El Procurador del Común pide a la Junta una estrategia como la de Madrid para fomentar la natalidad

Sólo una de cada tres mujeres en edad fértil se plantea tener hijos a medio plazo en Castilla y León, según la última encuesta del INE. En ocasiones, porque así lo deciden pero a menudo también porque es un lujo que no se pueden permitir. La falta de recursos económicos, las inestabilidad laboral, los problemas para conciliar la crianza con el trabajo y las dificultades para acceder a una vivienda son los cuatro principales factores que frustran el deseo de formar o ampliar la familia. Y esas barreras preocupan al Procurador del Común, que en una actuación de oficio publicada esta semana reclama a la Junta «una planificación estratégica que, al margen de las ayudas económicas previstas, establezca otras líneas de actuación para el apoyo y fomento de la natalidad». Pone como ejemplo las 80 medidas «transversales» implantadas en la Comunidad de Madrid.

En Castilla y León existen subvenciones y beneficios fiscales por nacimiento o adopción, como el publicitado cheque bebé o desgravaciones autonómicas del IRPF por el cuidado de menores. Reconoce el equipo de Tomás Quintana que el apoyo económico es «fundamental», pero no suficiente para apoyar la decisión de tener hijos. «El fomento a la natalidad no puede descansar únicamente en medidas económicas –subraya el llamado defensor del pueblo de Castilla y León– sino que debe abarcar todas las variables que condicionan el ejercicio de la maternidad y la paternidad, haciéndolo desde una perspectiva socialmente integradora que entronque directamente con las políticas transversales de promoción de igualdad de oportunidades».

«Como ejemplo de este tipo de intervención de apoyo a las familias», destaca Quintana la estrategia implantada en Madrid, «elaborada sobre premisas reales, como la brecha entre el número de hijos que las mujeres desearían tener y los que tienen, el desplome del número de nacimientos desde 1974 y el progresivo aumento de la edad a la que las mujeres tienen el primer hijo, entre otras».

La intervención madrileña está planteada para un plazo de cinco años, implica a todas las consejerías del Gobierno autonómico a través de una Comisión Interdepartamental y recoge un total de 80 medidas, «diseñadas para hacer frente a los factores que los propios ciudadanos han identificado como los principales frenos a la hora de tomar la decisión de ser padres o de ampliar el número de hijos». Se distribuyen en las siguientes categorías: ayudas directas y beneficios fiscales, protección de la maternidad y paternidad, mercado laboral y conciliación, vivienda, ayudas a familias y medidas instrumentales».

Tomando la estrategia madrileña como modelo a seguir, el Común subraya que los castellanos y leoneses «son igualmente merecedores de la aprobación de una estrategia específica para lograr remover las barreras que demoran o dificultan la toma de decisión de tener hijos o directamente impiden tenerlos y, con ello, poder alcanzar un nivel de nacimientos que garantice el reemplazo generacional, el equilibrio demográfico y la sostenibilidad de Estado del Bienestar».

Sin pretender interferir «en el derecho a decidir libremente sobre la vida reproductiva de las personas», el Procurador del Común apuesta «por una sociedad en la quien quiera tener un hijo no tenga dificultades que le hagan renunciar a este deseo». Por eso, dirige sus peticiones a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, emplazándola a crear un grupo de trabajo interdepartamental, formado por representantes de los órganos administrativos con competencias transversales en materia de igualdad de oportunidades» con el encargo de realizar tres tareas.

La primera, «desarrollar un exhaustivo diagnóstico de la situación actual de la natalidad y fecundidad en Castilla y León». La segunda, «realizar las labores de estudio y elaboración de una estrategia específica para la Comunidad Autónoma de apoyo a la natalidad, a la protección a la maternidad y paternidad y a la conciliación de la vida familiar, laboral y personal». Y, en tercer lugar, «coordinar el establecimiento de las medidas concretas que habrá de conformar esta planificación estratégica, así como la aportación de los criterios necesarios que sirvan para determinar su configuración y desarrollo.

La caída de nacimientos y el retraso de la edad de la maternidad es un problema generalizado en los países desarrollados. En España, las mujeres tienen su primer hijo a los 32,6 años y cada vez tienen menos:1,12 de media el año pasado. En Castilla y León, en las últimas dos décadas han ‘dejado de nacer’ más de seis mil bebés. Según los datos del INE recopilador por el Procurador del Común, de los 18.600 que llegaron al mundo en 2003 a los 12.500 que lo hicieron el año pasado.

La consecuencia es un descenso progresivo de la natalidad y una población cada vez más envejecida. Esa situación requiere «medidas efectivas» para solucionar la baja tasa de natalidad que afronta la Comunidad, a la que se une el retraso en la emancipación de los jóvenes y la reducción de la expectativa de tener hijos por cuestiones laborales, económicas o de conciliación.

Además de las repercusiones sociales y económicas que tiene la falta de relevo generacional, la resolución de oficio del Procurador abarca también una reflexión en torno a la «importancia del papel que desempeña la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar afectivo y personal de todos sus miembros». «Los principales instrumentos y convenciones internacionales sobre los derechos de las personas han considerado a la familia como el grupo social idóneo para proporcionar el ambiente adecuado para el pleno y armonioso desarrollo de la personalidad, especialmente durante la infancia», recuerda.