Caciques de antes y ahora

De la saga de libros dedicados al municipalismo obra de Fernando Caldero bajo el título ‘Alcaldes del Ayuntamiento de Burgos en el Siglo XX’, se me quedó, entre otros, el detalle de cómo fueron elegidos algunos alcaldes y concejales cuyos nombres forman parte hoy del nomenclátor de las calles de la ciudad de Burgos. En la España de la Restauración, la ley reservaba sillones en los ayuntamientos a los vecinos más ricos, porque las élites de la época defendían que solo quien tenía dinero debía opinar sobre cómo gastarlo. Aquel privilegio se consolidó con la trampa del artículo 29 de la Ley Electoral de 1907, que permitía a los caciques pactar las listas y nombrar concejales sin poner las urnas. Nunca tiempos pasados fueron mejores por mucho que algunos añoren esas mañas. Visto hoy, parece demencial esa forma de designar a los munícipes que tendrían mando sobre la vida diaria de sus paisanos en ciudades y pueblos. Casi tanto como la política en ciernes de que aquellos que nunca han pisado España ni nuestros pueblos ni nuestras calles, ni probablemente vayan a hacerlo nunca, quieran tener derecho a votar y a decidir sobre las cosas que nos corresponden. Sin haber nunca contribuido económicamente, por supuesto.

La llegada masiva de nuevos votantes a través del censo en el extranjero ha desatado el debate y la polémica, aunque es verdad que la ley prohíbe de forma tajante que estas personas voten en los comicios municipales y reserva las papeletas de los ayuntamientos para quienes viven y pagan impuestos en el pueblo o la ciudad. Sin embargo, a este colectivo sí se le concede voto en las elecciones autonómicas y generales, lo que nos conduciría a la chocante situación de que personas que no han pisado España, no pagan impuestos aquí ni usan la sanidad o los colegios públicos tengan en sus manos la fuerza para decidir quién gobierna el país o las comunidades autónomas. Tanto el modelo de hace un siglo como este engendro que se maneja ahora adolecen de falta de sentido común. Nada nuevo bajo el sol. El sistema del siglo XIX y principios del XX era injusto porque daba más valor al bolsillo que a la persona y dejaba la política en manos de unos pocos ricos, pero el intento de inflar el voto de los hijos o nietos de los emigrados roza el problema opuesto porque quita peso a la gente que vive el día a día en los pueblos de nuestra tierra para dárselo a personas cuyo único vínculo con el terruño son sus apellidos. Si antes los caciques quitaban y ponían nombres en las listas para no perder el poder, hoy las prisas por dar la nacionalidad a miles de parientes muy lejanos antes de unas elecciones hace pensar a muchos que se busca fabricar votantes a la medida del gobierno de turno para condicionar el resultado. Y así dejan de tener sentido la democracia y las urnas.