Este es el ahorro de Castilla y León en Renta Garantizada gracias al Ingreso Mínimo Vital

Las cifras de la Renta Garantizada de Ciudadanía de la Junta de Castilla y León descienden en beneficiarios y gasto ejecutado entre 2023 y 2020, es decir, desde la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) por parte del Gobierno de España. Las variaciones reflejan una bajada del 72,4% en perceptores de la prestación regional, de 26.529 a 7.307 personas; y del 69,7% en el presupuesto destinado, al pasar de los 52,6 a 15,9 millones.

El último Informe de Rentas Mínimas de Inserción (RMI) del año 2023 publicado por el Ministerio de Derechos Sociales permite desprender cómo la tendencia a la baja de personas perceptoras en los territorios de España encuentra su explicación en la consolidación del Ingreso Mínimo Vital. En total, son 14 de 17 comunidades autónomas las que presentan registros negativos, con 571.732 personas con preferencia por las RMI, un 28% menos que en 2020, cuando se aprobó el IMV. 

Bajo la perspectiva nacional, Castilla y León destaca por ser la séptima con mayor bajada en personas beneficiarias en términos porcentuales, con un 72,4% menos en los últimos tres años. Por delante, Madrid (-90,7%), Andalucía (-84,4%), Cantabria (-77,2%), Castilla-La Mancha (75,6%), Murcia (-75,4%) y Asturias (-73,0%). En el otro extremo aparecen la Comunidad Valenciana y Canarias, que ganan más personas que acceden a las prestaciones económicas de sus gobiernos, con un 109,5 y 88,1% de incremento, respectivamente. A ambas, además, se une Aragón, que varía un 3,6% en su número de beneficiarios.

Las reducciones generales en estos apartados vienen acompañadas de incrementos en las cuantías medias en todas y cada una de las regiones, excepto en Castilla-La Mancha, donde se mantiene en 525 euros sus prestaciones a personas y familias. Castilla y León, en este apartado, se halla en un 11,5% de incremento al pasar de 430,27 euros en 2020 a 480 euros en 2023, como también ocurre en Cantabria, La Rioja y Murcia, situándose en un intervalo que no es el máximo ni el mínimo de España. 

En cuantías medias, por encima aparecen Andalucía, con una diferencia del 27,1%, de 419,5 a 533,5 euros; Canarias, con un 23,4%, de 489,3 a 604,2 euros; Baleares, con un 22,5% de crecimiento al pasar de 461,5 a 565,3 euros; y País Vasco, con un 21,2%, donde aumenta de 693,7 a 840,7 euros. Además, también crecen en Madrid (17,4%), Galicia (16,3%), Aragón (15,1%) y Navarra (12,5%). Y por debajo de Castilla y León se hallan la Comunidad Valenciana (11,1%), Cataluña (7,9%), Extremadura (6,2%) y Asturias (5,5%).

Respecto a los gastos en RMI, la perspectiva nacional refleja una reducción general en los presupuestas. Así, Castilla y León es la sexta con mayor disminución, desde los 36.738.378,65 euros en 2020 a los 52.693.771,16 euros en 2023, lo que supone un 69,7% de ahorro por parte de la Junta. No obstante, este dinero se destinará a otros servicios sociales.

Por encima, Aragón ejecutó un 96,2% menos gasto que hace tres años, mientras que en Galicia fue un 92%, 89% en Madrid y 82% en Castilla-La Mancha. En cambio, los gastos ejecutados únicamente crecieron en Baleares (+298%), Canarias (103,0%), Cataluña (24,1%), Comunidad Valenciana (18,3%) y País Vasco (3,9%).

Umbral de pobreza

Por otro lado, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denunció que solo el 7,9% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado las rentas mínimas de inserción que ofrecen las administraciones autonómicas, con datos relativos a 2022. Según comunican, este porcentaje se está reduciendo desde el 2015, salvo en el año de la pandemia (2020), tras alcanzar ese año su nivel más alto, con un 8,7%. También este aspecto encubre diferencias extremas, con dos territorios como País Vasco y Navarra que destacan con porcentajes que superan o se acercan a la mitad de su población por debajo del umbral de la pobreza, con el 51,2 y 38,2%, respectivamente.

Sin embargo, alertó que en cinco comunidades sus rentas "ni siquiera" alcanzan al 2% de las personas bajo el umbral de la pobreza como Castilla y León (1,7%), Murcia (1,2%), Madrid (0,8%), Andalucía (0,7%) y Castilla La Mancha (0,3%). La región contaba en 2023 con 2,3 millones de habitantes, de los que el 18,2% tenía una tasa de riesgo de pobreza, al sumar 433.833 personas.

La cuantía media por persona perceptora de las rentas mínimas de inserción en el conjunto de España supone el 15,9% de la renta media por hogar en el país. Una cuantía "extremadamente baja", según la entidad, pese a haber aumentado dos puntos este último año. Los directores y gerentes de Servicios Sociales apuntaron que en este aspecto las diferencias entre comunidades, también, son "extremas". Las cuantías más altas en relación con la renta media de los hogares de sus territorios son Baleares (36,4%), Cataluña (18,3%), Canarias (17,9%), Asturias (16,5%) y Valencia (15,2%). 

Las que menos, Murcia (9%), Madrid (9,1%) y el caso más extremo, Aragón, donde el importe de sus RMI sólo representa el 0,7% de la renta media de los hogares de su territorio. Castilla y León se quedó en el 11,7%.