TRANSPORTES
El presidente de Renfe insiste en que Castilla y León pague el Avant para suplir las paradas eliminadas
Heredia argumenta que una ley de 2003 recoge que la alta velocidad es un servicio comercial y que en caso opuesto su coste recae en las comunidades

Álvaro Fernández Heredia, en una imagen de archivo.
La polémica por la supresión de paradas de AVE en Castilla y León ha sumado este martes un nuevo capítulo con la entrada en escena del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia. El máximo responsable de la operadora defiende la incorporación de un Avant que supla las frecuencias eliminadas, pero matiza que en ese caso el coste recaería en la Junta.
A través de un hilo en su perfil personal de la red social X, Fernández Heredia ha salido al paso de las exigencias de diferentes administraciones para que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de Óscar Puente dé marcha atrás con la nueva oferta de Renfe, vigente desde este lunes, y que suprime varias frecuencias de AVE en Segovia, Medina del Campo y Otero de Sanabria.
"En los últimos días he escuchado a algunos representantes de Castilla y León reivindicar que el ferrocarril debe ser un servicio público", arranca el presidente de Renfe. "No puedo estar más de acuerdo con ellos", agrega, para a renglón seguido arrancar con su argumentación.
Una argumentación que basa en que la ley 39/2003 del Sector Ferroviario, aprobada durante el gobierno de José María Aznar, tiene entre sus consecuencias que "los servicios 'comerciales' donde están incluidos la alta velocidad, se debían regir bajo criterios económicos de forma que fueran 'sostenidos' íntegramente por las tarifas de los viajeros".
Castilla y León
Mañueco tilda de "mazazo premeditado" la supresión de paradas de AVE en Castilla y León y urge rectificar a Puente y Sánchez
Diario de Castilla y León | El Mundo
En este punto, Fernández Heredia reconoce que "sin embargo, nada impide declarar como servicio público adicional una determinada conexión por su importante valor social". "La propia ley que hizo el PP en su art. 59 prevé esta posibilidad", pero matiza que "indicando que en ese caso, la financiación debe ser asumida por las comunidades autónomas".
Bajo esta argumentación, el máximo responsable de Renfe responde a las críticas de diferentes dirigentes políticos de Castilla y León. "Esta obligación legal es desconocida o ignorada (no se que es peor) por el Presidente de la Diputación de Zamora. Entiendo que es una forma de eludir su responsabilidad, engañar y desviar la atención de la falta de compromiso verdadero con el servicio público", apostilla en su contestación a las declaraciones de Javier Faúndez y con quien mantuvo recientemente una reunión de la que el presidente provincial no salió nada conforme.
En el mismo sentido, Fernández Heredia apoya su argumentación señalando que el planteamiento que propone para Castilla y León, en el que la Junta asume el coste de las líneas de alta velocidad consideradas de servicio público, no es ninguna excepción. Así, enumera que Extremadura, Cataluña, Andalucía, País Vasco y Aragón ya lo hacen con algunas conexiones.
"Hablan de 'recortes' cuando los únicos recortes de servicio ferroviario en Castilla y León fueron ocasionados por el 'Plan de Racionalización' de 2013 del Gobierno de Rajoy", insiste el presidente de Renfe, al tiempo que apostilla que "la realidad es que desde el 2018 no se ha dejado de aumentar la oferta con parada en Castilla y León ampliando el contrato del Estado con Renfe a excepción de la disrupción del COVID".
"El año pasado fue el de mayor oferta de la serie histórica", añade Fernández Heredia en su extensa explicación, "recuperando los recortes del pasado". "Un crecimiento de la alta velocidad del 69% y si tenemos en cuenta la alta velocidad larga distancia del 145%".
Insiste, además, en que este aumento de la oferta coincidió "al tiempo que se aplicaban políticas tarifarias ambiciosas desde 2022 cuyos resultados son récord históricos de viajeros que no dejan duda alguna. Un 40% de descuento adicional al 50% que ya se aplicaba".
"Desde Renfe apostamos porque los servicios comerciales presten toda la capilaridad posible al territorio. Y siempre respaldaremos, conforme a la legislación vigente, la creación de servicios públicos por parte de las administraciones. Así se ha hecho con las regiones que han apostado por sus territorios como Aragón, Andalucía, Extremadura, Cataluña y País Vasco. Renfe no entierra nada", sentencia.