Pacientes con cáncer denuncian el freno de las aseguradoras a tratamientos caros

La denuncia de oncólogos de referencia sobre la restricción de tratamientos caros contra el cáncer por parte de Atrys-Bienzobas salta a Castilla y León. Mientras la «angustia» se apodera de los diferentes pacientes que se dirigen a Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), para conocer la verdad de sus terapias y si son las más efectivas bajo recomendación de sus aseguradoras, fuentes sanitarias confirman a este periódico la existencia de pacientes afectados en la Comunidad cuando estaban acogidos a una asistencia privada y cuya atención ha sido recibida por Sacyl para completar los tratamientos debidamente pautados según el tipo de diagnóstico.

«No es nuevo, lleva pasando bastante tiempo», confirman las mismas fuentes sanitarias un día después de publicar el diario ABC la existencia de decenas casos en los que Atrys Bienzobas, contratada por varias aseguradoras, frena terapias oncológicas de uso común en la sanidad pública con el objetivo de ahorrar costes.

El último comunicado publicado por Atrys defiende que «la decisión final de la prescripción es siempre del facultativo que esté tratando al paciente y no de Bienzobas», sin haber una «excepción» entre aquellos afectados por cáncer cubiertos por la sanidad pública y aquellos adscritos a los colectivos de Muface, Mugeju e Islas. De hecho, explican que el asesoramiento realizado por Bienzobas, filial adquirida en octubre de 2022, se basa en una «sólida experiencia de más de 20 años» y que se basa en el principio de la OMS que aboga por el uso racional del medicamento.

Además, Atrys apunta sobre Bienzomas que «presta esta asesoría siguiendo las guías clínicas internacionales, agencias de evaluación del medicamento nacionales e internacionales, y los informes de posicionamiento terapéutico del Ministerio de Sanidad», mientras «la labor de orientación y asesoría en oncología se realiza siempre en función de las casuísticas particulares de cada paciente bajo los parámetros de rigor científico, accesibilidad y equidad, apoyándose siempre en las evidencias médico-científicas».

Con o sin el correcto asesoramiento, las mismas fuentes sanitarias aseguran a este periódico que Sacyl ha acogido a pacientes oncológicos cuyo tratamiento no era resuelto con una aseguradora al ser «muy costoso».

Con la negativa a su cobertura económica, con casos en los que ascendían hasta más de 80.000 euros, también hay pacientes que se han tenido que costear sus propios tratamientos al completo o una parte. Pero hay otros que han sido incapaces de afrontar este desembolso, teniendo que recurrir a Sacyl para recibir su debido tratamiento.

Si el tipo de asistencia cambia, de privada a pública, lo que no varía es el dinero que corresponde al tratamiento, ya sea con panitumumab, cetuximab, ramucirumab o pertuzumab, entre otros, y que son habitualmente utilizados en Sacyl como tratamientos financiados. Si está preservado, el oncólogo deberá acometer la terapia que mejor corresponda según el tipo de cáncer y de diagnóstico.

«Preocupación»

Sin todavía conocerse el alcance real de las denuncias contra Atrys Bienzobas, los colectivos oncológicios no han tardado en remitir su preocupación por aquellas situaciones que supusieran alguna inequidad en el acceso al tratamiento óptimo del paciente. Desde la Sociedad Española de Oncología Médica comunicaron su percepción por la «falta de transparencia» en el proceso de autorización de fármacos en la práctica privada, mientras que desde el GEPAC consideraron «inadmisible» que pacientes se conviertan en «moneda de cambio» en estrategias comerciales.

Desde el GEPAC, en palabras de Begoña Barragán, también confirman que haber gestionado casos para ayudar a pacientes a los que se les ha negado tratamientos en la sanidad privada y han sido finalmente atendidos en la pública. «Pero lo hemos ido haciendo sin identificar que había un problema tan estructural como el de ahora», explica Barragán a este periódico, que asegura a su vez haber recibido más de 50 casos desde ayer de pacientes con dudas sobre si el tratamiento correcto que están recibiendo es el correcto.

«Son pacientes que tienen sus dudas y que de repente oyen esta noticia y se ponen en contacto con nosotros. Los pacientes no saben si las aseguradoras que les atienden están asesoradas por esta empresa -Atrys Bienzobas- o no. Parte de estas cosas pasan porque la información le llega a los pacientes es ahora, que es tarde, y los oncólogos han protestado cuando las presiones que han recibido parece ser que han sido muchas es cuando», desarrolla Barragán.

Si bien todavía no ha podido identificar la procedencia de esos nuevos casos, en lo que refiere a Castilla y León considera que su atención oncológica privada «deja mucho que desear desde hace tiempo».

El GEPAC suscribe la «falta de transparencia» remitida por la SEOM en los procesos de autorización de fármacos, «donde la decisión final no siempre está en manos del oncólogo que trata al paciente, sino de asesores externos y aseguradoras, cuyos criterios parecen estar guiados más por la rentabilidad que por la evidencia científica», expresa el colectivo en un comunicado.

No obstante, entre la «preocupación» y «angustia», la presidenta del GEPAC trabaja para esclarecer las denuncias recibidas y que cesen «inmediatamente» para que los pacientes puedan tener el correcto acceso a sus fármacos. «Nosotros apoyaremos y ayudaremos a cualquier paciente damnificado. Y si como colectivo hubiera que posicionarse, también lo haríamos», expone por último Begoña Barragán.