La Junta podrá retirar el arma a la Policía Local y abrir procesos disciplinarios

La nueva Ley de Coordinación de Policías Locales, cuyo anteproyecto ayer aprobó la Junta de Castilla y León en el Consejo de Gobierno, permitirá al Ejecutivo autonómico retirar el arma de los agentes y abrirles procesos disciplinarios en el caso de que los ayuntamientos, quienes tienen las competencias en esta materia, así lo soliciten. Asimismo, la posibilidad de quitar su arma a los uniformados llegará sin perjuicio a las competencias de intervención de armas que corresponden a la Guardia Civil, para lo cual se aprobará de un código ético de conducta y un gabinete técnico en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que será un órgano asesor.

El consejero de este departamento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, compareció ayer tras la Celebración del Consejo de Gobierno de la Junta para anunciar la aprobación de este nuevo anteproyecto, que sustituirá a la normativa vigente que data de 2003.

Esta iniciativa, que nace del consenso entre administraciones, cuerpos policiales y agentes sociales, responde a la evolución del papel de las policías locales y busca modernizar su organización, funciones y formación, adaptándolas a las demandas actuales de la ciudadanía y del entorno normativo, según destacó.

El consejero consideró que la nueva normativa, consensuada con los agentes implicados, contará con el apoyo del Parlamento autonómico al ser «una ley moderna, muy participativa y que responde a las peticiones y expectativas sociales de los ayuntamientos y de los agentes y que permitirá dar importancia a la labor que realiza la Policía Local».

Respecto a la posibilidad del nuevo régimen para que la Junta pueda retirar el arma, el consejero señaló que la normativa establecerá las causas y los expedientes para realizarlo «inmediatamente», a pesar de que sea competencia de la Guardia Civil.

Para ello, se establecerán una serie de principios básicos de actuación, que marca la Ley, que se incluirán en el código ético de conducta que se elaborará en el desarrollo reglamentario de la ley.

En cuanto al gabinete técnico de la Consejería asesorará en materias de coordinación, materias operativas y en materias propuestas relativas a lo que sea necesario llevar al Consejo de Cooperación Local y llevar en la ejecución de la norma.

Para una mayor homogeneización de los cuerpos de la Policía Local, la ley dedica un capítulo a aspectos como la uniformidad, la acreditación profesional, los vehículos policiales, elementos de movilidad, la imagen corporativa, armamento y el régimen de la retirada y recuperación del arma, informa Ical.

Suárez-Quiñones indicó que el proyecto nace con consenso de los policías, ayuntamientos, sindicatos y asociaciones de lo «rural y lo urbano» y pivota sobre unos objetivos generales que pasan por potenciar la promoción interna y la movilidad de los efectivos policiales y por tanto, acelerar o ahondar en la consideración de la vida familiar y profesional y el desarrollo de la carrera profesional y policial, que tenía actualmente una posibilidad insuficiente para su despliegue.

También pretende la actualización del régimen de formación, alcanzar mayores cotas de homogeneización en los cuerpos de policía local e incrementar las capacidades de coordinación de la Junta de Castilla y León en esta materia.

Nuevas competencias

Además, previo convenio con la Junta y los ayuntamientos, los policías locales podrán adquirir nuevas competencias en materia de cumplimiento de disposiciones y órdenes singulares dictadas por la Junta, en materias relativas a la mujer, la protección del menor, el medio ambiente y también funciones de vigilancia y protección de personas, órganos, edificios o intereses y bienes gestionados por la Comunidad.

A esto se suma, la posibilidad de inspeccionar actividades sometidas a ordenación o disciplina por parte de la Junta de Castilla León o la actualización legal en la orden y ejecución forzosa de actos o disposiciones de la Administración de la Comunidad Autónoma. «Se potencia la labor de coordinación, por ejemplo, en la fijación de bases comunes para todas las categorías policiales, es decir, que el anteproyecto recoge una mejor coordinación de la Junta en materia de formación y especialización».

La nueva normativa determinará, además la estructura y organización de los cuerpos jerárquicamente, en escalas y categorías, la selección, la movilidad horizontal y vertical, la promoción, movilidad y la posibilidad de ascenso, incluso, desde categorías inferiores. También incluirá el plan de carrera profesional vertical y horizontal y los procesos efectivos unificados para todas las categorías.

En cuanto al estatuto personal se regulan derechos y deberes de los policías. Es decir, los premios, condecoraciones y distintivos, lo relativo a salud laboral y la regulación de la segunda actividad, donde se incluyen novedades tanto en edad como en la inclusión de la causa de embarazo o lactancia de la mujer, que se combina y se suma a las otras mejoras en materia de flexibilidad y de conciliación de la vida familiar y personal.

También incluirá lo referente a retribuciones, el régimen jurídico de los funcionarios en prácticas, «que también es algo que necesita una regulación extensa y correcta, y el régimen de jubilación», según apostilló el consejero.