El Gobierno entregará 309 menas a Castilla y León, doce veces más que a Cataluña

La acogida de menores migrantes no acompañados vuelve a estar en el foco del debate político tras el pacto entre el Partido Socialista y Junts para la cesión de competencias en inmigración a Cataluña y, en definitiva, para el reparto de menas (Menores Extranjeros No Acompañados). Así, y después de esa distribución, Castilla y León recibirá para su acogida a 309 menores, casi el doble de los 180 con los que cuenta actualmente y doce veces más que los que serán trasladados a Cataluña.

Esta cifra emana de una estimación realizada sobre los 4.400 menas a repartir (4.000 de Canarias y 400 de Ceuta) y en base a los criterios marcados por el Gobierno para este reparto, como son la población, la renta per cápita, la tasa de paro, el esfuerzo, el dimensionamiento estructural del sistema de plazas, si se trata de una ciudad fronteriza, la insularidad y la dispersión. Todo ello arroja una estimación de unos 309 menas que recalarán en Castilla y León, mientras que la previsión para la comunidad catalana apunta a los 23 menores.

Con esta previsión, Castilla y León se convertiría en la quinta comunidad autónoma que más menas recibiría, solo por detrás de Madrid (806), Andalucía (796), la Comunidad Valenciana (477) y Galicia (326). Mientras tanto, Cataluña será la que menos reciba.

Tras conocerse la cristalización del acuerdo entre el Gobierno de España y Junts el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, denunció ayer que «Sánchez mercadea con las personas inmigrantes para mantenerse en el poder», lo cual tachó de «inadmisible» y advirtió que «la inmigración debe ser una cuestión de Estado».

A través de una valoración difundida a los medios de comunicación, Fernández Mañueco también incidió en que «en los últimos años, la Junta no ha variado su postura sobre el acogimiento de menores no acompañados». «Castilla y León siempre ha sido solidaria y nuestro Gobierno ha mantenido sus valores y principios en todo momento», remarcó el líder del ejecutivo autonómico en unos términos similares a los utilizados por la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ayer por la mañana.

«Actualmente, tenemos acogidos casi 200 niños y niñas», continuó Mañueco (este periódico pudo confirmar de fuentes de Familia que la cifra actual ronda los 180), «pero nuestro sistema se encuentra al límite de su capacidad». «Estamos hablando de personas», apostilló el presidente autonómico, quien garantizó que «nunca» permitirán desde su Ejecutivo «que vivan hacinadas o en condiciones que no sean las adecuadas».

Por otro lado, Mañueco también aprovechó la ocasión para volver a criticar la falta de diálogo con el Gobierno de España en materia de inmigración. «No tenemos una comunicación oficial por parte del Gobierno sobre el reparto, que, insisto, debería a ser acordado y jamás impuesto», dijo, y finalizó esta valoración con la advertencia de que se adoptará la vía judicial para tratar de paralizar el acuerdo entre el Gobierno y Junts. « He dado instrucciones a los servicios jurídicos para recurrir el decreto ley y las normas de desarrollo», remachó.

Estas declaraciones de Mañueco tuvieron lugar pocas horas después de las que realizó la consejera de Familia y en las que, además de coincidir con los argumentos esgrimidos por el presidente autonómico, también expresó que «el Estado no realiza una verdadera política migratoria» y, a este respecto, demandó que «es necesario un control de fronteras, es necesario activar al Frontes, es necesario implementar medidas en origen, es necesario incrementar una financiación y eso es lo que no hace el Estado».

«Para seguir en la Moncloa el señor Sánchez cede permanentemente ante sus socios independentistas, en este caso la imposición de la acogida de menores», agregó Blanco a su argumentación, y denunció en este sentido que «estamos hablando de personas migrantes, de niños y niñas, y no se puede mercadear con ellos que es lo que hace el Gobierno de España».

Preguntada acerca de si en la Comunidad podría producirse una negativa a la acogida de más menores migrantes como ya ha ocurrido en la Comunidad Valenciana fruto de un acuerdo presupuestario entre el PP y VOX, Blanco aseguró que «Castilla y León es una tierra de acogida y Castilla y León va a seguir haciendo lo mismo que ha hecho con VOX y sin VOX en el gobierno».

«Llevamos acogiendo menores mucho tiempo, siempre dentro del acuerdo de los órganos correspondientes, en este caso la Conferencia Sectorial de Inmigración. El problema es la falta de una política migratoria real por parte del Estado. Nosotros defendemos una política migratoria legal, una política migratoria ordenada», finalizó la consejera de Familia.

Fue este martes cuando el Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley para modificar de la Ley de Extranjería y establecer unos criterios y mecanismos de reubicación permanente de los menores migrantes no acompañados. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, lo calificó de «hito» y dijo que responde a una demanda que han realizado durante «décadas» los «territorios frontera» y que se basa en los derechos humanos.

Así lo dijo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, en la que detalló las principales líneas de la modificación y pidió a Partido Popular y VOX que «reflexionen» y convaliden la iniciativa que, según el responsable de Política Territorial, implicaría a todas las regiones y afectaría a miles de menores, cifra que no detalló porque «es complicado dar el número concreto». Lo que sí calculó el ministro es que en su Canarias natal hay unos 5.000 menores extranjeros no acompañados y que la capacidad del archipiélago serían unos 900.

Torres argumentó que esta medida ofrece «medidas urgentes» y que se trata de «un hito en defensa de los derechos humanos y del interés superior del menor». Además, responde a la demanda que llevan realizando «30 o 40 años» los «territorios frontera».

Según explicó, la medida ha sido acordada tras el trabajo realizado entre el Ejecutivo y la Presidencia de Canarias y establece la «solidaridad equitativa», porque el decreto de 2018 impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez «no dio resultado apetecible» y «todavía» no han llegado los menores a las comunidades «que debían acogerlos» pese a que hay acuerdos desde el año 2022.