Luz verde a tramitar la ley LGTBI en Castilla y León con el sí de la oposición menos Vox y la abstención del PP

Las Cortes de Castilla y León acordaron este miércoles la toma en consideración de la proposición de ley de igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ en Castilla y León, presentada por el Grupo Socialista, que contó con el voto a favor del resto de la oposición, excepto Vox que se quedó solo, ya que el PP, al final, optó por la abstención y facilitó así su tramitación.

En el turno para fijar posición, PSOE, UPL-Soria Ya, Podemos, Por Ávila y Francisco Igea recordaron que Castilla y León es la única comunidad sin una legislación propia en diversidad sexual, dado que la ley elaborada en 2021 está bloqueada, mientras que el PP mantuvo que no se oponen a esta norma pero, a la vez, aseguró que sus derechos están garantizados por la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

En la presentación de la PPL, Miguel Hernández aludió a que las agresiones y discursos de odio han aumentado con la entrada de “la ultraderecha” en las instituciones, donde recordó que quien fuera vicepresidente de la Junta Juan García-Gallardo calificó de “trapo” la bandera arcoiris, y subrayó que Castilla y León es la única comunidad sin una ley LGTBI, informa Ical.

El socialista afirmó que se trata de una reivindicación social histórica en Castilla y León, aseguró que la norma beneficiará a un 15% de la población de la Comunidad y preguntó qué diferencia al PP de esta autonomía de sus compañeros de otras comunidades que han aprobado leyes para este colectivo. “Voten a favor, no hay excusa” tras la salida de Vox de la Junta, zanjó desde la tribuna donde exhibió la bandera arcoíris.

El parlamentario de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, afirmó que hoy puede ser un día muy importante para esta Comunidad y estas Cortes si se pone fin a “la anomalía democrática y la vergüenza” de que Castilla y León no tenga una ley propia para proteger a las personas lesbianas, gais, trans y bisexuales.

Así, reconoció el trabajo de las asociaciones para contar con una norma propia en la Comunidad, se dirigió a Vox para sugerir el respaldo de toda la Cámara aunque reconoció que está “en contra de los derechos de muchas personas” y también al PP: “La pelota está en su tejado, es infame que no estén a favor de la igualdad y los derechos humanos”.

El procurador Francisco Igea argumentó que solo por el objeto de la ley del derecho a la igualdad real y efectiva de cualquier tipo de diversidad sexual se debe apoyar la toma en consideración de esta norma, aunque aseguró que “hay cosas que mejorar” en el texto presentado pero pidió una reflexión sobre la política en general.

“Es una proposición de ley que por fin llega a las Cortes y, de aprobarse, hará que Castilla y León no sea la única comunidad sin esta ley”, afirmó el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, que avanzó el voto a favor de la tramitación y lamentó que estas personas tengan que abandonar sus casas, en particular en el medio rural.

El procurador de Soria Ya Juan Antonio Palomar expresó “el sí” a una legislación propia como un compromiso con la igualdad y la convivencia entre personas, afirmó que se trata de una herramienta transversal de justicia social no de ideología y acusó a la Junta de falta de voluntad política, ya que se elaboró un texto en 2021 que está parado.

Palomar se remitió al mensaje de apoyo del presidente de la Junta en el Día del Orgullo, con el que se mostró de acuerdo pero afirmó que hay que ir a los hechos con una ley propia, y lamentó que no haya sido el Ejecutivo quien no haya liderado esta iniciativa que sale de la oposición. “Esperemos que este texto sea enriquecido y aprobado con el máximo consenso”, remató.

Abstención del PP

La 'popular' Noemí Rojo calificó de “innegociable e irrenunciable la libertad” como un compromiso con la convivencia y el respeto, expresó el rechazo y condena a cualquier discriminación u odio a quien sufre cualquier tipo de violencia por el mero hecho de ser libres y aseguró que la Junta siempre ha velado por la igualdad real y los derechos de estas personas que “están garantizados”.

Así, se refirió a la escuela inclusiva, entre medidas adoptadas por la Junta, y aseguró que la defensa de los derechos fundamentales de las personas LGTBI+ no son bandera de ningún partido, a la vez que subrayó que la Constitución garantiza todos los derechos y el Estatuto prohíbe cualquier discriminación por razón de sexo.

“Los derechos de las personas LGTBI+ están garantizados en nuestra tierra por el marco jurídico y el compromiso de la Junta”, aseveró la popular, que estimó que el texto no incorpora mejoras ni amplia derechos más allá de los estatales e introduce competencias que no corresponde a la administración autonómica.

Por último, afirmó que su grupo no se opone a la existencia de esta ley pero defendió una legislación solida y hecha con rigor que no genere inseguridad jurídica ni falta de protección a estas personas.

Desde Vox, Juan Antonio Palomo argumentó que la proposición de ley se basa en “privilegios” basados en la igualdad de género, defendió la libertad sexual que no cree en “etiquetas” sino en derechos individuales y cuestionó que un menor pueda decidir sobre un cambio hormonal sin consultar con los padres, que tienen el derecho a la educación de sus hijos.

Palomo manifestó que no se busca “igualdad sino privilegios en un adoctrinamiento” que condiciona la libertad del individuo y reiteró que se usa al colectivo para fines partidistas e ideológicos. “Hoy alzamos la voz de miles de personas que dicen basta ya y se sienten molestos cuando se les utiliza en una cruzada ideológica”, zanjó el portavoz de la formación de Santiago Abascal.

“Mientras se envuelven en banderas sus socios internacionales matan y agreden por la libertad sexual pero no levantan la voz”, reprobó, para pedir coherencias en los principios de la oposición, a la que calificó de “farsa” para utilizar a esas personas, a la vez que defendió que no discriminan a nadie por su condición social. “No estamos de acuerdo por principios, coherencia y responsabilidad, hoy defendemos la libertad de vivir en paz y no ser parte de un experimento ideológico”, concluyó.

La proposición de ley, que ahora se envía a la Comisión de la Presidencia para seguir con su tramitación, aunque ya no en este periodo de sesiones que concluye el 30 de junio, tiene por objeto garantizar plenamente el derecho a la igualdad real y efectiva, en los ámbitos público y privado, de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales, o que manifiesten cualquier tipo de diversidad sexual y evitar su discriminación por esa consideración.

Entre sus novedades, la inclusión del sexilio, que define como el fenómeno social por el que las personas LGTBI+ se ven obligadas a emigrar por acciones discriminatorias por razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género, por su desarrollo sexual o pertenencia a familias LGTB1+. El concepto también incluye a aquellas personas que son discriminadas por ser percibidas como personas LGTB1+.

En sanidad, garantizar que todas las estrategias, planes, programas y actuaciones que desarrollen en el ámbito de las políticas sanitarias incorporen las necesidades particulares de las personas LGTBI+ o promover unidades o servicios de investigación y atención sexológica y biopsicosocial para mejorar el acceso a pruebas médicas específicas de prevención e intervención de infecciones de transmisión sexual o genital, entre otras.

También, estará garantizado el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida, siendo beneficiarías de manera individual todas las mujeres, hombres trans y personas con capacidad de gestar, así como sus parejas, si las tuvieran, con independencia de su estado civil y en régimen de igualdad y no discriminación.

Marina Echevarría: "Espero que no seamos durante más tiempo la reserva espiritual de Occidente"

Por su parte, Marina Echevarría, activista y presidenta del Consejo de Participación LGTBI, saludó la toma en consideración en las Cortes de la proposición de ley de igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+. “Espero que no quede empantanada y efectivamente no seamos durante más tiempo la reserva espiritual de occidente”, dijo.

En una declaración en los pasillos del parlamento, tras la votación que permite la tramitación de esta norma, aseguró que era un "día muy esperado" porque ya en la etapa de Juan Vicente Herrera se tomó en consideración otra propuesta legislativa que sin embargo no se pudo tramitar al prorrogarse el plazo de enmiendas, lo que hizo que se quedara en el “cajón”, a petición del “sector más integrista” del PP.

Asimismo, Marina Echevarría, catedrática de la Universidad de Valladolid y coordinadora de Sumar en Castilla y León, confió en que en esta ocasión la Comunidad se “normalice” y se sitúe al nivel del resto de autonomías que ya cuentan con una normativa autonómica de este tipo. Además, con ello, recordó se cumplirá la ley estatal de 2023 y se reconocerán los derechos del colectivo, más allá de declaraciones “formales”.

Con ello, remarcó, se facilitará que las personas puedan vivir sin sentirse “discriminadas”, “acosadas” o “no asistidas” en Castilla y León, donde recordó residen sus hijos y lleva viendo marcharse a personas desde hace más de 30 años porque sienten que aquí no pueden desarrollar su proyecto de vida.

Finalmente, Marina Echevarría aseguró que acompañarán a los grupos parlamentarios durante el trámite parlamentario para intentar que esta vez el proyecto salga adelante, aunque asumió que no será por unanimidad al estar presente Vox en las Cortes.