Batalla perdida

Cuánto de imbécil hay que ser para prenderle fuego a un tobogán infantil de madera para entretenerte una tarde de lunes de verano. Como de anormal tienes que ser para repetir la gracia de otro trastornado que había quemado el mismo tobogán un año antes y sabiendo que aquel ataque costó 18.000€ a todos los vecinos de tu ciudad, volver a incendiarlo para dejar claro que además de un cabrito eres un copión. Mucho tienes que haberte degradado mental y moralmente para que te diviertas arrasando el tobogán de los niños pequeños en un parque que es de todos como ha ocurrido en Burgos. Ya va siendo hora de que el vandalismo se tipifique como un delito de gravedad y que lleve aparejadas consecuencias adicionales que resulten tan gravosas que acaben por ser disuasorias. En un país con tan escasa ambición laboral como la que prima en España, la primera pena que deberían llevar aparejado un señalamiento como el vandalismo es la prohibición de concurrir a plazas de empleo público y, si nos ponemos extremistas, sin necesidad de condena firme; simplemente con antecedentes policiales, como si no mereciera la pena ser legalistas por quienes se saltan las normas más elementales de convivencia. Claro que si apretamos así las tuercas a los payasos del vandalismo en todas sus múltiples variantes, qué habría que hacer con quienes son responsabilidades de los incendios forestales. Quizá amarrarlos a un poste en medio de la plaza del pueblo como en el medievo para que sean escarmentados o cualquier otra penitencia severa por su irracional crimen contra el patrimonio natural que es de todos nosotros. Por mucho que nos pida el cuerpo meter en cintura de la manera más drástica a tanto cabestro como vive entre el resto de pacíficos y pacientes paisanos, la única herramienta que existe para penar esas conductas está en ese código penal de párvulos que tenemos vigente. Nada de mano dura contra estos mamarrachos entre las miles de páginas de leyes , normas y reglamentos, la mayoría sólo para complicarnos la vida, que cada año alumbran los parlamentos, incluido el mausoleo de largos pasillos en el que siguen de vacaciones sus señorías de Castilla y León. Éstos sólo se atreven con los mansos ciudadanos que nunca se revuelven. Nos aprietan a quienes somos cumplidores y apenas se castiga a los vándalos y pirómanos. Si hubiera más sentido común no haría falta endurecer las penas, pero hoy día pocos valores quedan en pie y lo que es de justicia importa poco. Quema, que no pasa nada, el mensaje está claro. Mientras las instituciones mantengan una postura tibia y contemplativa ante la destrucción de lo que es de todos y la dejen impune, la fractura social entre el ciudadano respetuoso y el gamberro continuará profundizándose porque será inútil el único mecanismo capaz de proteger el patrimonio común de la ciudadanía. Si la reacción oficial ante el destrozo sistemático consiste únicamente en encogerse de hombros y pasar la factura al contribuyente, la batalla estará perdida.