litigiosidad más alta fue Canarias (63,91), seguida por Madrid (50,99) y Asturias (50,98). También por encima de la media nacional se situaron Andalucía (49,80) y Cataluña (48,06).

El resto de los territorios mostraron una tasa de litigiosidad inferior a la nacional en el siguiente orden: Baleares (46,97), Murcia, (45,16), Comunidad Valenciana (44,55); Castilla y León (42,88); Galicia (42,51); Cantabria (40,90), Castilla-La Mancha (40,15), Extremadura (39,57), La Rioja (39,13), Navarra (38,98) y Aragón (37,19).