El Común pide más plazas en residencias de Castilla y León en lugar de sustituirlo por 510 euros de ayuda
El Procurador critica el «protagonismo» de la prestación económica (el triple que el país), que debería ser «excepcional»
Exige «planificación» para atajar la espera y la «demanda insatisfecha»
Un usuario realiza ejercicios en la unidad de convalecencia de una residencia pública de Valladolid.
Esta investigación del Procurador del Común surge a raíz de una queja particular –una persona dependiente tras sufrir un ictus que acaba recurriendo a una residencia privada porque no hay plazas públicas o concertadas disponibles– pero refleja un problema estructural que afecta a muchas otras familias de Castilla y León. Esa falta de hueco no es puntual, no obedece a un pico imprevisto de solicitudes, ni tiene visos de corregirse por sí sola a la vista del perfil demográfico de esta tierra. Por eso el equipo de Tomás Quintana reclama «una ampliación de las plazas residenciales públicas y concertadas suficientes para atender la demanda insatisfecha».
Así lo expresa el ‘defensor del pueblo’ de Castilla y León en una resolución en la que pide a la Consejería de Familia y Servicios Sociales una «planificación de las plazas necesarias». «Que se promueva la plena efectividad del Catálogo de servicios sociales mediante la constitución de una red suficiente y adecuada para satisfacer las necesidades específicas de atención a la dependencia, reducir las listas de espera, garantizar el acceso rápido a la atención concedida y el carácter excepcional de las prestaciones económicas», resume.
Su postura supone un tirón de orejas al departamento que dirige la vicepresidenta Isabel Blanco por abusar de la llamada ‘prestación económica vinculada’, que es la alternativa que ofrece la administración cuando no dispone de una plaza residencial para atender al usuario y que supone el abono de 510,11 euros para sufragar la estancia en un centro privado.
Así está previsto en la normativa, pero Quintana recuerda que ese es el plan B, «un mecanismo subsidiario para paliar la escasez de recursos públicos o concertados». Sin embargo, añade, «su claro protagonismo revela una falta de recursos suficientes para cubrir la demanda existente».
Apoya su argumentación en los datos del Observatorio de la Dependencia. En su último dictamen, publicado el pasado mes de febrero, sitúa a Castilla y León muy por encima de la media española en las prestaciones económicas vinculadas a un servicio privado: el 29,4% autonómico casi triplica el 10,48% de media nacional. Se trata de una «singularidad» de Castilla y León (junto a Extremadura) que supone abonar a las personas dependientes 510,1 euros por su estancia en una residencia y 319 euros por asistir a un centro de día.
El dictamen de la Asociación de Directoras y gerentes de Servicios Sociales subraya que esta prestación económica ofrece «ventajas» a la Administración al «dar alta cobertura con relación a su coste real». «Los territorios que han optado por favorecer esta prestación económica están obteniendo aparentemente mejores ratios de cobertura, de creación y mantenimiento del empleo y de generación de retornos», expone el Observatorio citando los casos de Extremadura (donde representa el 45,6%), Castilla y León (29,4%) y Canarias (24,7%)
La generalización de esta prestación económica impacta en el promedio de gasto público por persona dependiente, que en Castilla y León se sitúa en 4.374 euros. Ese número «se mantiene alejado de la media nacional (5.981€), con una diferencia de -1.607 € y un diferencial del -27%, como consecuencia -entre otras cuestiones- del importante peso de las PVS [prestación vinculada al servicio] en su cartera de servicios frente al resto de las comunidades».
El Procurador del Común recuerda que los servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) «tienen carácter prioritario (frente a las prestaciones económicas) y deben prestarse a través de la oferta pública de la Red de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma mediante centros y servicios públicos o privados concertados debidamente acreditados». Además, insiste en que «que todas las personas en situación de dependencia tienen derecho a acceder a esta red en condiciones de igualdad efectiva y no discriminación» y el «deber de la Administración de garantizar a los ciudadanos la prestación de los servicios sociales esenciales de su elección en un plazo razonable».
En este contexto, Quintana considera «que la efectividad del desarrollo del sistema requiere la existencia de una red de servicios suficiente y adecuada para satisfacer las necesidades específicas de atención, con una adecuada planificación de los recursos o dispositivos necesarios y su consecuente creación, aumento o adaptación para dar, así, cobertura a la demanda real insatisfecha por la existencia de una oferta pública insuficiente de plazas».
«Se trata, por tanto, de ir incrementando las plazas públicas y concertadas de la red del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla y León para paliar, de esta forma, la insuficiente oferta de servicios sociales esenciales que condiciona la inevitable atención desde el sistema privado».
"Al albur del mercado"
El último dictamen del Observatorio de la Dependencia sostiene que la generalización de esta prestación económica revela «enormes diferencias» entre unas autonomías y otras, «un elemento más» que define el «desigual sistema» de atención a la dependencia. Los gerentes –que se posicionan a favor de este mecanismo siempre y cuando concurran algunas condiciones mínimas, como la decisión libre del usuario, una limitación de precios para que no operen únicamente los mecanismos de mercado de oferta y demanda» y «asegurar y ejercer la inspección y el control públicos»– alertan también «de los peligros que representaría la prestación económica vinculada al servicio cuando nadie asegura que la persona usuaria no quede al albur de las condiciones que imponga el mercado y que su acceso no quede restringido a las personas con rentas medias y bajas y a las personas que requieran cuidados de alta intensidad».
«En todo caso, sí parece haber un impacto negativo para las personas usuarias cuando se les impone un primer copago (es decir, un descuento en la prestación en función de su renta y patrimonio) y un segundo copago (jocosamente «repago») consistente en la obligación de asumir el importe del resto del servicio facturado más allá de la prestación. Como es habitual, el impacto indeseable se produce mayoritariamente en las rentas medias», expone en su último informe la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.