Dos años y seis meses de cárcel para el acusado de maltratar y matar 21 perros en un pueblo de Burgos

El caso del criadero de perros de Melgar de Fernamental (Burgos) llega a una nueva etapa con la condena a su responsable por el maltrato que sufrieron los animales en las instalaciones. El caso se remonta a 2019 y estuvo marcado por varias inspecciones, el hallazgo de perros muertos en distintas propiedades y la marcha del acusado al extranjero en febrero de 2020.

El responsable ha sido condenado a dos años y medio de cárcel por el maltrato continuado a decenas de animales, 21 de los cuales murieron por "inanición", y por ocultar sus bienes para dificultar el pago de las indemnizaciones, según expone el Tribunal de Instancia de Burgos, en la sentencia dictada el 23 de octubre de 2026.  Ademá, también le impone hasta cuatro años de inhabilitación para ejercer actividades relacionadas con animales y para su tenencia. 

La resolución impone al condenado un año de prisión por un delito continuado de maltrato animal sin resultado de muerte y otros 18 meses por el maltrato que provocó el fallecimiento de 21 perros. Por el primero de los delitos, la inhabilitación "para ejercer una profesión, oficio o comercio relacionado con animales" y para para la tenencia de animales se fija en tres años, mientras que por el segundo asciende a cuatro años.

A estas penas se añade una multa de doce meses, con una cuota diaria "de seis euros", por un delito continuado de alzamiento de bienes. El tribunal considera acreditado que el acusado donó "dos fincas a su madre" y vendió una furgoneta "de su propiedad" cuando ya conocía las obligaciones económicas derivadas de una condena anterior. La resolución concluye que estas operaciones lo colocaron en una "situación de insolvencia" que "dificultaba el cobro de las cantidades reclamadas", aprecia la sentencia .

El acusado ha sido absuelto del delito de estafa por el que también había sido procesado, después de que las partes retiraran la acusación por este cargo. En materia de responsabilidad civil, deberá indemnizar "a la Junta de Castilla y León con 185.617,72 euros" y "a la asociación Justicia y Defensa Animal de Burgos con 12.018,81 euros", refleja el fallo.

Los hechos  se produjeron en el criadero que regentaba el acusado en la localidad burgalesa de  Melgar de Fernamental. El 19 de noviembre de 2019, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y veterinarios de la Junta de Castilla y León realizaron una inspección en las instalaciones y encontraron más de cien perros "en condiciones deplorables".

Los animales no tenían "comida ni agua" a su disposición, los bebederos improvisados podían causarles heridas y las instalaciones no contaban con alojamiento adecuado para todos, según recoge la sentencia. La situación obligó a llevarse cinco perros "ante el temor de que murieran de forma inminente" .

La situación continuó durante los meses siguientes. El 20 de diciembre de 2019, unas "inundaciones en la localidad afectaron al criadero" y se trasladó "a 35 animales a una finca propiedad de la madre del acusado". Posteriormente,  en enero de 2020, una nueva inspección permitió localizar 54 perros y retirar ocho que presentaban problemas de  "delgadez extrema, cojeras, atrofia muscular, conjuntivitis, síntomas de ceguera y heridas sangrantes", refleja el escrito.

El responsable del criadero abandonó España el 22 de febrero de 2020 y se marchó a México, en un momento en el que la investigación sobre las condiciones en las que se encontraban los animales seguía avanzando. Su paradero acabó situándose en Venezuela, donde fue detenido en octubre de 2024 en cumplimiento de una orden internacional de detención emitida el año anterior. Finalmente, fue trasladado a España el pasado mes defebrero para responder ante la Justicia por los hechos relacionados con el criadero de Melgar de Fernamental.

Durante el juicio, el acusado explicó que se había marchado al extranjero por la presión que, según su versión, ejercía sobre él la Guardia Civil. Sin embargo, la sentencia recoge los hechos probados sobre el estado en el que se encontraban los perros y la responsabilidad que atribuye al acusado en el maltrato.

La resolución judicial también aborda las actuaciones que realizó con sus bienes antes de abandonar España, al considerar que buscó evitar que sus acreedores pudieran reclamar las cantidades que le correspondía pagar.

La resolución emitida por la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Burgos puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Burgos en un plazo de diez días desde su notificación. La condena cierra una parte del proceso judicial por los hechos ocurridos en el criadero de Melgar de Fernamental, donde las inspecciones realizadas entre noviembre de 2019 y febrero de 2020 permitieron documentar las condiciones en las que vivían los animales y las consecuencias del abandono.