Castilla y León pondrá en el mercado 1.266 viviendas protegidas para alquiler y venta

Castilla y León sumará 1.266 viviendas protegidas de aquí a 2027. El grueso de las obras, que arrancaron en 2023, estará listo el próximo año con la entrega de 1.008 inmuebles, a los que seguirán otros 258 en 2026. La Junta lo fía casi todo al alquiler: 983 llaves serán para arrendar y apenas 283 saldrán a la venta. Es el núcleo de un plan con el que el Ejecutivo autonómico busca dar aire al mercado y facilitar la emancipación de los jóvenes, apoyándose también en ayudas directas y en la rehabilitación de pisos vacíos.

Valladolid tendrá 220 viviendas listas este año y Burgos, otras 38. En la capital del Pisuerga, «las viviendas de Viveros ya se han entregado, mientras que las promociones de Parque Alameda y la calle Mieses figuran entre las previstas para este ejercicio», según señaló Hugo Manzano, director general de Vivienda y Urbanismo.

La provincia vallisoletana suma 362 inmuebles en el conjunto del plan, todos destinados al alquiler: 220 se entregarán en 2026 y 142 en 2027. Burgos cuenta con 243 viviendas, de las que 38 corresponden a este año y 205 al próximo. De ellas, 174 se destinarán al alquiler y 31, a la venta, según los datos de la vicepresidenta segunda, responsable de las competencias en materia de vivienda, a los que ha tenido acceso este periódico.

En el resto de las provincias, las entregas se concentrarán en 2027. León dispondrá de 155 viviendas: 124 destinadas al alquiler y 31 a la venta. Soria suma 154, aunque en este caso predomina la venta, con 113 inmuebles frente a 41 de alquiler. Segovia tendrá 126 viviendas –95 de alquiler y 31 de venta– y Zamora, 82, repartidas entre 46 de alquiler y 36 de venta. En Palencia están previstas 63, de las que 55 se destinarán al alquiler y ocho a la venta. Ávila contará con 42 viviendas de alquiler y Salamanca, con 39, seis de alquiler y 33 de venta.

Las promociones combinan dos modalidades de vivienda protegida. Las destinadas al alquiler siguen el modelo de vivienda colaborativa recogido en la normativa autonómica y están dirigidas a menores de 36 años. Tendrán una superficie máxima de 60 metros cuadrados y espacios comunes para usos compartidos, como el 'coliving' y el 'coworking'.

Las viviendas destinadas a la compra serán, por lo general, de hasta unos 90 metros cuadrados y cuentan con plaza de garaje. Su diseño dependerá de cada promoción y del suelo disponible, por lo que habrá tanto pisos en bloques como viviendas adosadas. La combinación de ambas modalidades permite a la Administración desarrollar promociones con distintos destinos, en función de las características de cada proyecto.

Algunas de las promociones recurren a la construcción industrializada, un sistema que permite preparar en fábrica determinados elementos del edificio, como paneles, estructuras o instalaciones, antes de incorporarlos a la obra. Manzano explicó que esta fórmula se está utilizando en parte de las viviendas previstas por la Junta y quiso dejar claro que su empleo no implica rebajar los estándares constructivos. «No supone reducir las exigencias de calidad», señaló, antes de asegurar que los inmuebles mantienen «las mismas garantías que los construidos mediante procedimientos tradicionales».

La política de vivienda de la Junta no se limita a aumentar la oferta mediante nuevas construcciones. Otra de sus líneas de actuación son las ayudas al alquiler, cuya próxima convocatoria está pendiente de la aprobación de las bases reguladoras. Estas deberán adaptarse al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

En paralelo, el acuerdo de Gobierno entre PP y VOX contempla aplicar el principio de «prioridad nacional» en el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social, mediante criterios de arraigo vinculados al empadronamiento histórico. El pacto establece un mínimo de diez años para la compra de vivienda protegida y de cinco para acceder al alquiler social. La aplicación de estos requisitos deberá concretarse en las bases y convocatorias correspondientes y ajustarse a la legalidad vigente.

El director general de Vivienda y Urbanismo prevé que estén listas antes de que termine este año o a comienzos de 2027, aunque la convocatoria se publicará después de completar ese trámite.

Uno de los cambios que prepara la Administración autonómica afecta al precio máximo del alquiler que se admite para acceder a las subvenciones. La intención es evitar que los límites queden desfasados respecto a los precios del mercado. «Intentaremos ajustar esos baremos a la realidad», afirmó.

El proyecto de presupuestos autonómicos para el próximo año reserva 46,13 millones para estas subvenciones, una partida ampliable si la demanda lo requiere. La vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, estimó durante la presentación en las Cortes del proyecto de presupuestos para su área que las ayudas podrán llegar a más de 22.000 personas. De la cuantía prevista, 17,8 millones se destinarán a las ayudas generales al alquiler, 20,2 millones a las dirigidas a jóvenes y 1,25 millones a colectivos vulnerables.

La financiación autonómica se complementará con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, cuyo convenio para Castilla y León recibió la autorización del Consejo de Gobierno el pasado jueves. El programa movilizará 378 millones en la Comunidad durante su periodo de vigencia. La Junta aportará 151,2 millones, el 40% del total, mientras que el resto corresponderá al Gobierno central. Los fondos se distribuirán entre el aumento de la oferta de vivienda social y asequible, la rehabilitación y mejora de la accesibilidad, y las ayudas para reducir el coste de acceso a una vivienda.

El Gobierno autonómico también prevé actuar sobre los inmuebles que permanecen vacíos. El programa Rehabitare Privado contará con 3,6 millones para recuperar más de 120 viviendas en municipios rurales y destinarlas al alquiler, con financiación compartida con las diputaciones. A esta iniciativa se suma Alquiler Seguro, dotado con 500.000 euros para contratar seguros que ofrezcan garantías a los propietarios. La previsión autonómica es incorporar 2.000 viviendas al mercado del alquiler durante la legislatura.

La estrategia autonómica combina así la construcción de nuevos pisos con ayudas para quienes ya viven de alquiler. Mientras las promociones avanzan hacia las entregas previstas para 2026 y 2027, la Administración trabaja en una nueva regulación de las subvenciones que tendrá que encajar con el marco estatal y revisar los límites económicos para acercarlos a las condiciones reales del mercado.

«La Junta de Castilla y León está apostando por tres aspectos fundamentales. El primero es la promoción de vivienda para jóvenes, a través de la construcción de viviendas mediante estas promociones. El segundo son las ayudas al alquiler, otra de las actuaciones que se vienen desarrollando a lo largo de los años. Y, finalmente, hay una parte importante destinada a la rehabilitación y la regeneración urbana, sobre todo en cuestiones de accesibilidad y eficiencia energética. Además, dada la configuración territorial de Castilla y León, también se está actuando en los pueblos más pequeños a través del programa Rehabitare», resumió Hugo Manzano.