Barbón se deshizo en León de 5.600 toneladas de basura de Asturias

El Principado de Asturias, comunidad que preside el socialista Adrián Barbón, fue el origen de más de 5.500 toneladas de residuos que entre 2023 y 2024 acabaron en la cementera de La Robla, en León, a pesar de que el propio gobierno asturiano hubiera negado que trasladar deshechos a esa instalación fuera una posibilidad. Así lo desveló en una comisión parlamentaria la gerente del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa), Paz Orviz.

Durante su comparecencia este martes ante una comisión de la Junta General de Asturias, Orviz ofreció explicaciones acerca del traslado a la cementera de La Robla de combustible sólido recuperado (CSR) para su posterior incineración entre noviembre de 2023 y abril de 2024, tal y como recoge La Nueva España.

Según señaló la gerente de Cogersa la empresa Tudela Veguín, propietaria de la cementera leonesa y parte de la Corporación Masaveu, una de las familias más importantes del Principado, fue la que solicitó varias toneladas de CSR para dos de sus plantas con el fin de probar «unas reformas que estaban realizando». La primera de ellas, la fábrica de Aboño, está situada en Asturias y recibió 778 toneladas, mientras que a la segunda, en el municipio leonés de La Robla, recibió 5.600, según las declaraciones de Orviz. Unos residuos que, opinión de la gerente de Cogersa, se habrían destinado a la incineración con el fin de producir energía, si bien apuntó que el consorció no pagó nada por este tratamiento.

No obstante, la polémica surge porque estas declaraciones se han producido pocas semanas después de que el propio presidente del Principado, Adrián Barbón, negara en el parlamento asturiano la posibilidad de trasladar residuos a La Robla. Ahora, tras la comparecencia de Orviz en la comisión, se desvela que este traslado ya se habría llevado a cabo entre 2023 y 2024, por lo que deja en evidencia a un Barbón acechado por los escándalos y salpicado por los ceses y dimisiones, entre ellos el de la exconsejera de Industria, Belarmina Díaz, que abandonó su cargo tras el escándalo por el accidente en la mina de Cerrero, que se saldó con cinco mineros leoneses muertos. Una mina clandestina que operaba sin los permisos necesarios por la indolencia y la pasividad del gobierno asturiano.s

Así Barbón, arrinconado ahora por una nueva polémica, deja ver que su preocupación es devolver a Castilla y León mineros en ataúdes y toneladas de basura; y que su preocupación es arremeter contra las informaciones veraces de este periódico. Y así le va.

A la vista de las informaciones surgidas sobre el traslado de residuos desde Asturias hasta la cementera de La Robla, fuentes consultadas por este periódico señalan que este tipo de traslados «entre comunidades y provincias no necesita autorización previa». «Lo importante es el código de residuo que tiene autorizado quemar esa cementera», añaden las mismas fuentes, al tiempo que añaden que estas instalaciones «queman a 800 grados y no dejan residuo ninguono que se emita a la atmósfera».

En todo caso, ayer este periódico se puso en contacto con la Junta de Castilla y León, en concreto con la Consejería de Medio Ambiente y Energía al frente de la cual se acaba de poner María González Corral para preguntar si la Administración autonómica tenía constancia del traslado de estas 5.600 toneladas de residuos de Asturias a León y si, a la vista de las recientes informaciones, está previsto emprender algún tipo de acción o iniciar una investigación al respecto. Sin embargo, el departamento de Corral no aportó respuesta alguna.

Queda pendiente, por lo tanto, saber qué tipo de respuesta dará la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medios Ambiente y Energía, a la polémica situación surgida en torno a la cementera de La Robla. Conviene recordar, eso sí, que en la etapa en la que se llevaron a cabo los traslados de residuos esta era una competencia de Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio durante la pasada legislatura y que ahora, tras la conformación del nuevo gobierno autonómico, pasará a estar al frente de la cartera de Empleo, Industria, Universidades y Comercio.

En todo caso, y frente al silencio del que por el momento hace gala la Junta de Castilla y León, en el Principado de Asturias son muchas laz voces que han cargado contra el traslado de residuos a la cementera de Tudela Veguín en León, primero, y también contra la gestión al respecto del Ejecutivo de Barbón.

Ayer, gran parte de los portavoces parlamentarios se hicieron eco de las declaraciones de Paz Orviz para arremeter contra el gobierno del Principado. La comparecencia de la gerente del organismo en la tarde de este martes en la Comisión de Movilidad, donde reconoció el envío de Combustible Sólido Recuperado (CSR) para su incineración en la localidad leonesa de La Robla, ha desatado un aluvión de críticas por parte de la oposición y de los propios socios del Ejecutivo autonómico, quienes denuncian «mentiras», «opacidad» y un «absoluto desastre» en la política ambiental del Principado.

El portavoz de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, mostró la «enorme preocupación» de su grupo parlamentario ante el rumbo de la gestión de residuos. Vegas calificó de inadmisible el cambio de versiones incluso del presidente del Principado, Adrián Barbón. «No puede ser que una semana se diga en sede parlamentaria que no se ha enviado CSR a quemar a La Robla y que una semana más tarde se nos diga exactamente lo contrario», reprochó.

Vegas afeó al Ejecutivo que se hayan «perdido tres años» sin abrir un debate serio sobre el modelo de gestión y el tratamiento del CSR. Por ello, exigió «transparencia total» e instó al consejero Alejandro Calvo a «tomar una decisión si las relaciones no son buenas, si no hay sintonía entre la parte política y la parte administrativa de Cogersa». «Cogersa es símbolo de la gestión de residuos en Asturias y esto tiene que funcionar de forma efectiva», zanjó.

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé calificó de «absoluto desastre» y de «clamorosa» la brecha abierta entre las declaraciones públicas del consejero de Movilidad y los datos aportados por la gerente de Cogersa, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Tomé considera «absolutamente impresentable» la estrategia de trasladar el Combustible Sólido Recuperado a otras comunidades autónomas para eludir el debate interno. «Como no sé qué hacer con mis residuos y no sé cómo gestionarlos, los exporto a otro sitio para que se incineren en otro lugar, donde van a producir el mismo efecto nocivo sobre el medio ambiente», denunció.

Como alternativa al bloqueo actual y para atajar la «absoluta incapacidad» del Ejecutivo, la diputada del Grupo Mixto emplazó al Gobierno a «ponerse las pilas» y valorar opciones como el enterramiento temporal del CSR o la habilitación de nuevos vertederos en la región.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, el diputado Luis Venta situó la polémica de Cogersa en «la misma línea de mentiras y de engaños de este Gobierno para tapar las irregularidades y el desgobierno». Venta acusó directamente al presidente del Principado, Adrián Barbón, de haber «mentido de nuevo a los asturianos con la gestión de los residuos y con Cogersa».

Para el parlamentario del PP, las explicaciones ofrecidas en sede parlamentaria evidencian un Ejecutivo «acorralado» que «recurre de forma sistemática a las evasivas y a las medias verdades para camuflar el descontrol técnico y político en una materia tan sensible para la comunidad autónoma».

La portavoz de Vox, Carolina López, tildó la situación de «demoledora» tras la comparecencia de ayer. A su juicio, la sesión puso de manifiesto que los asturianos se encuentran ante un Gobierno «instalado en la mentira».

Desde el PSOE, su portavoz parlamentaria, Dolores Carcedo, respondió a preguntas de los periodistas sobre este asunto diciendo que la quema de residuos fuera de Asturias es algo que ahora se descarta desde el Gobierno asturiano ya que «no está encima de la mesa, no se contempla».