Confirmados 149 casos de agresiones y acoso laboral entre funcionarios de la Junta

Un insulto, un corte de mangas, un guantazo o, aún peor, el menosprecio continuado hacia el trabajo ajeno, la discriminación por la orientación sexual, la etnia o las creencias. O, peor todavía, una agresión sexual. Todo ese abanico de conductas forma parte de la llamada violencia interna en el trabajo, la sufrida por parte de otro empleado en su entorno laboral. Situaciones diversas que cualquiera puede denunciar en los tribunales y también (o además) a través de cauces internos. En el caso de la Junta de Castilla y León, en 2017 lanzó un protocolo específico para canalizar la notificación de estos casos: desde entonces ha registrado 336 denuncias, de las cuales al menos 149 (el 44%) se confirmaron como casos de violencia mediante una resolución emitida tras la oportuna investigación interna.

Son datos proporcionados por la Consejería de la Presidencia desde su Dirección General de la Función Pública.

Conviene aclarar, antes de entrar en detalles, que no se incluyen aquí las agresiones procedentes de ciudadanos o público general (como las perpetradas por pacientes a personal sanitario, que se difunden en otras estadísticas como el observatorio específico de agresiones a estos profesionales). Hablamos sólo de violencia interna, la que se da entre la plantilla, dentro de la oficina, de la residencia de mayores, del colegio público... y sí, también (y muchas) dentro de un centro sanitario.

Las de la Gerencia Regional de Salud son, de hecho, las más numerosas: 92 en estos siete años, el 62% de los ya mencionados 149 expedientes estimatorios.

Le sigue la Consejería de Familia al sumar 31 casos con algún tipo de violencia (21 en la Gerencia de Servicios Sociales y otros 10 en otras instalaciones dependientes de este departamento).

La Consejería de Medio Ambiente registra ocho expedientes estimados, Agricultura otros tres, Movilidad tiene dos, Cultura uno y el Servicio de Empleo, otro.

El protocolo nació en 2017 para prevenir, resolver y corregir situaciones de violencia en el trabajo dentro de la Administración general (la presidencia de la Junta y sus consejerías)y organismos autónomos (Ecyl, Sacyl y Gerencia de Servicios Sociales), aunque con posterioridad han surgido protocolos específicos para agentes medioambientales, forestales o celadores, trabajadores de centros residenciales o inspectores.

Por provincias, la que computa más casos es Salamanca, con un total de 34 (27 de ellos en Sacyl). Le sigue Burgos, con 31 (20 en Sacyl), León con 27 (22 en Sacyl). A continuación se sitúa Segovia con 17 denuncias estimadas (ocho sanitarias) y Palencia con catorce (8 de Sacyl).

Valladolid destaca por el escaso número pese a la dimensión de su plantilla como sede de los servicios centrales de las consejerías: sólo once casos de violencia confirmada en estos siete años (cuatro en Servicios Sociales y sólo dos entre personal de Sacyl ). Y es que entre unas provincias y otras varía también de forma notable el porcentaje de las estimaciones sobre el total de situaciones investigadas. La media en Castilla y León es el 44%. Pero mientras en Ávila, Burgos, León y Salamanca más de la mitad de los expedientes sirvieron para certificar la existencia de una situación violenta, en otros territorios esa proporción es escasa. Valladolid tiene la tasa más baja, con sólo el 19% resueltas a favor del denunciante (sobre un total de 58 presentadas).

Las provincias con menor número de casos confirmados son Soria, con diez (seis en Educación y sólo dos en Sacyl) y Ávila con cinco (tres en Sacyl y dos en Servicios Sociales).

Zamora, cero casos

Zamora es la única provincia sin casos confirmados. Sí ha registrado denuncias –tampoco muchas, doce en estos siete años–, pero ninguna ha conducido a la constatación de la situación descrita: siete expedientes fueron descartados, tres archivados y dos (uno en el hospital de Zamora y otra en dependencias en la provincia de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente) se registraron este año y las actuaciones siguen abiertas.

Por años, la evolución registra un incremento progresivo (con el paréntesis de la pandemia) tanto de las denuncias como de las resoluciones estimatorias. En 2017, cuando se puso en marcha el protocolo, fueron once casos confirmados, en 2018 siete, en 2019 otros 21, en 2020 fueron 17, en 2021 diez, en 2022 otros 25 y en 2023 alcanzaron un máximo, con 39. En lo que llevamos de año se han confirmado ya 19 (a las que se podrían sumar otras siete, ya presentadas en 2024 pero que siguen abiertas pendientes de resolución).

Los protocolos establecen que cuando se presenta una denuncia debe constituirse una comisión para analizar el caso y reunirse en un plazo máximo de diez días. Puede decidir archivar el caso (por falta de indicios o por no ser competente para la situación planteada, 84 casos desde 2017) o dar trámite a la denuncia. De hacerlo, tiene que investigar lo sucedido y emitir un informe en el plazo de un mes con una resolución donde concluya si ha existido violencia (esas 149 en estos siete años) o lo descarta (92). En la estadística facilitada por la Junta aparecen otros once expedientes que siguen abiertos o no consta información de la resolución.

Cuando se confirma la situación de violencia, el informe de resolución puede incluir la adopción de medidas correctoras o sancionadoras. Fuentes de la Consejería de Presidencia explican que las más frecuentes son «medidas organizativas» y la «incoación de un expediente disciplinario». También, la «formación» para corregir y prevenir estas situaciones.

En el formulario de denuncia, disponible en la página web de la Junta, el trabajador afectado debe describir y señalar el tipo de violencia sufrida, marcando una o varias de las siguientes opciones: agresión física, verbal/gestual, acoso laboral, acoso discriminatorio o acoso sexual o por razón de sexo.

Según los datos del registro, la violencia más señalada son las agresiones verbales o gestuales, presentes en 120 de las 149 denuncias reconocidas en este tiempo. De ellos, sólo 18 casos se quedaron ahí, porque esos improperios suelen ser acompañar otro tipo de conductas más graves como las agresiones físicas (19 denuncias confirmadas desde 2017) o el acoso laboral (con un total de 66 casos). Otros ocho constataron la existencia de algún tipo de discriminación al trabajador.

Acoso sexual o por razón de sexo

La ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres ya encargó en 2007 a las administraciones públicas la aprobación de un protocolo específico de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo. En Castilla y León se aprobó hace ahora justo un año, el 4 de octubre de 2023. En este tiempo no ha recibido ninguna denuncia, según la Dirección General de la Función Pública de la Junta.

Sí habían llegado antes, en el marco del protocolo genérico de violencia interna en el trabajo creado en 2017. En concreto, el registro computa cinco denuncias por acoso sexual o por razón de sexo desde 2017 (en Palencia, León y tres en Burgos). En esta última provincia figuran los dos únicos casos que resultaron confirmados tras la oportuna investigación interna. Así lo concluyeron los informes en sendas resoluciones: una de 2019 en instalaciones de la Consejería de Medio Ambiente en Oña y otra en 2020 en el Centro de Formación Agraria de Albillos de la Consejería de Agricultura. En ambos casos, la denuncia incluía también acoso laboral y agresiones verbales o gestuales.

La estadística también diferencia el tipo de relación entre las personas implicadas. De los 149 casos, 62 (el 42%) se dio entre empleados con mismo rango jerárquico. En otros 35 (el 23%) la violencia la ejerció un superior. Y 18 (el 12%), un trabajador con inferior categoría. No existe información sobre la relación jerárquica en otros 34 expedientes.

Escasas medidas para proteger a los afectados

Una reciente auditoría (de abril de 2024) de la Inspección General de Servicios constata que el funcionamiento del protocolo es mejorable. Tras analizar los expedientes tramitados en los dos años previos en las consejerías, los inspectores constatan que apenas en el 25% de los casos que fueron tramitados como posible situación de violencia interna se adoptaron medidas para garantizar la proteccción de las personas afectadas. En algunos casos «se trató más bien de medidas organizativas, para prevenir otros casos en el futuro, pero que realmente no parecen garantizar la protección de las personas afectadas por estos casos en concreto».

Durante la fase de investigación, la comisión encargada sólo adoptó medidas cautelares en el 1% de los casos, «y siempre consistió en hacer que los trabajadores afectados no coincidieran en el centro de trabajo».

En cuanto al seguimiento de los casos resueltos, la auditoria aprecia que no se ejecutan las medidas propuestas en varios expedientes, «por no tener objeto, al haber pedido una de las partes su cese voluntario, encontrarse de baja o haberse trasladado a otro centro de trabajo».

Una denuncia falsa

De los expedientes escrutados en la auditoría, «sólo en un caso la comisión apreció mala fe o falsedad en los datos, pero no propuso la incoación de expediente disciplinario, como establece el protocolo».

El protocolo emplaza al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales a «implantar un sistema de registro de casos que permita la obtención de estadísticas, la realización de estudios y el diseño de actuaciones preventivas, informando periódicamente al Comité Intercentros de Seguridad y Salud de los datos que se dispongan». Desde la Consejería de la Presidencia admiten que no se han realizado estudios ni adoptado medidas con carácter general.

Los sindicatos consultados aseguran que tampoco se facilita información sobre estas situaciones a los delegados de prevención. La auditoría realizada en abril por la Inspección de Servicios concluyó en este sentido que en el protocolo «no queda claro a quién, cómo, cuando y por qué hay que informar».

A la vista de estos datos, María Fe Muñiz, secretaria de salud laboral de UGT, advierte que son cifras sobre violencia en el trabajo «nada despreciables». Y están en consonancia con otros indicadores, como las situaciones de incapacidad en la empresa privada, donde repuntan las situaciones de baja por situaciones relacionadas con la ansiedad y el estrés.

Desde CSIF, Mariví Casares, secretaria de prevención de riesgos de la central en Castilla y León, recuerda que la prevención dentro de la Administración autonómica está «infravalorada e infradotada». «No se pueden hacer las cosas bien porque falta personal y es inabarcable», sostiene.