Castilla y León propone incluir la crisis de las infraestructuras energéticas y de transportes en la Conferencia de Presidentes

El Gobierno de Castilla y León ha propuesto incluir en el orden del día de la Conferencia de Presidentes que se celebrará el 6 de junio en Barcelona el debate sobre la crisis de las infraestructuras energéticas, ferroviarias, de transportes y de telecomunicaciones.

Así consta en las propuestas remitidas el pasado viernes por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para su debate en el Comité Preparatorio que tendrá lugar este miércoles, día 28 de mayo, reunión de la que saldrá un orden del día definitivo y consensuado para la cita del 6 de junio.

Según informó la Junta a través de un comunicado recogido por Europa Press, su primera propuesta aboga por buscar un acuerdo en torno a las infraestructuras y los servicios estratégicos esenciales energéticos, ferroviarios, de transportes y de telecomunicaciones.

La Junta considera "fundamental" que el Estado y las comunidades autónomas alcancen consensos sobre el futuro de estas infraestructuras y recuerda las "sucesivas crisis nacionales" registradas en los últimos meses y semanas, "como el apagón, los problemas de las infraestructuras ferroviarias y su reflejo en la merma de la calidad de los servicios prestados por RENFE, o los cortes de cobertura móvil".

A ello ha sumado la supresión de las paradas de autobús o la reducción en las frecuencias de los trenes por parte del Gobierno de España con repercusión en Castilla y León. La Junta defiende que la coordinación entre administraciones en estos sectores es "vital" para asegurar la continuidad y la seguridad de los servicios "y para poder responder eficazmente a posibles crisis o emergencias futuras".

Asimismo, llama a las administraciones a buscar la mejor manera de adaptarse a los retos tecnológicos y medioambientales para poder asegurar el buen funcionamiento de estos sectores, "sin causar perjuicios innecesarios a la población de ningún territorio".

Por otro lado, Castilla y León volverá a proponer continuar con el debate sobre un nuevo modelo de financiación autonómica justo para todas las comunidades autónomas y que tenga realmente en cuenta las particularidades de cada territorio, punto que se llevó a la última Conferencia de Presidentes sin que se hayan materializado "avances tangibles", lamenta el Gobierno autonómico.

La Junta de Castilla y León insistirá en que es "conveniente recuperar" este debate y volverá a plantear sus propuestas para avanzar en la cohesión entre comunidades autónomas, incluido el estado de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y las entidades locales.

Según informaron las mismas fuentes, la Junta pedirá debatir sobre la condonación de la deuda a las comunidades autónomas a la que se opone el Gobierno de Castilla y León en los términos planteados por el Gobierno "por significar una mutualización de la deuda entre todos los españoles, no garantizando la igualdad entre ciudadanos de diferentes comunidades autónomas".

La Junta recordó al respecto que este tema no fue tratado en la Conferencia de Presidentes de diciembre pero sí se trasladó al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) presidido por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Otra de las propuestas de la Junta para la cita del 6 de junio es abordar el control de las fronteras nacionales y la inmigración como competencias exclusivas del Estado, "especialmente a la luz de las preocupaciones suscitadas por el anuncio de cesión de competencias en dichas materias a ciertas comunidades autónomas", precisan las mismas fuentes.

Por último, la Administración autonómica volverá a trasladar la necesidad de tratar los problemas derivados del déficit de personal sanitario (médicos y enfermeros), sobre todo en determinadas especialidades.

Respecto a las dos propuestas adelantadas por el Gobierno central, la educación y la vivienda, la Junta considera que son "aceptables" y ve "conveniente" debatir sobre la situación actual del sistema educativo español y su adaptación al nuevo marco normativo que regula tanto el sistema universitario, a través de la LOSU, como la formación profesional, a través de la Ley Orgánica de 2022.

En este sentido, la Junta de Castilla y León ha pedido abordar en ese punto del orden del día el modelo de educación gratuita de 0 a 3 años, "financiado al cien por cien por la Administración autonómica", recuerda, y trasladará al Gobierno la necesidad de que se implique también en colaborar con esta financiación por ser un tramo educativo de carácter obligatorio.

En cuanto a la vivienda, la Junta considera "fundamental" la coordinación entre las administraciones competentes "para garantizar un acceso equitativo a la vivienda digna y para enfrentar desafíos como la subida de precios o la escasez de oferta inmobiliaria" por lo que estima "oportuno" llegar a acuerdos en este sentido en el seno de la Conferencia de Presidentes.

En todo caso, han aclarado las mismas fuentes, el Gobierno de Castilla y León propondrá incluir de forma específica el problema de la okupación de viviendas "para avanzar en la seguridad jurídica de los propietarios y proteger su derecho a la propiedad".

El consejero de la Presidencia trasladó por su parte que espera "receptividad" por parte del Ministerio y del resto de comunidades autónomas a las propuestas formuladas por la Junta de Castilla y León y ha reiterado su deseo de que la Conferencia de Presidentes sea "un espacio de diálogo y consenso" en el que se logren "compromisos efectivos que mejoren realmente la vida de los ciudadanos y que fortalezcan la colaboración entre administraciones".

González Gago basó las propuestas de la Junta en las preocupaciones de los ciudadanos de Castilla y León y que también ve "de interés nacional" desde el convencimiento de que se trata de problemas que se manifiestan por igual en todas las comunidades autónomas.

"Es muy importante alcanzar acuerdos en el seno de la Conferencia de Presidentes, máximo órgano de cooperación multilateral, para abordar los desafíos comunes que enfrenta la sociedad en su conjunto y los asuntos de mayor calado político y es igualmente importante que estos acuerdos puedan llevarse posteriormente a la práctica", ha pedido.