Diario de Castilla y León

UGT y CCOO celebran la vuelta de las 35 horas y esperan que esta vez "se cumpla lo prometido"

Los sindicatos instan a la Junta a iniciar la negociación sobre cómo implantar la reducción de la jornada en los calendarios y turnos

Jesús Julio Carnero anuncia la jornada laboral de 35 horas semanales para lo empleados públicos. E.M.

Jesús Julio Carnero anuncia la jornada laboral de 35 horas semanales para lo empleados públicos. E.M.

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Redacción
Valladolid

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UGT y CCOO celebran la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos de la Administración autonómica y esperaron que esta vez se cumpla lo prometido hace cuatro años, cuando ya firmaron un acuerdo con la Junta para su puesta en marcha en Castilla y León, donde siguen vigente las 37,5 horas a la semana , medida que se adoptó en 2012 para hacer frente a la crisis económica.

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León, Tomás Perez , recordó a Ical que el anuncio del consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, llega “ un pelín tarde ”, porque remarcó que el acuerdo para recuperar las 35 horas se firmó entre la Junta y los representantes sindicales en mayo de 2019, hace cuatro años.

De esta forma, el dirigente de la UGT valoró que la Junta haya decidido implantar a partir del 1 de junio las 35 horas en la Comunidad, como les trasladó el consejero de la Presidencia este lunes. No obstante, advirtió de que queda “mucho por hablar” y que a partir de ahora deben empezar a negociar no el acuerdo sobre la reducción de la jornada, sino sobre cómo se aplican.

Por ello, Tomás Pérez instó a la Junta a iniciar cuanto antes la negociación en las mesas sectoriales para determinar cómo se implementa la jornada de 35 horas semanales sobre, por ejemplo, los horarios en el caso de los profesionales sanitarios o sobre las horas lectivas, entre los docentes.

En la misma línea, Juan Carlos Hernández , coordinador del sector autonómico de la Federación Servicios a la Ciudadanía de CCOO, insistió en que se trata de la recuperación de un derecho ya existente y del cumplimiento de un acuerdo firmado hace cuatro años. “Durante este tiempo hemos estado reclamando insistentemente que se cumpliera lo firmado y ahora dicen que lo van a hacer. Nos parece bien”, dijo.

Al respecto, apuntó que la Junta y la representación sindical debe hacer algunas modificaciones en la organización y los calendarios laborales. “Ahora tenemos que esperar a que este anuncio llegue al cumplimiento efectivo . Nuestra parte ya la hicimos hace cuatro años, por lo que ahora la Junta tiene que demostrar que es verdad lo que dice”, apostilló.

Hernández recordó que CCOO siempre ha defendido que la vuelta a la jornada laboral de 35 horas requiere creación de empleo ante los cambios que se tendrán que hacer en los calendarios y turnos en el sector sanitario o docente, no tanto en la administración general.

CSIF pide un refuerzo en Sanidad y Educación

El presidente autonómico de CSIF, Benjamín Castro , se felicitó porque después de tres años luchando para que se cumpla el acuerdo de 2019, “al fin” el consejero de Presidencia, Jesús Julio Carnero, haya anunciado que el 1 de junio todos y cada uno de los empleados públicos de la Administración autonómica recuperarán la jornada laboral de 35 horas semanales.

Esto va a suponer, señaló en un comunicado CSIF, un aumento en el número de empleados públicos que van a trabajar en las consejerías de Educación y de Sanidad, por lo que exigió a la Administración autonómica que refuerce cada uno de los negociados y servicios de Recursos Humanos en ambas consejerías de aquí “a la mayor brevedad”. 

“En ese periodo de tiempo se debe estructurar correctamente cuáles van a ser las necesidades exactas de personal en estas dos consejerías, para que no nos encontremos el 1 de junio con problemas que provoquen una dilación a la hora de implantar la jornada de 35 horas”, apunta Castro.

Al mismo tiempo, CSIF reclamó a la Junta que “haga partícipes” a las organizaciones sindicales de la serie de decisiones legislativas, normativas y administrativas que se van a tener que ir adoptando, con el objetivo de que estas puedan “fiscalizar y comprobar” que se están cumpliendo los pasos requeridos para que la jornada se implante “con garantías”.

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