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POLÍTICA

El PSOE vuelve a señalar a Pollán tras la dimisión del letrado mayor de las Cortes: "Llega tarde y es insuficiente"

Patricia Gómez señala que está bien la dimisión del secretario, pero "habrá que dirimir más responsabilidades"

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Patricia Gómez, en una imagen de archivo

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Patricia Gómez, en una imagen de archivoICAL

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Diario de Castilla y León | El Mundo
Valladolid

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La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez, afirmó que la renuncia del secretario-general letrado mayor de las Cortes de Castilla y León, Marcos Herrero, "llega tarde y es insuficiente" ante “la gravedad de los hechos” por el contenido condenatorio del auto del TSJ.

Gómez, en un audio difundido por su grupo, explica que llega tarde porque “debería haber sido cesado” cuando se pidió ayer por los grupos en la Junta de Portavoces y es insuficiente ya que apuntó que “el responsable último” es el presidente de las Cortes, Carlos Pollán.

“Habrá que dirimir más responsabilidades”, señala la portavoz socialista, que refiere el auto conocido hace unos días que condena a la Mesa de las Cortes a ejecutar la sentencia de noviembre de 2024. En este punto, recuerda que el TSJ señala que “todo parece indicar” que la modificación de la relación de puestos de trabajo se realizó para no cumplir la sentencia anterior.

Así, califica los hechos de “una gravedad incuestionable” y advierte de que ayer el presidente de las Cortes, a preguntas suyas, “no supo responder” si conocía la sentencia y sí se ha ejecutado, más cuando se tienen que pagar las costas del heraldo público, “La dimisión está bien pero es insuficiente”, resume.

Precisamente, la portavoz socialista exigió ayer, tras la Junta de Portavoces, la dimisión de Carlos Pollán al considerar que el asunto iba más allá del letrado mayor y que el presidente de las Cortes no respondió a sus preguntas.

El TSJ de Castilla y León ha tumbado cuatro resoluciones del letrado mayor en relación al cese de su puesto de una funcionaria, a quien en el último auto se ordena restituir en el puesto y se remite todos los hechos al juzgado por si hubiera indicios de un presunto delito de acoso laboral.

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