Castilla y León opta a 69 millones de euros del plan de empleo del Gobierno
El proyecto está dirigido a municipios de más de 20.000 habitantes
La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez - E.M.
Castilla y León opta a 69 millones de euros de un nuevo plan de empleo para entidades locales convocado por el Gobierno y dotado con 300 millones, según anunció hoy la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez. La comunidad figura junto con Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Valencia, Galicia, Murcia y La Rioja en el grupo de territorios en transición, por lo que la tasa de cofinanciación es del 60 por ciento.
La mayor parte de las subvenciones, 117,3 millones, corresponden al grupo de comunidades menos desarrolladas (Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Ceuta y Melilla), donde la tasa de cofinanciación es del 85 por ciento. El fondo está financiado por el Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social, del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), del periodo de programación 2021- 2027.
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Podrán participar en la convocatoria y resultar beneficiarias de las ayudas los ayuntamientos de los ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes; las diputaciones provinciales, las diputaciones forales, los cabildos y consejos insulares o, en su caso, las comunidades autónomas uniprovinciales, en el ejercicio de las competencias que corresponden a las diputaciones provinciales; y los organismos autónomos dependientes de alguna de las entidades indicadas, si tienen atribuidas funciones y competencias suficientes para poder desarrollar el objeto del proyecto.
El procedimiento de concesión de ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva con criterios que valorarán la complementariedad del proyecto con otros instrumentos y actuaciones como la participación en el diseño y planificación del proyecto de diferentes categorías de agentes vinculados al empleo, el porcentaje de itinerarios formativos destinados a los colectivos más alejados del mercado laboral o porcentaje de itinerarios formativos vinculados a la obtención del certificado de profesionalidad, entre otros.