Castilla y León lanza su Plan de Desregulación: prevé derogar 133 normas para la simplificación administrativa

El Plan de Desregulación de Castilla y León está cada vez más cerca de ser una realidad. La iniciativa, impulsada por la parte de VOX de la Junta y recogida en el acuerdo de gobierno con el PP, echó este miércoles a andar entrando en fase de consulta pública para que los ciudadanos y las empresas puedan hacer aportaciones y así mejorar el texto definitivo. El documento disponible, que arroja las primeras pinceladas sobre la propuesta, avanza que 133 normas son candidatas a derogación, mientras que otras 171 se someterán "a revisión a fondo", frente a otras 56 que se mantienen sin revisión.

En el portal de gobierno abierto del Ejecutivo autonómico está publicada desde este miércoles la primera propuesta del Plan de Regulación de Castilla y León con el objetivo de recoger esas aportaciones que quieran hacer diferentes sectores de la sociedad. Un documento que, si bien no entra en detalles, sí desvela algunas de las líneas maestras de la iniciativa que nace de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de Carlos Pollán.

En primer lugar, el documento apunta que el Plan nace con seis objetivos específicos que giran en torno a uno general: lograr "un ordenamiento menos restrictivo, más claro, seguro, eficaz y transparente, fácil de conocer y aplicar". Enumera, así, "conocer con certeza el ordenamiento vigente, retirar de forma expresa y nominada las normas sin objeto, ordenar la normativa por materias y en versión consolidada, simplificar procedimientos y reducir cargas, mejorar la calidad de las normas nuevas y capacidades del personal y cauce estable de propuestas".

Asimismo, para la consecución de estos seis objetivos, la propuesta del Plan de Desregulación recoge 16 medidas distribuidas en cinco líneas. La primera de ellas se titula "depurar", lo que la Junta define como "saber con certeza qué normas siguen en vigor y retirar, de forma expresa y nominada, las que han perdido su objeto". 

Aquí se incluyen cuatro medidas, la primera de ellas la verificación por parte de cada departamento de las 133 normas de rango legal candidatas a derogación y sus decretos y órdenes. Se incluyen aquí, además, la cuota de normas a suprimir o simplificar, la ley de depuración para las normas legales y el inventario de órganos colegiados y consejos asesores para fusionar o suprimir los que no se reúnen o no aportan.

Como segunda línea está la de "ordenar", es decir, "que cualquiera sepa qué normas regulan cada materia y acceda a su versión vigente y a las anteriores". Se aplicarán aquí, como medidas, "códigos con las normas vigentes de cada materia, con ficha normativa por norma y en datos abiertos"; además de una "legislación consolidada con versión vigente, versiones anteriores, análisis de modificaciones y estado de vigencia".

La tercera línea de actuación es "simplificar trámites", es decir, "actuar sobre los procedimientos y la práctica de los órganos gestores, origen de buena parte de las cargas". Se abordará, en este caso, a través de la "revisión de procedimientos", la "consulta de datos vía plataformas de intermediación de datos o declaración responsable", y con "instrumentos de colaboración".

En cuarto lugar, el proyecto del Plan de Desregulación de Castilla y León se enfoca en que "las nuevas normas respondan a una necesidad acreditada, sean claras y seguras". En este sentido se prevén "nuevas directrices de calidad normativa", una elaboración de normas a través de un "decreto que integra en un solo texto calidad, análisis de impacto y participación", y un plan anual normativo con "iniciativas del año siguiente, publicadas, con informe anual de ejecución".

Finalmente, en la quinta línea, denominada "capacidades y participación", se incluyen una "comisión de desregulación", la "formación", el "reconocimiento" y, finalmente, un "Portal de Desregulación".

Según recoge el Plan de Desregulación, en Castilla y León hay actualmente 360 normas de rango legal vigentes, de las que 133 son candidatas a derogación expresa, 171 se revisarán a fondo y otras 56 se mantendrán, en principio, en los términos actuales. Apunta la Consejería, en este sentido, que desde 1983 se han promulgado en la Comunidad 485 normas de rango legal, 125 de ellas ya derogadas. Además, de las 360 vigentes, solo 187 tienen texto consolidado.

Igualmente, del análisis realizado por la consejería de Pollán, se desprende que se esas 145 normas vigentes 145 son sustantivas; 57, modificativas; 39 de presupuestos anuales; 32, singulares o temporales; 26, leyes de medidas; 27 sobre colegios profesionales; 25 de espacios naturales; cinco sobre el Covid-19; y cuatro sobre universidades.