El PSOECyL acusa a Quiñones de "hacerse un Montoro" con la orden que regula el precio de las viviendas públicas

El Partido Socialista de Castilla y León estudia llevar al Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia la orden de la Junta publicada el pasado 1 de agosto por la que se regula el precio de venta y alquiler de las viviendas protegidas, dado que su aplicación, además de suponer un incremento del precio de venta de entre el 8 y el 23%, dependiendo de las provincias, en el caso de los alquileres supone pagar por encima de los niveles máximos marcados por la normativa estatal.

La secretaria de Vivienda del PSCyL, Ana Casado, acusó este miércoles al Ejecutivo autonómico de gobernar de “espaldas a los ciudadanos” y de hacerlo en favor de las grandes promotoras y los fondos de inversión, y aseguró que el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, “se ha hecho un Montoro”, como recogió Ical.

Casado, que tildó de injusta la orden a de la Junta, recordó que desde su partido ya se denunció que las últimas dos órdenes en materia de regulación de precios, tanto en máximos de venta, como de referencia para el alquiler, subían un 40%, a la vez que remarcó que con esta nueva orden “se dan una vuelta más”.

Según explicó, la nueva orden unifica los precios de las distintas tipologías de la viviendas de protección pública y provoca que en capitales de provincias como Valladolid, Salamanca, Segovia, León y Burgos los precios, tanto de venta como de alquiler, suban un 8,87%, mientras que Ávila, Zamora, Palencia y Soria la subida, “de un día para otro” es del 23,8%.

Además, pidió a Suárez-Quiñones que explique qué modelo de vivienda plantea y a quién la dirige, cuando en la Comunidad las viviendas protegidas son más caras que las del mercado libre. “Está claro que las viviendas protegidas de esta comunidad no están destinadas a familias humildes”, apuntó Casado, que también acusó al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, de ser el principal especulador de la Comunidad.

Al mismo tiempo, la representante socialista aseguró que lo más “indigno” de la orden de la Junta es que pretende dar “legitimidad” a cobros “presuntamente ilegales” que las empresas han realizado sus inquilinos a lo largo de los últimos años en viviendas de protección pública. “Esta mala prácticas de adaptar órdenes e instrucciones ‘ad doc’ para favorecer a empresas tiene un parecido más que razonable con el caso Montoro que ahora investiga la justicia. Si es cierto que en este caso no sabemos aún qué beneficio puede sacar el gobierno del PP de la Junta”, aseguró.

“Injusticia”

A su vez, Casado insistió que en este caso se da el agravante de estar ante familias con dificultades para llegar a fin de mes y que pagan rigurosamente el alquiler pensando que la administración, en este caso la Junta, vigila el procedimiento. “No hay mayor injusticia que la que se ejerce desde las instituciones”, remarcó.

La secretaria de Vivienda del PSCyL acusó a la Junta de encarecer el mercado inmobiliario con esta norma y explicó que viviendas calificadas en 2010 dentro del régimen especial en localidades vallisoletanas como Simancas, Zaratán o Arroyo de la Encomienda, con 90 metros cuadrados útiles, 25 de garaje, ocho de trastero, que se compró en 2010 por un precio máximo de 116.519 euros, ahora se puede vender por 224.716 euros, un 98,9% más. Además, también puso un ejemplo en Soria, donde una vivienda pública incluida en el régimen general comprada en el 2015 por 133.165 euros, ahora se vende también por 224.716 euros.

Con respecto al alquiler, “que es incompatible con los planes estatales que regulan las viviendas protegidas”, explicó que un vivienda de 90 metros con garaje y trastero, calificada con el plan cuatrienal 2005-2008, se tendría que alquilar, según el plan estatal, en 610,34 euros, pero con la aplicación de la nueva orden este se incrementaría hasta los 842,69 euros.