El PP propone blindar los servicios esenciales en Castilla y León y que su cierre pase por las Cortes

El blindaje de los servicios públicos de Castilla y León por ley ya está en marcha. La norma que dará soporte a uno de los objetivos del Ejecutivo regional para esta legislatura echó este lunes a andar con su registro en las Cortes por parte del Grupo Parlamentario Popular. Su portavoz, Raúl de la Hoz, fue el encargado de exponer los pormenores de un texto que, entre muchas cuestiones, incluye un procedimiento para que el cierre de estos servicios esenciales sea determinado por las Cortes . En cualquier caso, el total de centros que los prestan y que existen actualmente en cada provincia deberá permanecer inalterado.

El proyecto de ley presentado por de la Hoz se compone de seis artículos, el primero de los cuales establece tanto el objeto como la finalidad de la norma. Así, en el primer caso está "garantizar al ciudadano la prestación en el territorio de la Comunidad los servicios autonómicos esenciales de asistencia sanitaria, educación y servicios sociales". Igualmente, esa finalidad pasa por "garantizar a los ciudadanos el acceso en condiciones de igualdad a la prestación en el territorio" de esos servicios.

Una de las cuestiones más relevantes que incluye este proyecto de ley es que, en su artículo dos, "garantiza los centros de salud de Atención Primaria, los centros de Educación Infantil y Primaria, y los de Educación Secundaria, y las zonas de acción social , existentes en el momento de su entrada en vigor". Una garantía que, además, se mantiene en el caso del traslado de estos centros a otro municipio dentro de la misma demarcación.

La voluntad del Grupo Parlamentario Popular es apuntalar ese blindaje de los servicios esenciales, el cual pasa en gran medida por mantener operativos los centros en los que se prestan. De ahí que para la supresión de los mismos "la propuesta se elevará al Consejo de Gobierno para su remisión a las Cortes de Castilla y León como una comunicación de la Junta para su debate". Dicho de otro modo, la decisión la tomará el Parlamento autonómico mediante una propuesta de resolución que trasladará de nuevo a la Junta para el correspondiente acuerdo.

Por otro lado, la proposición de ley incluye también unos criterios mínimos de atención sanitaria . Así, mientras que en los centros de salud habrá consulta asistencial todos los días laborables, en los consultorios del medio rural esto dependerá de la cifra de habitantes de hecho. De esta forma, en núcleos menores de 50 habitantes se dispondrá de consulta a la demanda, mientras que en los de entre 51 y 100 habitantes habrá consulta un día a la semana. Durante dos días será para municipios entre 101 y 200 habitantes, y que se elevan a tres en los de entre 201 a 500. Por encima de esa cifra, la consulta será diaria de lunes a viernes.

En lo que respecta a la educación, el artículo cuatro del proyecto de ley presentado este lunes por el PP recoge que "se mantendrá la ubicación de las infraestructuras y equipamientos públicos de los colegios rurales agrupados en los municipios donde radiquen", lo que supone la continuidad de los 186 CRAs que, según de la Hoz, hay a día de hoy en la Comunidad.

Por otro lado, la ley también garantiza que se mantendrán las unidades escolares de los colegios mientras haya, al menos, tres alumnos matriculados . Esta es una iniciativa que en Castilla y León ya se viene poniendo en práctica en los último años, con la diferencia de que en adelante quedaría respaldada por la legislación.

En el mismo sentido, también se establece que "la supresión de las unidades escolares de los colegios no pueda acordarse hasta que no hayan transcurrido dos cursos escolares sin actividad educativa por insuficiencia de alumnado".

Por parte de los servicios sociales, el planteamiento que hace esta norma es muy similar a los dos casos anteriores. Por un lado, garantiza que se mantendrán las prestaciones del catálogo que actualmente está vigente en Castilla y León, así como "el volumen de financiación a las entidades locales competentes para el mantenimiento de los equipos y servicios públicos en cada zona de acción social".

Finalmente, el artículo seis de esta proposición de ley recoge que las infraestructuras y los equipamientos "se incrementarán , en aplicación de los criterios y parámetros regulados en la normativa sectorial de aplicación, cuando sea preciso para atender las necesidades de la población".

Por último, añade que "de suprimirse alguno de los centros o de las zonas de organización territorial, se garantiza que los servicios autonómicos esenciales mantendrán el volumen global de prestación en cada provincia , efectuándose una nueva implantación de ese servicio igual o similar en dicho ámbito territorial".

"Primer paso"

El blindaje por ley de los servicios esenciales en Castilla y León siempre ha sido uno de los objetivos que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se había marcado para esta legislatura, hasta el punto de que la semana pasada volvió a incidir sobre ello durante su participación en el debate sobre el estado de la Comunidad. Asimismo, tras el anuncio realizado por de la Hoz, el jefe del Ejecutivo autonómico ha recurrido a su perfil personal de X (antes Twitter) para celebrar el inicio de la tramitación de la proposición de ley.

"Prometí blindar los Servicios Públicos por ley para asegurar su prestación, en calidad y equidad, en todo el territorio. Vivas donde vivas", afirmaba Mañueco en su publicación, a la que después agregaba que "hoy, en las Cortes de Castilla y León, desde el Partido Popular damos el primer paso. Pronto será una realidad para todos en Castilla y León".