La Fiscalía archiva la denuncia contra el presidente de la Diputación de Burgos porque no aprecia delito

Visto y no visto. El mismo día que trascendía la investigación por parte de la Fiscalía de las adjudicaciones del Ayuntamiento de Burgos a la empresa Eventos El Espino, en la que el presidente de la Diputación, Borja Suárez, tenía más de un 10% de participación, se conoce que tanto el Ministerio Público como la Autoridad Independiente en materia de Corrupción de Castilla y León archivan las diligencias al respecto tras analizar la documentación recabada.

En concreto, el comunicado remitido por la Diputación Provincial, que preside Suárez, explica que la Fiscalía Provincial de Burgos ha decretado el archivo de las Diligencias de Investigación Preprocesal 30/2026, que se incoaron a raíz de una denuncia anónima presentada el 1 de abril por la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y tráfico de influencias.

Mediante decreto de 24 de junio, la Fiscalía concluye que los hechos analizados no revisten carácter penal. El decreto recoge las diligencias practicadas y la documentación examinada y, según detalla el citado documento, concluye que los hechos denunciados no son constitutivos de delito, después de analizar de forma pormenorizada los tipos penales de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y tráfico de influencias.

Por otro lado, la misma nota aclara que la Autoridad Independiente en materia de Corrupción de Castilla y León (AICCyL) también ha cerrado la comunicación anónima recibida poco después, el 16 de abril de 2026. Dentro del ámbito de sus competencias, el organismo considera que el Ayuntamiento de Burgos "reaccionó institucionalmente ante los hechos puestos de manifiesto, adoptó medidas de control y seguimiento y no aprecia elementos adicionales que justifiquen mantener abierta la fase de investigación".

La AICCyL señala además que los hechos fueron puestos de manifiesto, analizados por la Secretaría municipal, elevados al Pleno y objeto de medidas preventivas. También recoge que están pendientes de actuaciones revisoras en sede municipal y, según el comunicado, califica de "eficiente" la reacción administrativa del Ayuntamiento, al que atribuye la competencia para continuar con la implantación de las medidas preventivas y los procedimientos de revisión de los contratos celebrados.

Tras conocer ambas resoluciones, Suárez ha reiterado su respeto a las instituciones y su confianza en el funcionamiento de los mecanismos de control y garantía del Estado de Derecho. "Siempre he mantenido una actitud de plena colaboración con cuantas actuaciones se han considerado oportunas, facilitando la información requerida y actuando con absoluto respeto a las decisiones de los órganos competentes", señalaba.

El presidente de la Diputación subraya que las resoluciones notificadas cierran las actuaciones abiertas tanto en el ámbito de la Fiscalía como en el de la Autoridad Independiente en materia de Corrupción de Castilla y León, "sin que se haya apreciado reproche penal en relación con los hechos denunciados". Recuerda asimismo que fue él quien puso en conocimiento del Ayuntamiento la situación planteada en el momento en que tuvo constancia de que se habían producido las contrataciones, antes y con independencia de su publicación o trascendencia pública. También defiende que su condición de accionista constaba en la declaración de bienes presentada y que no formó parte de los diferentes órganos con los que se celebraron los contratos.

La resolución de la Fiscalía dando carpetazo a las primeras de cambio da también respuesta por la vía legal a las peticiones de información que reclamaban determinados medios de comunicación mientras analizaba el caso y llegaba a la conclusión del archivo de las actuaciones.

El dirigente provincial añade que, desde el 13 de abril, ha dejado de ser accionista de la referida sociedad. En adelante, señala que su único interés es que el Ayuntamiento tramite y concluya lo que proceda en los procedimientos de revisión de oficio e implante el protocolo preventivo, en garantía tanto del correcto funcionamiento de la Administración como de los derechos de los corporativos.

La Fiscalía silencia a De la Rosa

La decisión de la Fiscalía de archivar la denuncia registrada hace casi tres meses coincide con el estallido de la operación Fuentona en Soria, en el que investigan delitos de tráfico de influencias, prevaricación, blanqueo de capitales y organización criminal y que deja siete detenidos, entre ellos la concejala de Turismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos. Mientras la Guardia Civil realizaba los registros en el consistorio soriano, el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, urgió a que se produjeran también registros en la casa consistorial de Burgos al hilo del caso del concejal y presidente de la Diputación, Borja Suárez, a propósito de las contrataciones a su ex empresa. Apenas 48 horas después, la Fiscalía ha dado también respuesta a las reclamaciones de De la Rosa, anterior portavoz municipal del PSOE de Burgos, dando carpetazo al caso de forma fulminante y silenciando las quejas del socialista.

"Aquí el Ayuntamiento de Burgos ha contratado con una empresa de la que un concejal del equipo de gobierno (el presidente del PP de Burgos), ha tenido participaciones (más del 10 %) después de tomar el acta de concejal durante años", publicaba De la Rosa en la red social X. Dos días después, el fiscal entiende que no hay delito alguno y pone fin al caso. La respuesta le llega a De la Rosa en forma de archivo de la Fiscalía.