La Junta tumba el macrocentro de refugiados que el Gobierno construye en Salamanca

Los planes del Gobierno de España de establecer un centro de acogida en las instalaciones de la antigua residencia propiedad de la Junta de Castilla y León San Juan de Sahagún de Salamanca se han visto truncados por, precisamente, una orden del Ejecutivo autonómico que tumba la construcción de estas instalaciones. 

Así lo dio a conocer este jueves la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidad, Isabel Blanco, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Preguntada acerca de este macrocentro de refugiados, con una previsión de 448 plazas, Blanco 

desveló que desde el pasado mes de noviembre hay en vigor una orden que impide un centro de estas características.

En concreto, la consejera señaló que el Boletín Oficial de Castilla y León publicó el pasado 7 de noviembre una orden de su departamento, de 28 de octubre, por la que se establecen los requisitos mínimos y específicos de autorización de los centros para personas en situación de vulnerabilidad y entre los que se incluye el previsto por el Gobierno en Salamanca.

En este sentido el propio documento, consultado por este periódico, recoge que "la orden se aplicará a todos los centros para personas en situación del vulnerabilidad ubicados en Castilla y León", a lo que añade que "se entenderá por personas en situación de vulnerabilidad las personas que necesitan un recurso de alojamiento temporal, entre otras, las personas sin hogar y las personas y familias con origen migrante que tienen dificultades para el acceso normalizado a las ayudas y/o están en el sistema de acogida de protección internacional y temporal".

Por lo tanto, las 448 plazas previstas para este macrocentro de Salamanca exceden las 120 que la Consejería de Familia establece como tope máximo. "En Castilla y León se atiende a todas las personas con dignidad, con una atención de calidad, y eso es lo que se pretende con esa orden", aseguró Blanco durante su intervención.

Además, en este sentido, la consejera afeó que el Ejecutivo central, en este caso el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no haya informado ni tengan conocimiento oficial y se hayan enterado por los medios de comunicación. “Ya estamos acostumbrados a las imposiciones”, apostilló.

Centro de refugiados de Soria

Tras darse a conocer la existencia de esta orden de Familia que limita las características que deben tener los centros destinados a la atención de las personas vulnerables, surgen algunas dudas acerca de si afecta o no a aquellos que ya existen o cuya construcción está en proceso, como el centro para 203 refugiados que actualmente se está construyendo en Soria.

Para estos casos la orden incluye, por un lado, una disposición adicional que reza que "esta orden no será de aplicación a los dispositivos de alojamiento que a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León estén inscritos en el registro de entidades, servicios y centros de carácter social de Castilla y León mientras no varíen las circunstancias que dieron lugar a su inscripción".

Por otro lado, una disposición transitoria marca que "los dispositivos de alojamiento que a la fecha de publicación de la orden estén en funcionamiento y no estén inscritos en el registro de entidades, servicios y centros de carácter social de Castilla y León dispondrán de un plazo de dos años para solicitar su autorización".

En todo caso, desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades confirman que, como la orden afecta al servicio y no a las instalaciones, cuando las obras concluyan el centro de Soria deberá pedir autorización y, para conseguirla, deberá cumplir con los requisitos establecidos, entre ellos un máximo de 120 plazas.