Denuncian impagos en una empresa abulense vinculada a la trata de personas

Los 25 empleados del Grupo Industrial Pancho Mex de Candeleda (Ávila) y los 15 que fueron despedidos en enero denuncian impagos de varias nóminas que en total ascienden a 80.000 euros. Los empleados que se quedaron sin trabajo tras el ERE aplicado por la compañía se concentraron ayer para exigir el dinero que les deben. La empresa que estuvo vinculada a una red de trata de personas les ha abonado la mitad de noviembre pero les debe diciembre y los 24 días trabajados el pasado mes de enero. En Navidad no reciben paga extra porque la empresa la prorratea a lo largo del año.

La compañía declaró un ERE al comienzo de este año debido a su situación económica. Su mayor cliente dejó de comprar sus productos tras una intervención el pasado mes de octubre de la Guardia Civil, que liberó a diez mujeres de Nepal que trabajaban en la compañía y que eran obligadas a realizar su trabajo en condiciones de «semiesclavitud». La operación Lhotse puso punto final a la situación en la que estaban. Dormían en colchones sobre el suelo, las instalaciones carecían de calefacción y algunas ventanas no tenían cristales y estaban cubiertas por plásticos.

La intervención de la Guardia Civil constató que la cocina presentaba «un claro estado de suciedad, claramente insolubre, y además sólo había un baño que las mujeres debían compartir, lo que impedía su «privacidad y las condiciones básicas de higiene».

Las diez mujeres eran obligadas a trabajar en la empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos y alimentos envasados, ubicada en la localidad abulense. La Guardia Civil tuvo conocimiento de que podrían estar llevándose a cabo actividades ilícitas relacionadas con explotación laboral en esta empresa y el pasado 2 de octubre los agentes decidieron inspeccionar exhaustivamente el lugar.

Las víctimas vivían además sin documentación y sin acceso a dinero y desde su llegada a la localidad abulense salían de la nave «en contadas ocasiones y siempre acompañadas de una persona perteneciente a la organización, que las vigilaba constantemente».

Además de estar «completamente aisladas de la sociedad», no tenían ningún conocimiento del castellano y tan solo se comunicaban con algunas palabras en inglés.

El panorama cambió a raíz de esa actuación de los agentes. El principal comprador dejó de adquirir los productos a la empresa, que pocos meses después anunció un ERE que afectó a 15 trabajadores. Los propietarios de la empresa justificaron los despidos con los motivos económicos derivados del descenso en las ventas.

Además de dejar sin trabajo a 15 trabajadores, la empresa les adeuda dos meses y medio. Lo único que han cobrado es la mitad de la nómina de noviembre y tanto los empleados como el secretario general de UGT Ávila Fica de Industria, Construcción y Agroalimentaria, José Ramón Muñoz, aseguran que ese pago se ha efectuado para evitar que los trabajadores continúen con sus protestas. La huelga que el sindicato había convocado para el pasado 24 de febrero se desconvocó finalmente tras cobrar los trabajadores que continúan en activo una parte de lo que les deben. Los empleados despedidos aseguran que la empresa les pagó parte de la deuda con la intención de que no continuasen con las protestas.

Los trabajadores que se quedaron sin empleo se concentraron ayer ante la empresa para exigir el dinero que les deben y mantendrán su protesta hasta que reciban sus emolumentos. El acto de conciliación celebrado el pasado 18 de febrero no sirvió para nada ya que los representantes de los trabajadores y la empresa no alcanzaron un acuerdo.

Las cifras de mercado de la empresa sufrieron un descenso considerable y es que el principal comprador de sus productos decidió poner el punto final a las adquisiciones.

Los trabajadores despedidos el pasado mes de enero que reclaman el dinero que se les debe no tienen mucha antigüedad en la compañía y sus sueldos eran bajos.