LABORAL
UGT y CCOO exigen empleos dignos para las 7.500 auxiliares de ayuda a domicilio de Castilla y León
Los sindicatos reclaman a la Junta contratos estables, mejores salarios y más control sobre las empresas concesionarias del servicio
Manifestantes en defensa de las condiciones dignas de las trabajadoras de Ayuda a Domicilio en Castilla y León.
UGT Servicios Públicos y CCOO Hábitat reclamaron este lunes a la Junta de Castilla y León mejoras laborales para las 7.500 auxiliares de ayuda a domicilio de la Comunidad, un colectivo que consideran esencial para la atención a las personas dependientes y que, a su juicio, sigue trabajando en condiciones insuficientes.
Ambos sindicatos se concentraron frente a la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales para exigir empleos dignos, contratos estables, salarios adecuados y mayores garantías de seguridad y salud laboral para unas profesionales que prestan servicio a cerca de 24.000 personas dependientes en Castilla y León.
Las organizaciones sindicales defendieron además la necesidad de avanzar en un convenio que reconozca las reivindicaciones del sector y permita mantener la calidad de un servicio que consideran clave en una Comunidad especialmente envejecida.
UGT y CCOO reconocieron los avances logrados gracias al Diálogo Social, pero sostuvieron que la situación actual de las trabajadoras responde a una falta de voluntad política por parte de las administraciones responsables de financiar y supervisar el servicio, informa Ical.
Castilla y León
Abascal mete a Montse Lluis, la negociadora del pacto en Castilla y León, como su número dos por Madrid al 29-N
Ricardo García
Por ello, reclamaron que las licitaciones públicas incluyan cláusulas sociales que garanticen condiciones laborales dignas, exigieron una mayor vigilancia sobre las empresas concesionarias y pidieron a la Junta, diputaciones y ayuntamientos que destinen los recursos necesarios para proteger los derechos laborales de las auxiliares.
Los sindicatos recordaron que la ayuda a domicilio es un servicio público esencial y advirtieron de que el dinero público no puede financiar contratos que no aseguren salarios, seguridad y condiciones laborales adecuadas para quienes sostienen el sistema de atención a la dependencia.