El fiscal jefe de Castilla y León ve "saludable" las discrepancias sobre las sentencias

El fiscal jefe de Castilla y León, Santiago Mena, reivindicó este lunes en las Cortes “la imparcialidad y legalidad” con la que actúa la Fiscalía y consideró que la discrepancia en ocasiones de este organismo con las sentencias de los jueces es “saludable”.

“Así se realiza un control de las resoluciones judiciales”, defendió en su comparecencia ante la Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla y León, para reivindicar con ello el trabajo “serio y responsable” de los 131 fiscales que trabajan en la Comunidad frente a las “tendenciosas críticas contra la Administración de Justicia en general y la Fiscalía en particular” por “casos minoritarios, aunque mediáticos”, cuya denuncia “se extiende sobre el resto de fiscales, que no lo merecen”.

No obstante, aseguró que “el resultado cambia mucho cuando el ciudadano responde sobre su propia experiencia personal”, ya que “comprueban que los procedimientos penales, laborales y civiles son complejos y los fiscales atienden a miles de personas todos los días”. “No es una excusa, sino la realidad diaria que conviene que se conozca, porque realizamos un trabajo serio y responsable”, reiteró.

Por ello, volvió a reivindicar que su trabajo se realiza “bajo los principios de imparcialidad y legalidad”, que “son y deben ser los pilares de una Fiscalía democrática y respetuosa con el estado de derecho”, y concluyó, respecto a la actitud de los fiscales, que “encarna un profundo respeto interinstitucional y del ejercicio del poder y nuestras competencias”.

En su intervención ante la Comisión de Presidencia de las Cortes, recogida por Ical, Mena comenzó explicando así que su objetivo con esta comparecencia es realizar “un ejercicio de transparencia” y que supone “el resumen del modo de actuar” de la Fiscalía de Castilla y León, con el fin último de que “lo conozcan los ciudadanos”.

Y es que los asuntos que trata la Fiscalía “afectan a miles de ciudadanos”, por lo que mostró “abiertas las puertas” a todos los habitantes de Castilla y León y sus instituciones, dado que es un órgano “no muy conocido” y el hecho de “combatir la desinformación saca a la vista la manipulación de la información”.

“Nuestra voz debe oírse respaldada con datos ciertos, concretos y neutrales”, apuntó en su alocución Santiago Mena, recabados por los 131 fiscales existentes en Castilla y León, con un 74% de mujeres, ocho puntos por encima de la media nacional, además de que en cinco fiscalías provinciales, la jefatura es de mujeres.

Falta de medios para las víctimas de violencia de género

Mena también denunció la “falta de medios personales y materiales para atender todos los problemas” que padecen las víctimas de violencia de género y lamentó que todavía existan grupos “políticos y sociales” que “niegan esta realidad”.

En su intervención ante la Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla y León, recogida por Ical, para presentar la memoria de la Fiscalía de la Comunidad en el año 2023, Mena aseguró que “la lucha contra la violencia contra la mujer es una prioridad para la Fiscalía de Castilla y León” porque se trata de un delito que “atenta contra la vida, la dignidad, los hijos y la propia sociedad”.

Máxime cuando en 2023 hubo “un repunte” con respecto al año anterior en relación a las licencias previas incoadas, con el maltrato ocasional y el quebrantamiento de condenas relativas a medidas de seguridad ante casos de violencia de género como los delitos más repetidos. Además, los datos también apuntan hacia un incremento del 9% de las acusaciones del Ministerio Fiscal por delitos contra la integridad sexual.

Por ello, Mena pidió a los parlamentarios autonómicos que tengan “en el foco permanente” estos delitos por tratarse de vulneraciones de derechos “especialmente sensibles” y que atentan contra las mujeres, y exigió también más medios dado que las unidades de evaluación integral “están infradotadas” y los asuntos se retrasan “hasta nueve meses”, lo que implica un amplio riesgo de “revictimización de las mujeres que han sufrido violencia machista”, especialmente cuando “la mitad de estos delitos se cometieron a través de medios tecnológicos”.

Ante otros delitos penales, Mena informó sobre el aumento de un 4% del número de delitos contra el patrimonio, siendo el de las estafas el principal, derivado del aumento de estas por internet, y entre otros delitos referenciales, recordó que los que son contra la Administración Pública “son muy relevantes desde el punto de vista político y mediático”.

En relación a los delitos de seguridad en el trabajo, aseguró que hubo un aumento de muertes por accidentes laborales, si bien las calificaciones se redujeron un 15%, debido a que es “una de las especialidades donde más problemas tenemos para registrar, a nivel informático, este tipo de delitos”, lo que asumió como un problema propio de la Administración de Justicia.

Delitos de odio 

Mena se refirió a continuación a los delitos de odio, donde aseveró que “se está quitando la importancia que tienen” cuando “afecta a muchas personas y a un alto nivel de ataque a bienes jurídicos”, por lo que “o tomamos medidas, o empezaremos matando al gorrión y acabaremos con todos los colectivos”. Y es que, en las cifras, destaca “la gravedad de muchas conductas amparada en banderas y colores”, especialmente en colectivos deportivos, donde “se ataca por sexo, ideología, raza u origen”.

Consideró así que los clubes “tienen responsabilidad” y pidió su implicación porque “estas actitudes y conductas graves son comprendidas y justificadas por ciudadanos normales al sentir que se agrede a su equipo”. Por ello pidió la actuación de los clubes porque “la violencia alrededor del fútbol no se reducirá si los equipos implicados no cumplen a la hora de tomar las medidas preventivas consideradas por los jueces”.

Relacionado con ello, y en cuanto a la migración, recordó que las personas migrantes tienen “los mismos derechos” y que “responderemos ante la historia por tratar a esos niños y niñas como números y cromos”. Por ello, pidió “no prender semillas de odios contra personas vulnerables” a través de mensajes que se lanzan “por parte de unos y otros”, que no dejan de ser “una expresión del miedo al diferente”.

“En estas sociedades ricas como la nuestra, criminalizamos a los colectivos por su aspecto, ideas, tendencias sociales y sexuales, pero lo que siempre está latente es el desprecio al pobre”, concluyó, señalando que a personas con la misma religión y país “a uno no le dejamos entrar por venir en patera y a otro sí por venir en yate”.

Castilla y León, lugar seguro

Asimismo, realizó un resumen de las cifras del año 2023, tras “muchas horas de trabajo” de los trabajadores de la Fiscalía, para que los ciudadanos de Castilla y León “puedan estar tranquilos, porque se actuará conforme a la ley como expresión de voluntad del pueblo”.

“Castilla y León es un lugar seguro, con índices de conflictividad y criminalidad por debajo de la media nacional”, aseveró, señalando que, en el orden penal, las diligencias previas aumentaron un 2,44%, y el 82% de sentencias de conformidad lo son con los escritos del Ministerio Fiscal, por lo que “se ajustan a la realidad y tendencia de los tribunales”.

El 58% de las diligencias urgentes, o juicios rápidos, se refieren a conflictos sobre accidentes de tráfico, y el número de delitos leves con calificación de la Fiscalía descendió, así como el número de sumarios, aunque levemente en cuanto a la cifra total. También descendieron un 14,42% los escritos de calificación, aunque consideró que los factores son “muy coyunturales”, como las huelgas del año 2023, principalmente la de los letrados de administración de justicia.

La suspensión de juicios convocados aumentó un 31%, de nuevo como fruto de la huelga y también, según Mena, por la falta de precisión de los sistemas informáticos y la “farragosidad” de muchos procedimientos, lo que “bloquea en ocasiones los trámites procesales”.

También descendieron un 15% las sentencias, y en las condenatorias, el 78% fue conforme con respecto al Ministerio Fiscal aunque, en las audiencias provinciales, el 60%.

Además, defendió la idea del fiscal investigador porque “los ciudadanos siguen presentando denuncias” ante la Fiscalía, frente a la supuesta “utilización político-mediática” del órgano, por lo que abogó porque la instrucción de los asuntos penales sea asumida por la Fiscalía.