PSOE, Vox y dos procuradores mantienen el acuerdo sobre la Publicidad Institucional aunque se abren a algún cambio

Los grupos Socialista, Vox y Mixto, a través de sus procuradores Pablo Fernández y Francisco Igea, mantienen el acuerdo que se plasma en el dictamen de la proposición de ley de Publicidad Institucional, que se votará en el pleno de las Cortes de la próxima semana, si bien están abiertos a transaccionar alguna enmienda para matizar o modular el limite del 33% de los ingresos de una empresa para recibir un contrato publicitario público, informa Ical.

A menos de una semana de que se produzca la votación de este texto, impulsado por el parlamentario de Podemos, Pablo Fernández, Soria Ya explicó este jueves que se desmarca del acuerdo, pese a que respaldó el dictamen en la Comisión de la Presidencia, al darse cuenta que la regulación se extiende a la Junta, entidades públicas y universidades y estar en contra de ese porcentaje porque supondría que muchos medios van a desaparecer.

La socialista Patricia Gómez, el portavoz de Vox, David Hierro, y Pablo Fernández se abrieron a que se pueda aprobar en el pleno una transacción -siempre sobre las enmiendas vivas- para modular ese porcentaje, ya que quieren que la ley salga con el máximo acuerdo del bloque de la oposición, puesto que el PP rechaza de plano una norma que califica de “bodrio” y de “censura” a los periodistas.

Sin embargo, en este momento y pese a la disposición expresada, no existe ninguna negociación para presentar una transacción ni nadie ha tomado la iniciativa, aunque sí mostraron la confianza en que esta ley se apruebe, ya que PSOE (28 escaños), Vox (once) y los dos del Mixto suman la mayoría absoluta de 41 procuradores.

Preocupación

El autor de la proposición de ley, Pablo Fernández, afirmó que entiende “la preocupación legitima” de los medios de comunicación ante la posibilidad de limitar los contratos de la publicidad institucional y abrió la posibilidad de pactar una transacción en el pleno, en la que se pueda incrementar hasta un 60%, por ejemplo, ese tope.

Al respecto, Ángel Ceña (Soria Ya) explicó que, aunque se han recogido siete enmiendas de su grupo, no pueden dar el “sí” en el pleno a la enmienda del 33%, por lo que se irían, previsiblemente, a la abstención, que se analizaría en caso de una transacción sobre ese porcentaje.

David Hierro (Vox), cuyo grupo firma la enmienda del 33%, afirmó que esa es la voluntad del legislador, no cerró la puerta a que se pueda modular si hay una acuerdo y si se puede hacer sobre alguna de las enmiendas vivas -estaría a lo que digan los letrados- y recordó que las leyes, una vez aprobadas, se pueden modificar. “La ley no es el evangelio”, apreció.

La socialista Patricia Gómez se mostró abierta a todas las posibilidades para que salga una buena ley y acusó a la Junta de tener “miedo de perder el control” y, ante ello, tratar de “coaccionar” con que esta norma regula toda la publicidad institucional, no solo la de la Administración autonómica.

Coherencia y palabra dada

Todos los portavoces de la oposición, frente a lo que critica el PP, defendieron que no es “una ley mordaza” ni se persigue a los medios de comunicación, sino que se centra en conocer con transparencia y control cómo se gasta el dinero público. “La mafia no puede ganar al Parlamento, la mafia no puede ganar a la democracia”, sentenció Pablo Fernández.

Ante la denuncia de “presiones a los medios” para que a su vez “presionen a los procuradores” en el sentido del voto, el procurador de Podemos confió en que en el pleno no exista ninguna contrariedad, ya sea un catarro o una avería del vehículo, que impida a alguno estar y no llegar a la mayoría necesaria.

En este punto, David Hierro apeló a “la coherencia y la palabra dada” para mantener el acuerdo de mínimos de la Comisión, aunque reconoció que “los tentáculos del poder son muy largos”, pero en el caso de Vox manifestó que “no se atreven a presionar porque conocen la respuesta”.

“Puede que se apruebe una ley con el voto en contra del PP, el Parlamento está para legislar a pesar de la intensa campaña de presión que vivimos”, manifestó Francisco Igea, convencido de que la limitación de la publicidad institucional es “cuestión de higiene democrática”.

La posición expresada por los grupos de la oposición fue respondida por el viceportavoz del Grupo Popular, Miguel Ángel García Nieto, quien aseguró que “los 31 procuradores” de su grupo votarán “no con la conciencia muy tranquila”. “Se asiste en las ultimas semanas a la creación de una nueva fuerza ‘Unión Voxcialista’, les importa un bledo los ciudadanos, se va contra el Gobierno”, anotó.

García Nieto insistió en que no es una ley de Publicidad Institucional, siguió con que se conculcan otras leyes, como la de contratos, y remató con que no van “a participar de esta cacería contra los medios de comunicación”.