Inspección General de Servicios
Castilla y León deniega a 165 funcionarios la compatibilidad con un segundo trabajo
Rechaza el 10% de las 1.689 solicitudes recibidas el año pasado / La mayoría de las negativas solicitaban dar clase en la universidad / Once díscolos desoyen la prohibición
La mayoría de las solicitudes denegadas corresponde a empleados de Sanidad o Educación que querían compaginar su trabajo con la docencia en la Universidad de Valladolid.
La Junta de Castilla y León prohibió el año pasado a 165 empleados públicos compaginar su trabajo con una segunda actividad pública o privada. Esos ‘noes’ representan el 10% de todas las solicitudes recibidas en 2023 (las 1.524 restantes fueron admitidas) y la cifra más alta de los últimos años: en 2022 se rechazaron 69 peticiones, en 2021 otras 74, en 2020 fueron 50, en 2019 apenas 28 y en 2018 otras 33.
Los datos de las auditorias anuales de la Inspección General de Servicios constatan «un incremento de las resoluciones denegatorias». Y, también, un aumento de funcionarios díscolos: la última, fechada en octubre, detectó que once personas a las que se les había negado ese permiso continuaron ejerciendo la actividad no compatible u otra para la que no habían pedido autorización (en años previos, estos casos se contaban con los dedos de una mano). En la estadística del año pasado, siete de esos rebeldes son empleados de Sanidad. Por ejemplo, una enfermera de León y una matrona de Segovia a las que se les había negado la compatibilidad por superar con complementos específicos el 30% de su retribución básica. O un médico de Ávila vetado para otra actividad al ser incompatible percibir dos sueldos públicos. O un enfermero de León y una matrona de Valladolid por superar para su desempeño el tiempo de una jornada parcial.
Aunque existen excepciones, por norma un empleado público debe dedicarse en exclusiva a su trabajo. Así está regulado en España desde hace cuarenta años, en la ley 53/1984, que abarca a cualquier «servidor público» de la administración estatal, local o autonómica (incluyendo a las «asambleas legislativas», viene al caso recordarlo por la polvareda política que ha levantado el doble sueldo de Raúl de la Hoz como procurador del PP y abogado). A todos ellos, dice la ley, se les «exige un esfuerzo testimonial de ejemplaridad ante los ciudadanos».
En Castilla y León, la ejecución de esa ley quedó regulada en 1997 con el reglamento de incompatibilidades para la Administración de Castilla y León, un decreto aplicable a todo el personal: funcionarios, interinos, eventuales, laborales, colaboradores y cualquier otro «que perciba sus retribuciones con cargo a los presupuestos propios de la Comunidad».
Las normativas regulan las excepciones y los procedimientos para que un empleado público sea autorizado a compaginar su trabajo con un segundo puesto en otra administración o con una actividad privada sin que esa dualidad comprometa su labor, su «independencia o imparcialidad».
De las 165 denegaciones registradas el año pasado en la Junta de Castilla y León, 121 pedían desempeñar una segunda actividad en entidades públicas o sostenidas con fondos públicos. Las 44 restantes solicitaban una compatibilidad para ejercer en negocios privados.
Atendiendo a la actividad para la que solicitaban autorización, la mitad (79 denegaciones, la mayoría de las consejerías de Sanidad y Educación) eran para dar clase en una universidad pública: 69 en la UVA, cinco en la USAL, tres en la UBU, dos en la ULE y una en la Universidad de Oviedo. A otros 18 se les denegó ejercer la medicina, entre otros motivos, por no contar con la autorización expresa, existir colisión de horarios o intereses con la actividad privada o exceder los ingresos por complemento específico
La Junta no ha respondido si se ha abierto algún procedimiento disciplinario por los incumplimientos detectados o si algún empleado público ha sido sancionado.