Diario de Castilla y León

Sesenta y seis mil denuncias por violencia de género en 15 años de ley integral

Siete de cada 10 víctimas lograron órdenes de protección del total de las incoadas /Diez mil de las 16.000 sentencias fueron condenatorias 

Detención a un presunto autor de delitos de violencia de género en una fotografía de archivo. E.M.

Detención a un presunto autor de delitos de violencia de género en una fotografía de archivo. E.M.

Publicado por
Íñigo Arrúe
Valladolid

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Los juzgados de violencia sobre la mujer de Castilla y León recibieron 65.810 denuncias en los primeros quince años de vigencia de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En el conjunto de España fueron 1,9 millones las denuncias interpuestas. 

La Comunidad aporta el 3,47% del conjunto de denuncias de España y, de hecho, firma una incidencia baja con respecto a otras regiones, y más teniendo en cuenta que suma nueve provincias. Todo los años, se ha movido en una horquilla entre 4.100 y 5.500 denuncias anuales, y los ejercicios con más casos han sido 2008, con 5.459 y 2017, con 5.410.

Así, Andalucía acumuló entre el 29 de junio de 2005, fecha de la puesta en marcha de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral  y el 30 de junio de 2020, fecha del estudio, un total de 398.010 denuncias; Madrid, 294.762; Cataluña, 262.373 y la Comunidad Valenciana, 260.011. En los puestos de cola figuran La Rioja (9.623), Navarra (20.218) y Aragón (34.054).

Los expedientes han dado lugar a 16.164 órdenes de protección a las víctimas, sobre las 22.176 incoadas, lo que arroja un porcentaje del 72,9% de protección adoptada, cinco puntos menos que en el conjunto de España, ya que se resolvió  favorablemente en un 63,7%. Los denunciados en la región fueron de nacionalidad española en el 72% de los casos. 

La adopción de las órdenes de protección es muy dispar en los distintos tribunales superiores de justicia. La media del periodo oscila entre el 51% de Cataluña o el 55,5 % de Madrid hasta el 81,6 % de Murcia, el 82 % de la Comunidad Valenciana, el 82,4 % de Aragón o el 84,9 % de La Rioja.

SENTENCIAS con condena

Los juzgados de violencia sobre la mujer, los juzgados de lo penal y las audiencias provinciales de Castilla y León han dictado 5.459 sentencias condenatorias con conformidad, 4.786 condenatorias con juicio y 6.142 absolutorias, lo que representa un 62,5% de fallos con pena. En España se dictaron 704.749 sentencias, de las que el 72,7 % fueron condenatorias

Según advierte el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su análisis sobre el conjunto de España, el número de denuncias por cada 10.000 mujeres aumenta en los partidos judiciales con más población, dato que revela mayores dificultades para denunciar en las poblaciones pequeñas. 

El 80,3 % de las denuncias se recibieron en los juzgados por atestado policial, incluyendo este porcentaje las presentadas por la propia víctima, por familiares o por intervención directa de la policía. Las denuncias presentadas directamente por víctima o familiares ante el juzgado alcanzaron su máximo nivel en 2007 (11,6 %) y, desde 2014, experimentaron un descenso hasta llegar al 2,9 % de 2019 o al 2,4 % del primer semestre de 2020.

El desglose de las denuncias según la nacionalidad de las víctimas está disponible solo desde 2011. Por comunidades autónomas, el porcentaje de las presentadas por víctimas españolas varía desde el 55 % de Navarra hasta el 79,1% de Galicia. La media nacional se ha mantenido muy estable durante todo el periodo, situándose el porcentaje medio de los 15 años en el 65,8 %.

Si te tiene en cuenta el número de denuncias por cada 10.000 mujeres mayores de edad (medidas con las cifras oficiales de españolas y extranjeras empadronadas), la media global del periodo es de 48,6 víctimas españolas por cada 10.000 mujeres españolas y de 223,1 extranjeras por cada 10.000 de otras nacionalidades diferentes a la española. El dato indica que la violencia de género es más grave entre las extranjeras, aunque debe matizarse teniendo en cuenta que entre las denunciantes puede haber mujeres no empadronadas.

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