El PP se persona como acusación en la macrocausa contra la corrupción en Soria

El Partido Popular pide personarse como acusación popular en la macrocausa contra la corrupción en Soria, el conocido como ‘caso Fuentona’ que salpica al Ayuntamiento de la ciudad y que se saldó a finales de junio con la detención de la concejal de Turismo y Medio Ambiente, Yolanda Santos, uno de los cargos de confianza del actual secretario del PSOECyL y ex alcalde de la capital soriana, Carlos Martínez Mínguez, y de seis personas más. Se trata del caso de corrupción más importante de Soria que llevó a la Policía Judicial de la Guardia Civil a un exhaustivo registro de 11 horas en las dependencias municipales y que finalizó con el traslado de Santos hasta los calabozos de la Comandancia en Eduardo Saavedra.

El PP ha solicitado al Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción Plaza 3 de Soria la personación en el ejercicio de la acción popular, según fuentes judiciales, y pretende unirse de esta forma a Vox, por cuanto el juez que instruye la causa que permanece bajo secreto de sumario, para proteger las investigaciones, ya admitió la personación como acusación popular del partido de Abascal.

Los populares esgrimen que existe una causa que puede afectar no sólo a los intereses del Ayuntamiento de Soria, en el que el PP tiene representación (7 concejales), sino también a «los intereses generales» a los que sirve la Corporación Municipal. En suma, el partido señala que se siente «legitimado» para la «defensa de los derechos e intereses legítimos, tanto individuales como colectivos, las corporaciones, asociaciones y grupos que resulten afectados o que estén legalmente habilitados para ello», y que es una formación política que actúa «al servicio de los intereses generales de los ciudadanos».

La personación se realiza sin que sea necesaria la formulación de querella, estima el PP, al tratarse de una causa ya iniciada y, por ello, «suficientemente definida en cuanto a la existencia de hechos de apariencia delictiva».

Los populares consideran que no sería necesaria la prestación de una fianza para la personación, «dado que no existe riesgo de que esta parte pueda responder de eventuales responsabilidades derivadas de esta causa», aunque no tiene inconveniente en que, si fuera necesario, ofrecer de forma expresa la constitución de la misma si el tribunal lo considera oportuno, aunque añade que debe resultar «proporcionada y equitativa». Caso de que el juez acepte la personación del PP, como ya hizo con Vox, el partido tendrá acceso a todas las actuaciones en el momento en el que se levante el secreto de la causa.

A pesar de haber transcurrido ya más de un mes desde que se desató la ‘Operación Fuentona’, el pasado 23 de junio, que impactó directamente en las entrañas del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Soria y de su ex alcalde, Carlos Martínez, actual número uno de los socialistas de Castilla y León, sus responsables permanecen en estado de shock. El grave caso de corrupción, tras la denuncia de un empresario del sector, comenzó a desentrañarse un día antes de las fiestas de San Juan de la capital soriana, lo que causó una verdadera convulsión en la ciudad.

Los casos a los que se enfrentan los detenidos, todos ellos en libertad con cargos, no son moco de pavo. Se trata de un rosario de delitos que incluyen prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Entre los imputados, además de la ya ex concejal del Ayuntamiento, que renunció a todos sus cargos incluida la militancia en el PSOE, se encuentra una técnica del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Marta Viu, todos ellos ex administradores solidarios o administradores únicos de la empresa Biosfera, en el punto de mira de la Guardia Civil. Hasta once contratos concedió el Ayuntamiento de Soria a esta firma por valor de más de 260.000 euros.

El puzzle se completa con el chivatazo judicial de Carlos Martínez, que inicialmente desveló a El País que tuvo la información privilegiada del registro, a pesar de la obligación de guardar silencio, y que posteriormente se desdijo. Vox presentó una querella en el juzgado número 2 de Soria que se inadmitió, aunque la formación de Abascal recurrió esta decisión ante la Audiencia Provincial, que sigue pendiente de que tome una decisión.

En su querella, Vox afirmó que las manifestaciones de Carlos Martínez permitían inferir una posible revelación ilícita de información reservada y solicitó diligencias para determinar qué personas tuvieron acceso a las actuaciones secretas y cuál de ellas pudo facilitar la información a Martínez.

Una pretensión que rechazó el juez del número 2 de Soria. El auto de inadmisión consideraba que la querella «no aporta indicios objetivos que permitan afirmar, si quiera de forma inicial, la efectiva comisión de un delito de revelación de secretos». Subrayaba que la base fáctica de la imputación «descansa exclusivamente» en las manifestaciones públicas atribuidas a Carlos Martínez Mínguez, pero «no se ofrece elemento alguno que permita determinar con precisión el alcance de dicho conocimiento, la fecha en que se produjo, la concreta información conocida, ni la fuente de que procedería». El auto tampoco veía datos para concluir indiciariamente que la información proviniera de una persona obligada a guardar secreto.

Hay que recordar que el propio Carlos Martínez dijo que él no estaba obligado a guardar secreto, al tiempo que afirmó, sin que nadie le preguntara, desconocer si el actual alcalde de Soria, Javier Antón, había sido avisado de la actuación policial. Fue el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León quien luego aclaró, a través de una nota oficial, que el juzgado avisó la víspera a Javier Antón del registro y que se le había advertido de su obligación de guardar secreto.

Antón, preguntado por la prensa por si había contado a cualquier persona la información que tenía, se negó a responder hace unas semanas y únicamente dijo: «Me remito al secreto de sumario». Antón fue elegido a dedo por Carlos Martínez para sustituirle como alcalde. Para ello tuvieron que renunciar todos los concejales del Ayuntamiento de la ciudad, incluida la propia Yolanda Santos, dos meses antes de que fuera detenida.

Todos ellos son indicios que el auto del juzgado soriano no ve. Además, el auto de inadmisión de la querella consideraba que las diligencias interesadas «no se orientan al esclarecimiento de un hecho delictivo sustentado en indicios previos suficientes, sino a la búsqueda de tales indicios a partir de una mera hipótesis o sospecha». En cualquier caso, la Audiencia Provincial tendrá la última palabra.