El Consejo de Cuentas cifra en 395 millones que Castilla y León necesita por la infrafinanciación de servicios públicos

Castilla y León tiene una infrafinanciación anual de 395 millones de euros, 158 euros por habitante, lo que supone un déficit acumulado de 5.137 millones en los recursos liquidados del sistema de financiación autonómica entre 2009-2021, que en la práctica supone que un 6% de promedio de gasto social no este cubierto.

Así lo refleja el informe de ‘Análisis de la gestión del programa presupuestario de Deuda Pública y su relación con el sistema de financiación y el gasto en materia de sanidad y educación, ejercicios 2004-2021’ presentado este lunes por el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia , en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, en el que se recomienda a Junta y grupos parlamentarios que, para corregir ese déficit, promuevan en una revisión del sistema de financiación que se ponderen las variables no poblacionales, como contempla el Estatuto de Autonomía, informa Ical.

Amilivia afirmó que la financiación líquida que recibe la Comunidad por parte del Estado se elevó un 2% con respecto a 2009, mientras que su gasto social aumentó el 19%. En concreto, según se recoge en el informe, el déficit acumulado de financiación desde 2009 hasta 2021, calculado por la diferencia anual entre la financiación líquida recibida y el gasto social, asciende a 6.722 millones . No obstante, sí se descuentan los recursos extraordinarios recibidos en 2020 y 2021 ante la pandemia, de 843 y 741 millones, respectivamente, asciende a 5.137 millones, que en promedio supone una infrafinanciación de 395 millones anuales, con un 6% de promedio de gasto social no cubierto.

El gasto social (sanidad, educación y servicios sociales) por habitante en Castilla y León pasa de 2.514 a 3.219 euros de 2009 a 2021 . Así es la cuarta con mayor aumento con respecto a 2009, un 28%.

La financiación líquida recibida (entendida como la suma de las entregas a cuenta más las liquidaciones definitivas, menos los reintegros de liquidaciones negativas), ascendió en 2009 a 6.629 millones, que se elevan hasta los 6.746 millones en 2021, un 2% más. Por su parte, el gasto social en sanidad, educación y servicios sociales ha pasado de 6.444 millones en 2009 a 7.672 millones en 2021, con un aumento del 19 por ciento.

En el sistema de financiación, la población ajustada mide la necesidad de gasto de los distintos servicios fundamentales, y es determinante para el reparto del fondo de garantía de servicios públicos fundamentales, pero ha ido disminuyendo su peso relativo ponderado si se compara con el que tenía en 2010. En Castilla y León, ha pasado de representar el 6,23% al 5,84% en 2021. Esta variación negativa de 0,39 puntos implica una pérdida de recursos del fondo de garantía de servicios públicos fundamentales de 2021 estimado en 387 millones .

Recuerda el informe que el cálculo de la población ajustada otorga un peso residual a los factores no poblacionales, en concreto de un 3%, lo incide, como explica, en el coste diferencial de prestación de los servicios. De manera que esta escasa ponderación afecta a la financiación de Castilla y León, ya que no refleja de forma suficiente las singularidades que presenta por su superficie, su dispersión y el impacto de la distribución geográfica de la población en el reparto de los recursos.

Al mismo tiempo, se recalca que los retos demográficos como la baja densidad o el envejecimiento no están contempladas como tales entre las variables poblacionales del actual modelo, lo cual no atiende a lo dispuesto en el artículo 83.6 del Estatuto de Autonomía. Es por lo que el Consejo de Cuentas recomienda a la Junta y a los grupos parlamentarios que, en la revisión del sistema, hagan valer su acuerdo de Comunidad para que se ponderen en mayor medida las singularidades de Castilla y León.

En este sentido, Amilivia indicó que en los indicadores vinculados a los gastos de sanidad se deberían actualizar los coeficientes asociados por tramos de edad para la población protegida , en función del gasto realmente asumido por las comunidades, que depende del copago de las recetas farmacéuticas. Además, también se deberían modificar los indicadores asociados a los gastos en educación , de manera que se considere parte de la población que cursa estudios no universitarios y al alumnado universitario.

Con relación a los indicadores asociados al gasto en servicios sociales, el informe apunta que se debería considerarse la población mayor de 65 años en grupos de edad ponderados en función del grado de dependencia reconocido , así como la inclusión de una nueva variable que tenga en cuenta el coste diferencial del mantenimiento de los centros residenciales en las distintas comunidades y su distribución en el territorio.

En cuanto al bloque competencial de otros gastos , debería revisarse en profundidad disminuyendo su ponderación utilizando otras variables más realistas como los kilómetros de carreteras y la superficie forestal en detrimento de la población padrón y, a la vez, aumentar el peso de la superficie y la dispersión bajando la ponderación de la variable de otros gastos, atendiendo a las peculiaridades de Castilla y León, su baja densidad de población y su reparto desigual en numerosos núcleos, que impacta sobremanera en el coste de prestación de los servicios.

Al mismo tiempo, Amilivia reclama que se incluya un indicador que refleje el fenómeno de la despoblación y la puesta en marcha de un fondo específico , distinto del Fondo de Compensación Interterritorial, que atienda a la despoblación , a repartir entre las comunidades autónomas con menor densidad de población

Destaca, además el Consejo, que el peso relativo ponderado de las variables poblacionales asociadas a los distintos bloques competenciales ha disminuido con respecto a 2010, lo que afecta a la suficiencia del modelo, puesto que en el reparto anual de recursos del fondo de garantía de servicios públicos fundamentales, la Comunidad pierde peso en términos relativos.

Así e l gasto en sanidad y servicios sociales de Castilla y León aumentó un 27% y un 21% con respecto a 2009 y sin embargo el peso relativo ponderado de sus variables asociadas baja en el periodo analizado más que ninguna otra Comunidad, un 6% y un 10%, respectivamente.

Como resumen, se advierte de que, como el modelo actual reparte los recursos atendiendo mayoritariamente a la población, “es evidente” que se produce una infrafinanciación de las comunidades autónomas que tienen menos población y que se encuentran más afectadas por el impacto de las variables no poblacionales (superficie, dispersión e insularidad) sobre el coste de prestación de los servicios.

La deuda (calculada según el protocolo de déficit excesivo, que no incluye los pasivos de las administraciones públicas en poder de otras, créditos comerciales y otras cuentas pendientes de pago) alcanzó en 2021 los 13.215 millones de euros , mientras que en 2004 ascendía a 1.451 millones, experimentando su crecimiento más significativo a partir del 2009, coincidente con la crisis económica y la entrada en vigor del nuevo sistema de financiación autonómica.

No obstante, ese aumento se encuentra por debajo de la media ponderada por el producto interior bruto para el conjunto de las comunidades autónomas, y es menos intenso a partir de 2012. El peso relativo que representa la deuda de Castilla y León respecto al total de las comunidades no ha variado sustancialmente en el periodo analizado, representando el 4 por ciento desde 2010.

Con la irrupción de los fondos de financiación autonómica, primero a través del mecanismo extraordinario de pago a proveedores en 2012, y posteriormente adhiriéndose al fondo de facilidad financiera, cambió la composición de la cartera, disminuyendo la importancia de los préstamos internacionales.

La composición de la cartera de deuda de la Comunidad es similar a alguna otra (Principado de Asturias, La Rioja o Galicia) pero en la mayoría de las comunidades la fuente principal de préstamos proviene de los fondos de financiación autonómica. Casos aparte son comunidades como País Vasco, Comunidad Foral de Navarra o Comunidad de Madrid, que no acuden a este tipo de financiación y tienen un peso relativo mayor los préstamos procedentes del resto del mundo e imputados procedentes de la colaboración público-privada.

De los 179.763 millones de deuda viva en préstamos de los fondos de financiación a las comunidades autónomas en 2021, solamente 2.349 millones, en torno al 1%, corresponden a Castilla y León. Las comunidades que acuden en mayor cuantía a esta fuente de financiación son Cataluña (38 por ciento), Comunidad Valenciana (25 por ciento) y Andalucía (15 por ciento).

El programa de gasto de deuda pública gestionada por la Administración General en 2021 asciende a 1.347 millones, y supone el 11% de la liquidación del presupuesto consolidado de la Comunidad, pero no incluye la deuda pública del resto de entes del sector público.

Del seguimiento de la situación de la deuda se desprende que e l tipo medio de las operaciones de deuda a largo plazo de la Administración General se ha reducido un 75% con respecto a 2013, y un 13% con respecto a 2020. El volumen de vencimiento de deuda mayoritariamente se encaja en los seis años siguientes, manteniendo un calendario futuro de amortizaciones en torno a los 1.200-1.400 millones anuales.

En este punto, el Consejo recomienda a la Consejería de Economía y Hacienda que se plantee modificar el programa presupuestario de Deuda pública de la Comunidad para que el endeudamiento abarque no solo a su administración general, sino todo su sector público, incluyendo la deuda de entes como el Instituto para la Competitividad Empresarial o el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.