El Consejo de Cuentas añade diecisiete informes a su plan anual de fiscalización

El programa de trabajo del Consejo de Cuentas para el año en curso recoge 17 nuevos informes y otros 34 más que el órgano de control externo autonómico mantiene en elaboración en la actualidad. Así lo recoge la propuesta del Plan Anual de Fiscalizaciones (PAF) para 2025 remitida a las Cortes de Castilla y León para su aprobación, tal como establece la normativa.

Así, la actividad del órgano de control externo autonómico alcanzará este ejercicio 50 fiscalizaciones en distintas fases de tramitación más el informe de seguimiento de las recomendaciones realizadas a los entes fiscalizados en 2024. La institución concluyó 2024 con la aprobación de 15 informes, estando prevista la finalización de ocho fiscalizaciones más en el primer trimestre de este año.

El Plan será presentado en las próximas semanas por el presidente Mario Amilivia en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento, paso previo a su definitiva aprobación ya que el Consejo continúa sin tener capacidad para sacar adelante autónomamente su plan de trabajo anual.

Se trata de un plan cuya carga de trabajo superará el año natural de ejecución, si bien parte de la base de iniciar todos los trabajos.

"Las cuatro 4 fiscalizaciones legales previstas permiten una visión amplia y homogénea de las grandes líneas de gestión de las administraciones públicas, consiguiéndose además la comparabilidad de los datos y el análisis evolutivo de los mismos", informó el Consejo de Cuentas en un comunicado.

En el ámbito autonómico, se seguirá avanzando en el análisis de los principales gastos a nivel de presupuesto, para lo que se fiscalizará la situación y actividad económico-financiera, así como la ejecución funcional del gasto de la Comunidad.

En el ámbito educativo se llevará a cabo una auditoría de ciberseguridad en materia de gobernanza sobre la Universidad de Burgos, actualizándose asimismo la fiscalización de los gastos de personal de las universidades públicas, así como la gestión de los gastos de funcionamiento de los centros docentes públicos y concertados de la ESO.

En cuanto a los gastos de contratación que se fiscalizan por mandato legal, en este Plan se ampliará el alcance objetivo de la auditoría relativo al examen de expedientes en las fases de ejecución y extinción de los contratos.

Como ya ocurrió en el Plan anterior, se aprobará juntamente con la Cuenta General otro trabajo que analizará más pormenorizadamente la situación y evolución de la deuda pública al tiempo que se verifiquen aspectos de legalidad, como puede ser, entre otros, el cumplimiento de las reglas fiscales.

En el ámbito local, entre las siete fiscalizaciones recogidas, destaca la que permitirá conocer la situación de los servicios que prestan las diputaciones provinciales a los municipios en relación con la asistencia técnica-informática, principalmente en materia de seguridad informática, así como la situación de los ayuntamientos capitales de provincia respecto a los costes y rendimientos derivados de los servicios públicos.

Se iniciarán además dos auditorías específicas sobre los ayuntamientos de Medina del Campo (Valladolid) y Trabanca (Salamanca) atendiendo a criterios de riesgo, y se fiscalizará la contratación de los 9 ayuntamientos capitales de provincia.

En este mismo ámbito municipal, se profundizará con una auditoría más, continuación de la actualmente en elaboración, que pretende analizar los procesos de estabilización llevados a cabo para paliar las altas tasas de temporalidad en los ayuntamientos de Castilla y León. Se ha proyectado también la actualización y seguimiento de otra auditoría de ciberseguridad ya efectuada, en este caso sobre el Ayuntamiento de Palencia.