Menos vigilancia al turismo rural: las inspecciones caen a la mitad hasta las 194 en Castilla y León

Hay alojamientos rurales que recibieron la visita de un inspector cuando abrieron sus puertas y desde entonces nadie ha vuelto a pisar por allí para comprobar que cumplen la normativa. Aumentar la vigilancia es una vieja reclamación de las asociaciones de propietarios, pero los últimos datos muestran una caída a la mitad del control: de las 437 inspecciones realizadas en 2019 a las 194 computadas 2024.

La estadística de la Consejería de Cultura y Turismo revela, además, una desigual distribución entre unas provincias y otras. En León, por ejemplo, fueron 48 las visitas realizadas el año pasado. En Valladolid, cero, según consta en la respuesta escrita del consejero Gonzalo Santonja a una pregunta del grupo socialista en las Cortes de Castilla y León.

Fuentes de Turismo explican que «en este momento» todas las provincias disponen de un inspector (dos, en el caso de Burgos) pero «con frecuencia» no realizan esta tarea con dedicación exclusiva sino que compatibilizan la función inspectora con otros cometidos. Además, en ocasiones la labor puede quedar desierta en «situaciones transitorias» como una baja laboral.

«Todo depende de la situación en la que se encuentre cada provincia en cada momento, que puede llevar a la necesidad de esa no exclusividad en las funciones inspectoras. Ejemplo claro de estas variaciones es la provincia de Palencia, que ha estado un periodo de tiempo sin inspector y a esta fecha ya dispone de él», explican fuentes de la Junta.

Otro ejemplo es Ávila, donde han estado «dos años sin inspector», cuenta Luis Chico, presidente de la Asociación de Empresarios de Turismo Rural de Castilla y León y de Valladolid, un colectivo lleva dos décadas reclamando más vigilancia y determinación para corregir las irregularidades que los socios detectan en el sector del turismo rural.

El caso de Ávila es simbólico. La provincia con mayor concentración de alojamientos rurales, que supera ya el millar de negocios (uno de cada cuatro de cuantos existen en Castilla y León), apenas registró seis inspecciones en 2024 y en 2023 fueron cero. Antes de la pandemia, en el año 2019, hubo 73 actuaciones inspectoras en esa provincia.

Matizan desde Turismo que la labor inspectora no sólo consiste en realizar visitas in situ sino también en comprobaciones documentales para chequear el correcto funcionamiento de las empresas. «Por ejemplo, actividad inspectora en la oficina es la que se realiza al comprobar una denuncia que proviene de la Guardia Civil, que ya no requiere la visita física, sino la comprobación y la apertura, en su caso, del correspondiente expediente», indican.

En efecto, ese control de la inspección puede nacer de las actuaciones de oficio pero también de la información que llega a los servicios turísticos. «Se está trabajando administrativamente para hacer frente a los picos de denuncias con la mayor eficiencia posible, de forma equilibrada en todas las provincias», contextualizan desde Turismo.

«Desde la Dirección General nos dicen que denunciemos nosotros», lamenta Chico, al subrayar que el control es competencia de los servicios territoriales en cada provincia. Constata también que en ocasiones, cuando han notificando algún incumplimiento, se han encontrado con que la Administración no actúa para corregirlo.

Reconoce el presidente de los alojamientos rurales de la provincia de Valladolid que falta personal, que un inspector por provincia resulta escaso para cubrir la extensa red de alojamientos rurales (hay 4.200 en Castilla y León) y del resto de categorías, porque el mismo inspector se encarga de vigilar hoteles, viviendas de uso turístico, apartamentos, restaurantes y bares. «A lo mejor, además, de ese jefe de sección, habría que disponer de un equipo de técnicos», propone, un batallón de vigilantes que garantice una mayor supervisión. Muy en especial en los picos de máxima afluencia, como es el caso de estos días de Semana Santa, cuando resulta más pertinente la presencia de estos empleados públicos al aumentar las irregularidades. «Estos días están de vacaciones hasta el día 27; no les ves el pelo», asevera.

Un mayor control serviría para ‘limpiar’ la base de datos oficial de la Junta, donde «sobran un millar de alojamientos», asegura Chico. Desde la asociación calculan que en torno al 20% de los alojamientos que figuran en el registro de Castilla y León no están, en la práctica, en funcionamiento de forma regular. O admiten reservas sólo «en Semana Santa y algún puente».

Cuenta también que esa falta de inspectores genera embudos en la tramitación de expedientes, de modo que algunos negocios echan a andar firmando una declaración responsable y puede pasar un año hasta que se realiza la primera visita de control tras la apertura. Otros, asegura Chico, funcionan de forma clandestina. «¿Quién repasa las listas de plataformas como Airbnb o Booking? ¿Por que no comprueban esos anuncios de establecimientos que no están dados de alta?», se queja el presidente del colectivo.

Desde la Junta aseguran que vigilan que los alojamientos cuentan con los papeles en orden. Preguntada sobre los incumplimientos más frecuentes, desde la Consejería explican que «existe una variada tipología», pero «tal vez los más habituales sean la publicidad sin haber presentado la declaración responsable que permite el desarrollo de la actividad». También, «la falta de hojas de reclamaciones, la falta de publicidad de precios o de justificantes de pago», entre otras carencias detectadas de forma recurrente por sus inspectores.

Las actuaciones de la inspección (ya sean de oficio o a raíz de una denuncia) pueden desembocar o no en una sanción. Las 194 inspecciones realizadas en Castilla y León el año pasado generaron la apertura de 16 expedientes sancionadores. Por provincias, León es la que registró un mayor número (48 inspecciones, 10 sanciones). La distribución de inspecciones y sanciones en el resto de provincias resulta como sigue: Ávila (6 inspecciones, cero sanciones), Burgos (23 inspecciones, dos sanciones), Palencia (catorce inspecciones, cero multas), Salamanca (28 inspecciones, una sanción), Segovia (38 actuaciones, cero multas), Soria (14 y 2), Valladolid (cero visitas, sólo una comprobación documental, y cero multas en 2024) y Zamora (22 inspecciones, un expediente sancionador).

Desde el año 2019, las inspecciones turísticas han caído no sólo en los alojamientos rurales, sino también en otras categorías. En las viviendas de uso turístico (en auge en los últimos años, con 700 nuevas sólo durante el último ejercicio), las inspecciones han descendido de las 1.143 del año previo a la pandemia a las 880 del pasado ejercicio. Y las de los apartamentos se han desplomado también la mitad, de 141 a 68 en un lustro.

En total, las 1.721 actuaciones inspectoras en estas tres categorías derivaron en 2019 en 65 sanciones, una actuación que cae en cinco años hasta las 1.142 con sus 44 multas del año pasado.