PP y PSOE pactan exigir al Gobierno que mantenga "las condiciones actuales" en la prestación de Muface

Los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista pactaron este miércoles una propuesta de resolución para exigir al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública que mantenga “en las condiciones actuales” la misma atención sanitaria de los titulares y beneficiarios de Muface mientras se licita un nuevo concierto.

La propuesta, derivada de una Proposición No de Ley del Partido Popular que el PSOE enmendó y los ‘populares’ transaccionaron hasta lograr un acuerdo con los socialistas, también insta al Ministerio a convocar una nueva licitación para establecer un nuevo concierto “adecuado para los intereses de los mutualistas de Muface y del interés general”, con el objetivo de garantizar la asistencia sanitaria del colectivo funcionarial y sus beneficiarios para los próximos años, informa Ical.

La defensa de la Proposición No de Ley fue realizada por el parlamentario del PP Óscar Reguera, que defendió como “uno de los pilares del Sistema Nacional de Salud” el convenio con Muface, dado que asiste a muchos funcionarios públicos a través de una cobertura “pública con independencia de que la asistencia sea privada”.

Criticó por ello la actuación del Gobierno de España que deja, a partir del 1 de enero, a más de un millón y medio de funcionarios sin la cobertura mutualista, preguntándose si “Sánchez y sus ministros quieren resolver el problema planteado o matar a Muface”, dado que el mutualismo “al que se quiere apuntillar” tiene un coste por usuario “más eficiente que la Sanidad pública”, por lo que pidió acabar con la “infrafinanciación” que, a su juicio, sufre la mutua.

La respuesta del PSOE llegó por la procuradora Yolanda Sacristán, que aseguró que la propuesta ‘popular’ tiene “corto recorrido” y acusó de “alarmista” la postura del PP porque “los más de 110.000 usuarios de Muface en Castilla y León, y el millón y medio de toda España, van a seguir disfrutando de la misma asistencia sanitaria y en las mismas condiciones”.

Sostuvo así que el Gobierno ha aumentado la prima un 17,12 por ciento, con una subida por asegurado de 176,69 euros, “la mayor de la historia”, y que aunque la licitación haya quedado desierta, “todos los mutualistas de Muface van a continuar recibiendo la misma asistencia sanitaria gracias al nuevo concierto”.

Se dirigió por ello al Partido Popular para criticar que conviertan en “drama” que la licitación haya quedado desierta, dado que “el 17,73 por ciento de las licitaciones quedaron desiertas en España en el pasado año”.

“Sin embargo, ahora se echan las manos a la cabeza y se ponen del lado de las aseguradoras, a las que se les ha ofrecido un aumento del 17 por ciento pero ellas piden el 40 por ciento”, lamentó, señalando que es deber del Gobierno garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas.

En su respuesta, Reguera reconoció que hay “drama y alarma”, pero que se debe a la ministra de Sanidad, Mónica García, “que es la que lo está generando”. “Ha quedado claro que compensa más mantener Muface y sus aseguradoras que acabar con ella”, propugnó, y agradeció al Grupo Parlamentario Socialista que aceptara la propuesta de transacción sobre la enmienda presentada, aunque aseveró que sirve a los socialistas “para salvar un poco el tipo”.

En todo caso, el procurador ‘popular’ acusó al Gobierno de preocuparse “solo por el daño que puedan infligir a los gobiernos autonómicos del PP”, como aseguró que demuestra no solo el concierto desierto para la mutualidad de los funcionarios públicos sino las críticas por la gestión que el gobierno de la Comunidad Valenciana hizo de la DANA del 29 de octubre.

Riesgo por la derivación “masiva” a la pública

Desde Vox, a través de la procuradora Rebeca Arroyo, apoyaron la proposición bajo la perspectiva de que acabar con Muface es “la muerte de la sanidad española”. “Un millón y medio de funcionarios y sus familias están inquietas, expectantes y en un mar de incertidumbre, porque desconocen si podrán mantener consultas, especialistas y los pediatras de sus hijos”, postuló.

Además, añadió al problema la posibilidad de “un colapso del sistema sanitario español” por la derivación masiva de estas personas a la Sanidad pública, culpando por ello al Gobierno y, en concreto, a Pedro Sánchez, por “una nueva concesión a sus socios comunistas” que afectaría, además, de manera más importante a Castilla y León, según la procuradora vallisoletana de Vox.

Por parte de UPL-Soria Ya, José Manuel García apuntó que “siempre” estarán con “lo público y sus funcionarios”. “No puede ser que según el ministro de turno, se tomen decisiones que afectan a los funcionarios públicos y sus familias sin calcular las consecuencias”, aseguró, señalando a su vez que no entiende “la premura de acabar con Muface” cuando los nuevos funcionarios ya están adscritos a la Sanidad pública.

Sin embargo, esta situación le sirvió para criticar la “grave” situación de la Sanidad pública y que conlleva “riesgos” si se produce una “transferencia masiva” de usuarios con el paso de los funcionarios acogidos a Muface, máxime con un sistema “al borde del colapso”. “La solución no pasa solo por más financiación, sino por medidas estructurales que mejoren el Sistema Nacional Público de Salud”, concluyó.

“Escándalo de corrupción”

En su turno de fijación de posición, Francisco Igea aseguró que el PP está cometiendo “un atraco” con uno de “los mayores escándalos de corrupción” al presionar al Gobierno para “incrementar diez veces más el beneficio de compañías que tienen 400 millones de euros de beneficio”, consiguiendo que “el mayor condicionante para la salud sea el código postal”.

En la misma línea se postuló su compañero en el Grupo Mixto, Pablo Fernández, que pidió que “se acabe con el chiringuito de Muface y de las aseguradoras privadas”. “Que partidos de derecha y extrema derecha estén a favor de Muface va en su esencia”, aseguró, pero lamentó que “partidos que se dicen de izquierdas o sindicatos defiendan a quienes hacen negocio con la salud”.