El PP exige asesoramiento externo para los miembros de la Mesa de Cortes ante la "indefensión" tras las condenas del TSJ

"Indefensión" y asesoramiento externo. Eso es lo que denuncia el PP que sufren los miembros de la Mesa de las Cortes de Castilla y León y lo que reclaman ante la retahíla de sentencias condenatorias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) contra las Cortes. La situación ha alcanzado tales cotas que desde el Grupo Parlamentario Popular, a través de un escrito remitido a la Mesa por el vicepresidente Francisco Vázquez, exigen ya "debido asesoramiento jurídico" para los miembros de la Mesa ante la "indefensión jurídica" que aseguran padecen los parlamentarios que integran este órgano de gobierno.

Así se recoge en el documento interno al que ha tenido acceso este periódico y que firma el vicepresidente primero del Parlamento autonómico, Francisco Vázquez, quien además lo dirige directamente a la Mesa. En dicho documento, Vázquez reclama un acuerdo de la propia Mesa para contar con "el debido asesoramiento jurídico a los miembros de la misma, donde no confluyan conflicto de intereses con los implicados en los procedimientos contenciosos y penales, a fin de que no estemos inmersos en una indefensión jurídica que atente contra nuestros derechos fundamentales".

Esta petición de Francisco Vázquez se produce pocos días después de que se conociera una nueva sentencia del TSJ que ordenaba a las Cortes restituir en su puesto a la funcionaria que había denunciado al letrado mayor y secretario general del Parlamento, Marcos Herrero Martínez-Tutor, por acoso. Una sentencia que, además, era la cuarta que ganaba esta jefa de servicio y que volvía a poner en entredicho la labor del jurídico.

"A la vista de las sentencias recaídas en materia de personal, el que suscribe, en repetidas ocasiones", añade Vázquez en el escrito, "ha solicitado asesoramiento jurídico externo para la toma de decisiones en materia de función pública, toda vez que los miembros de la Mesa no han sido informados de los procedimientos llevados a cabo hasta mucho tiempo después de dictarse hasta cuatro sentencias por parte de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, desconociendo si han sido ejecutadas como se ha acordado por la Mesa".

De esta forma, el documento del PP pone de manifiesto que entre los miembros del principal órgano de gobierno de las Cortes de Castilla y León han surgido importantes desconfianzas con respecto al que debería ser el asesor jurídico del mismo por, precisamente, todas esas iniciativas impulsadas por él y que han acabado con sentencias condenatorias para el Parlamento.

En todo caso, el documento que Francisco Vázquez ha dirigido a la Mesa de las Cortes es mucho más extenso. Comienza señalando que "al comienzo de cada Legislatura, siempre, los miembros de la Mesa de las Cortes de Castilla y León ratifican la propuesta del Presidente del Nombramiento del letrado mayor - secretario general, el cual asesora e informa jurídicamente a la Cámara, como máximo experto en Derecho, siguiendo los miembros de la Mesa, en la práctica totalidad, los informes que emite en tal condición".

Es esto, precisamente, lo que ha llevado a que la Mesa votara a favor de las iniciativas presentadas por Herrero hasta que tiempo después sus miembros se han encontrado con que algunas de ellas han supuesto tal conflicto que han acabado en los tribunales y con sentencias en contra de las propias Cortes de Castilla y León.

En este sentido, el documento también incide en que "el secretario general - letrado mayor no es únicamente un mero asesor jurídico, también es el jefe superior de todo el personal de estas Cortes y toma las decisiones correspondientes a esta materia sin que los miembros de la Mesa tengan conocimiento alguno sobre ellas y, por lo tanto, no pudiendo ser ratificadas por los mismos".

De esta forma, Vázquez se aparta a sí mismo y al resto de miembros de la Mesa de toda la polémica que rodea a la denuncia por acoso que una funcionaria presentó contra Herrero. No solo eso, sino que la denunciante también ha ganado su cese como jefa de servicio de gestión administrativa, ordenado por el letrado mayor; el nombramiento de su sucesor; el galimatías del jurídico que supuso la modificación de la RPT para tratar así de dar respaldo a sus voluntades; y las bases para convertirse en técnico económico-financiero.

No solo eso, sino que es funcionaria también ha recurrido el nombramiento de un interventor al considerar que no puede ocupar el puesto por ser una persona en prácticas. No obstante, sobre esta cuestión la sentencia todavía no se ha visto.

Y frente a todo esto, "hasta diciembre de 2024 en que se solicita, en escrito de 20 de noviembre de 2024 con nº 7.092 del Registro en entrada de las Cortes de Castilla y León, que se dé traslado de todos los escritos dirigidos a los miembros de la Mesa, no hemos sido debidamente informados de las actuaciones judiciales que hasta ese momento se llevaban a cabo", insiste Vázquez.

En este sentido, el vicepresidente de las Cortes asegura haberse enterado "con bastantes meses de retraso del procedimiento penal en el que se encuentra inmerso el secretario general - letrado mayor". "También me he visto en la obligación de solicitar verbalmente, en reiteradas ocasiones, asesoramiento externo en esta materia, ante las posibles repercusiones penales en que los miembros de la Mesa de las Cortes puede incurrir ante las actuaciones llevadas a cabo por el secretario general y de las cuales carecemos de información", apostilla.

Asimismo, y al hilo de esto último, Francisco Vázquez remarca que "ante los diferentes procedimientos contenciosos y penales, en que el personal de estas Cortes se encuentra sumido", los miembros de la Mesa tienen "conocimiento sesgado y parcial".