El registro de agresiones a funcionarios acumula 183 confirmadas en la Junta de Castilla y León

La inmensa mayoría de las agresiones a empleados públicos se producen en hospitales y centros de salud, pero este tipo de violencia externa –la que ejerce un usuario o ciudadano contra algún trabajador de la administración– no es exclusiva del ámbito sanitario. En la Junta de Castilla y León todas las consejerías registran algún caso desde que en 2017 se aprobaron los primeros protocolos de actuación ante situaciones de violencia en el trabajo. Los datos de la Dirección General de Función Pública indican que cada vez hay más casos (o, al menos, se notifican más); en lo que va de año suman 863, la cifra más elevada en estos siete años de registro.

El grueso, como decimos, la sufren profesionales de Sacyl, el colectivo más expuesto al descontento de los ciudadanos: llevan 793 en 2024, una cifra que ya supera las contabilizadas en cualquiera de los ejercicios anteriores. Esa estadística se difunde periódicamente, ya que son datos integrados en el observatorio autonómico que analiza y estudia los casos registrados en centros sanitarios. Menos conocidos son los casos de agresiones en otros ámbitos, en las que vamos a detenernos esta vez: desde 2017 se han comunicado un total de 306 casos registrados en centros de trabajo no sanitarios de Castilla y León, de los cuales 183 se confirmaron durante la investigación posterior y otros 115 fueron archivados al no poder constatarse la situación o trasladarse a otro ámbito. Sólo en seis se determinó la no existencia de violencia.

En lo que va de año se han comunicado 68 incidentes (entre enero y octubre), de los cuales 41 se han confirmado como casos de violencia externa tras la pertinente investigación de los servicios de prevención, según los datos de Función Pública.

Es un goteo que crece con los años. En 2017 hubo 21 (de ellas, 17 acabaron siendo confirmadas) y en 2018 fueron 28 (22 confirmadas). En 2023 subieron hasta 56 (33 refrendadas), la mayor cifra hasta entonces, que ya ha sido superada en los primeros meses de 2024.

El familiar de un usuario de una residencia de mayores, los padres airados con el profesor de su hijo, provocaciones o amenazas al otro lado de la ventanilla al hacer un papeleo... son algunas de las situaciones reportadas por los empleados públicos de la Junta. En el formulario del que disponen para comunicar estas situaciones, deben describir y señalar el tipo de incidente. De los 306 incluidos en el registro, 183 se referían a agresiones verbales o gestuales, mientras que 163 describían algún tipo de violencia física. En 11 casos se registraron daños al patrimonio.

Entre los que tienen más riesgo de sufrir alguna situación violencia destacan aquellos que trabajan de cara al público o con colectivos de especial sensibilidad. De hecho, existen protocolos específicos para situaciones de violencia externa registrada en centros de atención de personas con discapacidad intelectual, residencias y centros de día de mayores dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales y centros de educación especial y centros ordinarios con alumnos de integración de la Consejería de Educación.

La estadística muestra que, precisamente, tres departamentos se reparten la mayoría de los casos: Servicios Sociales, Medio Ambiente y Educación, mientras en el resto de las consejerías los expedientes en estos siete años pueden contarse con los dedos de las manos.

En primer lugar, la Gerencia de Servicios Sociales lleva 143 casos en siete años, 76 de ellos confirmados (desde enero de 2024 acumula 16 confirmados).

La mayoría de los casos se han registrado estos años en residencias de mayores de Ávila (14) y Palencia (5), sin precisar en cuáles, así como en las residencias de Fuentes Blancas (tres) y Gregorio Santiago en Burgos, San Juan de Sahagún en Salamanca (seis) y Los Royales de Soria (una). También en centros ocupacionales como El Cid en Burgos, con siete casos confirmados en el año 2018.

Entre los más recientes, figuran en el registro varias agresiones confirmadas en 2024: en el centro de menores Zambrana de Valladolid, el centro de personas con discapacidad intelectual de Soria, la residencia asistida de mayores de Segovia, así como en instalaciones sin identificar de la Gerencia de Servicios Sociales de Ávila, León y Palencia. La propia Consejería de Servicios Sociales computa otros dos casos en el centro de atención a personas con discapacidad intelectual de Valladolid.

En la Consejería de Educación se han registrado 75 casos en estos años: 44 archivados y 31 confirmados. Entre estos últimos, más de la mitad se concentran en la Dirección Provincial de León, cuatro de ellos registrados en lo que va de año. También en 2024 figuran otros dos casos confirmados en el área de Inspección Educativa de Valladolid y en el colegio Miguel Delibes de la misma provincia, en ambos casos por familiares de alumnos.

Otro foco se registra en la Consejería de Medio Ambiente, con 52 casos comunicados en estos siete años, de los cuales 46 se han confirmado como situaciones violentas. En lo que va de año se han contabilizado tres en el servicio territorial de Medio Ambiente de Zamora y otros tres en la Reserva Regional de Caza Urbión , en Soria. En 2024 están también fechados los incidentes confirmados en las oficinas comarcales de Viana de Cega, Almazán, Navarredonda de Gredos y Navaleno.

En el resto de consejerías la cifra de agresiones es muy testimonial. En Agricultura se han registrado diez desde que existen los protocolos, todas ellas confirmadas. Las más recientes, de este año, están registradas en una explotación ganadera extensiva de Segovia, en el servicio territorial de León y en la sección agraria Cervera de Pisuerga en Palencia.

El Servicio Público de Empleo acumula ocho episodios violentos en estos siete años, todos ellos antiguos y confirmados como tal, en Ávila, Palencia y Salamanca.

En la Consejería de Sanidad (sin contar los casi 4.500 acumulados en Sacyl desde 2017) también contabiliza casos en otras dependencias, como en mataderos o en sus servicios territoriales.

Cuatro, todos confirmados, figuran en la Consejería de Industria; dos de 2022 en el servicio territorial de León y otros dos recientes, de este 2024, en dependencias de Consumo de Valladolid y Salamanca.

La Consejería de la Presidencia registra dos de 2018 y 2019 en Valladolid. Cultura y Economía sólo una.