Las empresas que se deslocalicen en Castilla y León tendrán que devolver las ayudas públicas

Las empresas que se deslocalicen en Castilla y León tendrán que devolver las ayudas públicas recibidas. Las compañías que hayan recibido recursos superiores a los tres millones de euros están obligadas a reembolsarlo si deciden abandonar su sede. PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo que obligará a las empresas que deslocalicen su producción fuera de la zona euro antes del periodo establecido a devolver las ayudas públicas percibidas. Esta y otras medidas de la Ley de Industria y Autonomía Estratégica serán aprobadas hoy en el Consejo de Ministros.

Las negociaciones entre ambas formaciones han cristalizado tras la presión ejercida por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en los encuentros mantenidos con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, con el fin de poner trabas a las empresas que decidan deslocalizarse. La primera de estas medidas consiste en que las corporaciones que salgan del espacio económico europeo tendrán que devolver el total de las ayudas públicas que recibieron, incluido el correspondiente a los ERE.

Desde Industria apuntan a que este cambio refuerza el texto que ya contemplaba que las empresas que hayan recibido subvenciones públicas superiores a tres millones de euros deben mantener su actividad en los siguientes cinco años en España en el caso de las grandes empresas, tres años las medianas y dos años en el caso de las pequeñas empresas. En el supuesto de que las empresas decidan reducir su actividad en más de un 65% o despedir a 500 o más trabajadores en estos plazos, deberán devolver las subvenciones públicas.

El acuerdo entre PSOE y Sumar contempla asimismo que en ningún caso una deslocalización no puede ser la justificación para medidas como un despido o una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. De este modo, empresas como fondos de inversión que trasladan las empresas de España a a África o Asia, después de recibir importantes ayudas públicas, no podrán beneficiarse de las medidas de flexibilidad interna recogidas en nuestra legislación.

La principal modificación que afecta a la Ley de Industria y Autonomía Estratégica es la reducción a la mitad del umbral a partir del cual se deberán devolver las ayudas, que el anteproyecto de Ley estaba establecido en los seis millones de euros. Se establece además un periodo de preaviso de nueve meses, momento en el que se intentará una negociación con la parte empresarial para evitar la fuga. El proyecto final incluirá medidas de transición ecológica y  defensa del empleo, además de la aprobación de una Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica y la creación de un Consejo Estatal de Política Industrial.