Ecologistas exige revocar los permisos de incineradoras en Castilla y León

Ecologistas en Acción reclama al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que revoque las autorizaciones de incineración de residuos en El Bierzo y La Robla (León), Venta de Baños (Palencia) y Ólvega (Soria) y que renuncie a la macroincineradora proyectada para toda Castilla y León.

Una petición que surge tras reciente giro de timón por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos a costa de la incineradora proyectada a las afueras de la ciudad y que, pese a tratarse de una iniciativa ideal según el Partido Popular, finalmente no se hará. No en vano, esa era la idea: que la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) construyese dicha instalación como complemento de las obras de modernización del Centro de Transformación de Residuos (CTR) ubicado junto al barrio de Cortes.

En paralelo al frustrado proyecto burgalés, Ecologistas pide a Suárez-Quiñones que abandone sus planes de promover una macroincineradora para los residuos municipales de toda la región, pendiente de ubicación y con capacidad para quemar hasta medio millón de toneladas anuales de desechos, tal y como señaló la organización a través de un comunicado de prensa.

Esta propuesta, dada a conocer por el colectivo ambiental el pasado mes de abril, fue trasladada con «gran secretismo» por la Junta de Castilla y León a las diputaciones provinciales, los consorcios de residuos y los ayuntamientos de Burgos, Soria y Valladolid mediante un convenio. De esta forma, se pondría en marcha «una única planta de valorización que preste servicio a toda la Comunidad, desechando, por ineficiente, la posibilidad de diseminar una serie de plantas de menor tamaño por distintos puntos de la geografía regional».

Asimismo, Ecologistas en Acción solicita que se revoquen las autorizaciones ambientales para la incineración de residuos en las fábricas de cemento ubicadas en las localidades leonesas de La Robla y Toral de los Vados (El Bierzo) y en el municipio palentino de Venta de Baños, con capacidad conjunta para la combustión de 257.000 toneladas anuales de todo tipo residuos, así como la autorización ambiental de la incineradora de residuos peligrosos ubicada en la localidad soriana de Ólvega, con capacidad para quemar 6.000 toneladas al año de disolventes residuales.

Este periódico preguntó ayer a la Consejería de Medio Ambiente sobre esta revocación sin obtener aún una respuesta. El pasado 16 de abril, durante su comparecencia tras el Consejo de Gobierno de la Junta, Suárez Quiñones negó que exista un proyecto para una macro incineradora de residuos en Burgos.

Del ‘sí’ al ‘no’ en 24 horas

Mientras la Consejería guarda silencio, el PP tiene que lidiar en Burgos con un nuevo revés que le obliga a recular tras el clamor ciudadano contra la incineradora. Un nuevo ejemplo de ‘donde dije digo, digo Diego’ después de defender el proyecto y, a continuación, descartarlo como si nada.

La portavoz municipal, Andrea Ballesteros, y el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, comparecían ayer juntos, por lo «trascendental» de una decisión que ya había desvelado la alcaldesa, Cristina Ayala, para confirmar que el pasado viernes se remitió un «escrito» a Somacyl en el que se solicitaba que antes de licitar la actuación se modifique el proyecto y se retire la controvertida incineradora. La misma que el edil había defendido en rueda de prensa 24 horas antes con notable vehemencia, tras acusar a la plataforma de «manipular y engañar» a los burgaleses con el propósito de «atemorizar y confundir».

Aquí caben dos opciones. O Niño desconocía entonces que se barruntaba una rectificación o lo ocultó. En todo caso, negó sentirse desautorizado por Ayala: «En absoluto», respondió, tajante, mientras descartaba la posibilidad de dimitir pese a lo ‘accidentado’ de la gestión de tan espinoso asunto.

Quiso salir al paso Niño esgrimiendo que en el PP burgalés «las decisiones se toman en equipo». Y reconocer, acto seguido, que la última palabra la tiene la regidora. Es decir, fue Ayala quien tras conocer el sentir de particulares, asociaciones y ayuntamientos próximos al Ecoparque optó por recular. Clave tuvo que ser el quinto y último encuentro mantenido con los detractores del proyecto el jueves por la tarde, pues horas antes el mensaje era una defensa a ultranza de la incineradora y un día después se reclamaba su paralización.

El concejal de Medio Ambiente negó además que la reunión fuera un punto y aparte, pero la cronología de los hechos hace que tal afirmación se tambalee. Sí detalló, no obstante, que esa cita sirvió para conocer a fondo «las preocupaciones» de la plataforma «y todo lo que se iba a hacer».

Pese a la decisión tomada, Niño insistió en que, tal y como ha reiterado durante meses, «no es que consideremos que el hecho de que haya una incineradora en Burgos sea peligroso para la ciudadanía porque no lo es». Lo que al parecer cambió entre el jueves y el viernes es que «hemos escuchado a la calle y hemos entendido que existe en este momento una alarma ciudadana, aunque no esté basada en hechos claros o concretos».

La pelota está ahora en el tejado de Somacyl, que tendrá que aceptar la petición de Ayala y promover un modificado del proyecto y los pliegos para adjudicar los trabajos, lo que retrasará una reforma que las instalaciones necesitan con urgencia. Cuando se solvente esta cuestión, tocará decidir qué se hace con el residuo orgánico del contenedor gris del que iba a ocuparse la incineradora.

A este respecto, Niño aseveró la semana pasada que no contemplaban trasladarlo al vertedero, ya que la ley en vigor marca que solo se derive allí un 10% del residuo total y prioriza precisamente la valorización de este tipo en concreto vía combustión. «Será muy difícil llegar», asumía el edil, para incidir en que las exigencias de la normativa son muy altas. «No obstante, no vamos a dejar de trabajar para conseguirlo», apostilló.

En base a ello, la macro incineradora ideada por la Junta de Castilla y León podría ser una solución porque permitiría al Ayuntamiento de Burgos dar una «salida viable» -la misma, pero más lejos, a priori- a la materia orgánica en cuestión. Sin embargo, se desconoce siquiera el plazo aproximado para que esa instalación, de la que solo se conoce la intención -desvelada el pasado mes de abril por Ecologistas en Acción-, entre en funcionamiento en la ubicación elegida, de la que nada se sabe tampoco.

En el plano político, la portavoz municipal rechazó que este cambio de parecer pueda ser considerado un fracaso del PP al frente del Ayuntamiento de Burgos. «No lo entendemos así. Consideramos que por el principio de prudencia es la mejor opción, la correcta», destacó.

Ballesteros también defendió que «el momento para hacerlo es el actual porque estamos en un punto inicial todavía, antes de proceder al inicio de la licitación, y la decisión i fuera en un momento posterior a la adjudicación, la futura adjudicataria seguramente tendría unos derechos adquiridos». Por otro lado, criticó el «cinismo» del PSOE al cargar contra un proyecto que «impulsó» Daniel de la Rosa en el anterior mandato como alcalde. Dicho esto, deslizó que «lo mínimo que se pide a una oposición responsable es coherencia».

«Hipocresía política»

Ante este panorama, el grupo municipal del PSOE no desaprovechó la oportunidad de arrimar el ascua a su sardina pese a reconocer que ellos hubiesen hecho exactamente lo mismo en caso de mantenerse en el poder. ¿Quizá antes? Quién sabe, aunque así se deje entrever.

«Hemos tenido que adaptar nuestra posición por responsabilidad», aseguraba ayer el viceportavoz socialista, Josué Temiño, al remarcar que las circunstancias actuales son «diferentes». Básicamente, porque en 2022 no se tenía constancia de que la Junta contemplase la opción de levantar una macroincineradora para quemar los residuos de toda la Comunidad.

El propio Temiño no oculta que el PSOE movió ficha cuando «la ciudadanía empezó a mostrar preocupación». Por eso se rechazó la resolución definitiva de la autorización ambiental en la Comisión regional de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio del pasado 9 de abril. Y lo mismo en el Consorcio Provincial de Residuos, cuando se puso sobre la mesa un convenio a 40 años vista con Somacyl para la creación de la macroplanta.

Explicó además Temiño que, allá por 2022, se plantearon «tres alternativas» para el CTR de Cortes. Fue entonces cuando los técnicos indicaron que «la mejor opción era esta». Nadie objetó nada y ya en abril del 23 se abrió el periodo de exposición pública para presentar alegaciones. Después, «el recorrido sigue y no sabemos nada hasta la declaración de impacto ambiental en julio de 2024».

Lo que los socialistas sugieren ahora es que se modifique el proyecto para abordar el reacondicionamiento del «malogrado» Centro de Tratamiento de Residuos de Cortes. Para ello, no queda más remedio que hablar con Somacyl y concretar «si le interesa acometer esas obras o no». En cualquier caso, Temiño no desaprovechó la ocasión de cargar contra Ayala por su «hipocresía política».

«A la tercera va la vencida», sentenciaba el viceportavoz socialista recordando episodios anteriores como el polémico recorte a las ONG que trabajan con población migrante -ahí se rompió el bipartito con Vox- o el plan B tras la oposición a los parkings en altura que ha derivado en un aparcamiento -que también genera rechazos- en el parque de Buenavista.