La ex monjas de Belorado exigen la nulidad de todas las actuaciones

Las monjas cismáticas de Belorado vuelven a la carga. Ya advirtió la semana pasada su jefe de prensa, Francisco Canals, que «seguirán en el centro de la actualidad durante el mes de agosto». Aunque sea a través de sus abogados, Florentino Aláez y Enrique García de Viedma, quienes piden ahora la anulación de todas las actuaciones judiciales contra sus representadas y la «vuelta del procedimiento a su comienzo».

Otra vez a la casilla de salida. Esa es la principal pretensión de las exclarisas okupas después de que el Juzgado de Briviesca estimase la demanda de desahucio interpuesta por el comisario pontificio, Mario Iceta. Como era de esperar, su defensa confirmó inmediatamente que recurriría el fallo ante la Audiencia Provincial de Burgos.

El pretexto para solicitar la anulación de todas las actuaciones se fundamenta en el procedimiento judicial llevado a cabo el pasado 1 de agosto que culminó con el fallido intento de sacar «a la fuerza» a las cinco religiosas ancianas, de entre 87 y 100 años, que actualmente residen en el monasterio de Orduña (Vizcaya). Según sus abogados, las exmonjas «desconocían» que se fuese a efectuar tal acción. No en vano, supieron adelantarse al trasladar a las hermanas desde Belorado.

«Se ha comprobado que se tramitó en su totalidad a espaldas de ellas, dejándolas en absoluta indefensión», argumentan Aláez y García de Viedma. Según detallan, la tramitación de esta medida cautelar duró cinco días -del 25 al 30 de julio- «sin notificación alguna a las propias afectadas ni a sus guardadoras». Finalmente, esgrimen que se adoptó la «brutal» decisión de «arrancar a personas mayores y con discapacidad de su casa sin previo aviso». Además, «en un partido judicial diferente al del Juzgado de Briviesca» y, por lo tanto, «vulnerando su propia competencia».

Ante lo que consideran un «cúmulo de irregularidades», los letrados de las religiosas excomulgadas no solo reclaman la anulación de actuaciones. También solicitan la «implicación» de la Fiscalía para «velar por los derechos de las monjas, cuya protección tiene legalmente encomendada y que han sido completamente infringidos en este proceso». Lo que está claro, a estas alturas de la película, es que el objetivo que se persigue -de nuevo- es retrasar lo máximo posible el desahucio del monasterio de Santa Clara.