Los agentes medioambientales exigen mejorar sus condiciones laborales tras el último accidente mortal en Fasgar (León)

Los agentes medioambientales exigieron este jueves a la Junta de Castilla y León que apruebe un nuevo decreto de incendios forestales que actualice el trabajo que se debe desarrollar y mejore las condiciones laborales de estos operarios, además de que se cumpla la ley nacional que ampara sus puestos de trabajo.

Los profesionales denunciaron, a las puertas de la delegación de la Junta en León, que se están “pisoteando sistemáticamente los derechos de los agentes medioambientales en Castilla y León”, por lo que los sindicatos han convocado una asamblea en la que se estudiará la posibilidad de tomar medidas de presión.

Según la delegada de CSIF, Sara Mateos, la Junta no cumple la ley nacional que les ampara, además de ignorar “es estatuto básico del empleado público, que es está incumpliendo desde hace más de 20 años”, señaló.

Además de la falta de seguridad, que provoca accidentes como el registrado ayer en Fasgar, donde falleció un trabajador, Mateos denunció el grave problema que tienen con el sistema de guardias ya que trabajan sin un calendario establecido y sin saber cuánto van a cobrar.

“Tenemos un sistema de guardias de incendios que no tiene capacidad de respuesta ante los incendios de hoy y la última gran jugada de la Junta es decirnos, en octubre, cuando ha terminado el verano, cuántas guardias de incendios tenemos y cuánto vamos a cobrar por ellas. Es decir, primero trabajamos y luego nos dicen en qué condiciones hemos trabajado”, lamenta según informa Ical.

Los agentes reclaman que se cumplan sus derechos y por eso debatirán a lo largo de la mañana posibles medidas de protesta para que, de una vez por todas, se les escuche y se mejoren sus condiciones laborales.

“Tenemos una ley autonómica que cumpliría con esa norma estatal, la tenemos en las Cortes. Esa ley se tiene que aprobar. Necesitamos una nueva normativa en incendios forestales, para luchar contra ellos, que se adapte a 2026”, dijo Mateos.

Desde UGT, el responsable regional de Medio Ambiente, Ricardo Vallecillo, recordó que el actual decreto de incendios es del año 2004. “Hablan de sexta generación de incendios y la normativa con la que trabajamos tiene 22 años. El año pasado tuvimos 11 reuniones y nos hemos encontrado la nada. Todo sigue igual. Las guardias actualmente nos las están pagando a 3,50 euros la hora”, explicó.

Por último Guillermo Sierra, agente medioambiental de La Robla, reclamó “trabajar con seguridad, que haya un nuevo decreto de incendios y una ley autonómica de agentes medioambientales. Una norma que diga claramente cuantas horas vamos a trabajar y el sueldo. Reclamamos que se sienten a negociar y que hay compromisos fehacientes”, finalizó.

CCOO reclama reforzar la seguridad 

CCOO Castilla y León reclamó este jueves que se refuerce la seguridad y se limite la subcontratación en en la prevención de riesgos laborales tras el último accidente, registrado este miércoles en Fasgar (León), donde perdió la vida un operario forestal de 48 años tras caer por una ladera de una pista forestal.

El Secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medioambiente, Fernando Fraile, subraya que “se debe trabajar en la prevención de los riesgos laborales de quienes trabajan en el sector”. Fraile insiste en que proteger nuestros montes “significa también proteger la vida de los trabajadores”.

CCOO envía sus condolencias por la muerte de ese operario y reclama que se esclarezcan las circunstancias del accidente y se determinen las responsabilidades que correspondan. Asimismo, exige “reforzar la evaluación de riesgos, la formación, los medios de seguridad y el control de las condiciones” en las que se desarrollan estos trabajos, especialmente en terrenos de difícil acceso.

CCOO insiste también en establecer “límites a la subcontratación” y garantizar una coordinación efectiva entre las empresas. Por otro lado, Fraile explica que “las cadenas de subcontratación no pueden diluir las responsabilidades ni convertir la seguridad en una cuestión secundaria”. Las administraciones y las empresas deben “garantizar que cada actuación forestal se ejecute con condiciones laborales dignas” y todas las medidas preventivas necesarias.

"Ningún trabajador debería perder la vida en su puesto de trabajo, porque la Ley de Prevención es clara. La prevención debe ser una prioridad real, con recursos, vigilancia y cumplimiento efectivo”, finaliza.