Revés judicial a las exmonjas al confirmar a Iceta como administrador del monasterio
Las exmonjas buscaban transformar las entidades monásticas pertenecientes a la Iglesia en asociaciones civiles culturales

Monjas de Belorado a las puertas del juicio en una imagen de archivo.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid inadmite la demanda que las exclarisas cismáticas habían interpuesto contra la Administración del Estado y los monasterios de Belorado y Derio, cuya administración y representación legal corresponden al Comisario Pontificio, según informaron ayer fuentes de la Oficina del Comisario Pontificio. De este modo viene a «confirmar» las tesis mantenidas por el Comisario Pontificio y reconocidas por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y el Ministerio del Interior, aseveraron.
De esta forma, la Oficina del Comisario Pontificio de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio quiso realizar ayer algunas manifestaciones como que la sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha del 11 de junio de 2025 inadmite el recurso presentado por Laura García de Viedma Serrano y las asociaciones civiles que las exmonjas cismáticas habían constituido denominadas ‘Monasterio de Santa Clara de Belorado’ y ‘Monasterio de Santa Clara de Derio’ contra el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y contra el Ministerio del Interior.
Con esta operación, señalaron que «las exclarisas cismáticas buscaban transformar las entidades monásticas pertenecientes a la Iglesia católica en asociaciones civiles culturales e impugnar el nombramiento del Comisario Pontificio como legítimo administrador y representante legal de los Monasterios». El motivo de esta declaración tiene su razón de ser en la denuncia interpuesta en su día por las exreligiosas Laura García de Viedma, Susana Mateo Cruz y María Teresa Roca Peinado.
Además, precisaron que la sentencia analiza los argumentos de las partes y determina que las resoluciones de los dos ministerios recurridas por las exmonjas «no vulneran» los derechos fundamentales invocados de «libertad religiosa, de asociación, de intimidad o de igualdad», indicaron. Recordaron que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes reafirma la validez del nombramiento del Comisario Pontificio como Administrador y representante legal de los Monasterios. «Y el Ministerio del Interior defiende la imposibilidad de inscribir asociaciones civiles provenientes de la transformación de entidades religiosas, al ser un procedimiento que no es conforme a Derecho, ya que el ordenamiento jurídico reconoce el derecho canónico como derecho estatutario», añadieron.
También puntualizaron que las resoluciones reconocen el derecho de las exmonjas a separarse de la Iglesia Católica y a formar nuevas asociaciones o confesiones religiosas, pero matizaron que «niegan la posibilidad de transformar los monasterios en asociaciones civiles». «Esto se debe a que los monasterios son entidades religiosas vinculadas jerárquicamente a la Iglesia Católica y regidas por el Derecho canónico, el cual no permite su transformación en entidades civiles ni que éstas puedan ser titulares del patrimonio de los monasterios sin autorización de la Santa Sede».