Vox insiste en su protocolo antiaborto y el PP niega que se acordara en Consejo de Gobierno

El Grupo Parlamentario Vox insistió este martes en el protocolo antiaborto, presentado en enero de 2023 por el entonces vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, con cuatro medidas para tratar de reducir las interrupciones voluntarias en la Comunidad, que el Partido Popular hoy negó que firmase ni acordase en aquel Consejo de Gobierno.

La moción, que se votará mañana y que todos los grupos salvo Vox coincidieron en criticar, incluye así la asistencia de la persona que quisiese abortar por parte de psicólogos clínicos, la existencia de un protocolo de latido fetal y registro cardíaco para que la mujer escuchase los latidos del bebé, la posibilidad de realizar ecografías 4D y el respeto a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

La defensa de dicha propuesta, según Ical, fue llevada a cabo por la procuradora Fátima Pinacho, que señaló que “el derecho a la vida es fundamental y troncal” y recordó que el Estado no debe “interrumpir u obstaculizar” el proceso natural de la gestación y tiene que “establecer un sistema legal para la defensa de la vida”, pese a lo que cifró en 3.096 los abortos que tuvieron lugar en el último año en Castilla y León.

“Este dato es demoledor y demuestra nuestro fracaso como sociedad”, lamentó Pinacho, que exigió a las administraciones públicas “el compromiso férreo con el derecho fundamental a la vida”, instando a la Junta a cumplir el acuerdo de 12 de enero de 2023 en defensa del derecho fundamental a la vida y del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios con la implementación de “todas las medidas necesarias para proteger la vida de los no nacidos”.

Sin embargo, desde el Partido Popular, el procurador salmantino José María Sánchez criticó que “para Vox la política general en materia sanitaria se circunscriba solo a proteger la vida de los no nacidos”, por lo que pidió “coherencia” a su exsocio de Gobierno ya que “interpelar sobre política sanitaria incluye un debate más amplio”.

En ese sentido, defendió la política de la Junta que permite, a través de una inversión de 4.870 millones de euros, “mejorar la calidad de la asistencia sanitaria” frente a la visión “monotema” de Vox, con el que comparten “la preocupación por la vida” pero al que José María Sánchez recordó que el Gobierno autonómico “actúa dentro del marco legal vigente”.

En todo caso, el procurador ‘popular’ sí señaló que “desde este Gobierno de Castilla y León se apoyará siempre a las mujeres que decidan ser madres, ofreciendo información, apoyo psicosocial y acceso a una atención sanitaria de calidad”, y consideró “falso” que la Junta “no haga nada” para la defensa del derecho a la vida. Sin embargo, negó que las medidas del protocolo antiaborto se acordaran por parte del PP: “Nunca ha tomado ningún acuerdo el 12 de enero de 2023 y las medidas que se exponen en la moción no fueron nunca aprobadas en el Consejo de Gobierno”.

Frente a la restricción de derechos a las mujeres

En su respuesta, el PSOE, a través de la procuradora vallisoletana Patricia Gómez Urbán, cuestionó la “defensa de la vida” que realiza Vox ya que “han votado en contra de las 460 medidas a incorporar en el pacto de estado contra la violencia de género o están en contra de los menores no acompañados que llegan a este país buscando un futuro mejor y ustedes los deshumanizan y criminalizan”.

Además, Gómez Urbán recordó que García-Gallardo “no es el único que tuvo que marcharse por intentar imponer a las mujeres que no pudiéramos decidir sobre nuestra maternidad”, al tratar previamente Ruiz Gallardón, cuando era ministro de Justicia, de aprobar una ley del aborto “anterior a 1985 que las feministas no consentimos”.

No obstante, la procuradora socialista lamentó que “en esta Comunidad, cuando una mujer quiere ejercer su derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo, no puede hacerlo en su centro público de referencia” sino que tiene que acudir a clínicas privadas donde “a la puerta, se tiene que encontrar a fanáticos que la insultan por hacerlo”. “Las mujeres debemos decidir, de manera libre, si queremos o no ser madres”, resaltó, criticando a PP y Vox por “tratar de restringir nuestros derechos”.

En su turno de intervención, Francisco Igea aseguró que “ya contestaron en su día psicólogos y profesionales sobre la barbaridad” de la propuesta de Vox, y preguntó a los procuradores ‘populares’ “quiénes son” para saber si “se mantienen en que hay que intimidar a las mujeres escuchando el latido fetal” al firmar en enero de 2023 un acuerdo con el que “mantuvieron a Vox en el Gobierno” de Castilla y León.

Por su parte, Pablo Fernández calificó como “una atrocidad” la moción de Vox, porque “querer implementar un protocolo que obligue a las mujeres a escuchar el latido fetal es un atentado contra la libertad”, y criticó al PP por “firmar el protocolo antiaborto y compartir gobierno” durante dos años y medio con Vox. “Es indecente que en esta Comunidad se incumpla la ley porque se imposibilita a las mujeres interrumpir voluntariamente su embarazo en un hospital público”, concluyó.

Mientras, desde UPL-Soria Ya, intervino José Ramón García, que consideró que las medidas propuestas por Vox “limitan los derechos fundamentales e imponen una visión única sobre un tema complejo como el aborto”, a través de un acuerdo que “lejos de garantizar una mejor atención sanitaria, supone un retroceso en los derechos de las mujeres a decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo”. Además, sobre la objeción de conciencia, pidió que “no se utilice como una barrera estructural que impida el acceso a un servicio médico esencial”.

A todos ellos, Pinacho acusó de defender “la cultura de la muerte” y aseguró que su propuesta “no es un protocolo antiaborto, sino medidas de apoyo a la libertad de la mujer para que decida si lleva a cabo un embarazo”.